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Las transacciones irregulares que afectaron al cliente de Santander se realizaron en menos de una hora el 18 de junio de 2018 a través de 35 transferencias electrónicas desconocidas por el titular [ACTUALIZADA]
Una sentencia podría sentar un precedente. Eso pues la Tercera Sala de la Corte Suprema obligó a Banco Santander a restituir 163 millones de pesos a la empresa CLK, que fueron sustraídos desde la cuenta corriente de la entidad a través de 35 transferencias electrónicas desconocidas por el titular y por lo cual demandó al banco.
El fallo indicó que este hecho «privaría a la empresa de su legítimo derecho a la propiedad».
Las transferencias irregulares se realizaron en menos de una hora el 18 de junio de 2018 .
«Durante aquel lapso, el teléfono celular vinculado a la cuenta corriente dejó de funcionar, pues un tercero obtuvo fraudulentamente una copia de la tarjeta SIM denunciando el extravío de la original», precisa el fallo.
Luego del ilícito, los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público y el mismo banco, sin que este último haya dado respuesta favorable a la petición de restitución del dinero sustraído, a pesar de que las transferencias fueron realizadas en su plataforma informática.
«Habiéndose superado la última y más intensa medida de seguridad del banco a través de una maniobra fraudulenta que se aprovechó de vulnerabilidades que le son propias, para luego ejecutarse una serie de operaciones manifiestamente irregulares que motivaron la reacción del propio banco, no puede sino concluirse que la obligación restitutoria sigue siendo exigible al recurrido en su calidad de depositario, por lo que, como buenamente fue resuelto en el fallo apelado, el presente arbitrio ha de ser acogido», sentenció la Corte Suprema.
Este hecho se da en medio de la discusión por el proyecto de ley que condena los fraudes en tarjetas y pagos electrónicos, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados en abril pasado, pero aún se encuentra congelado a la espera de ser implementado de manera definitiva. Una iniciativa que la derivado en un debate entre los mismo parlamentarios y las instituciones bancarias sobre quien debe hacerse cargo de este tipo de delitos.
El fallo fue aprobado por casi la totalidad de los integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco firmaron el líbelo.
Las autoridades que no firmaron fueron el ministro Juan Muñoz Pardo por (haber terminado su periodo de suplencia) y el abogado integrante Álvaro Quintanilla, por ausentarse de la instancia.
