PAÍS
El domingo, a tres días de desatadas las manifestaciones en Santiago y otras regiones, el Presidente Sebastián Piñera fue incapaz de presentar soluciones, más allá de imponer el estado de emergencia para dejar el control del país en manos de las Fuerzas Armadas. Desde el palacio de La Moneda no salió ninguna idea más allá del congelamiento del alza de la tarifa del metro, una respuesta tardía y pobre ante la emergencia. Con un Gobierno desfondado y los fusibles extremando sus últimos recursos, el rostro del Mandatario se volvió el catalizador de la frustración. Lo complejo del escenario llevó en horas de la noche al Jefe de Estado a inclinarse por la retórica bélica, una que había intentado dejar a un lado con ciertos matices, pero que finalmente pesó más en la balanza de los cálculos gubernamentales. Es así como cerró la jornada dominical con un insólito “estamos en guerra”, aludiendo a un enemigo interno. Si antes se esforzó por buscar un símil en Patricio Aylwin, ahora le bastó una frase y una foto para encontrarlo en Pinochet.
Pasadas las 15 horas del día domingo, es decir, cerca de 48 horas desde que se desatara la crisis político-social más importante desde el retorno a la democracia, el Presidente Sebastián Piñera apareció ante los medios de comunicación nuevamente sin respuestas. El único anuncio que tuvo en la ocasión, y desde iniciada la crisis, fue el del envío del proyecto de ley que buscaría congelar el alza de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago, una medida que ya había sido anunciada y que desde el propio oficialismo catalogaron de insuficiente, esto tras la cita con los representantes del Poder Judicial, Haroldo Brito; del Senado, Jaime Quintana; y de la Cámara, Iván Flores.
Por más que se haya citado a representantes de varios espectros del mundo político, empresarial y social, para buscar consensos sobre cómo superar una situación que nadie en Palacio vio venir –principalmente porque fueron varios al interior quienes le bajaron el perfil–, el Ejecutivo durante todo el fin de semana se mostró falto de iniciativas y de presencia, signo inequívoco de un mal diseño de contención. Porque una cosa fue la falta de tacto del ambiente, pero otra es la respuesta a la misma cuando se es el encargado de la administración de un Gobierno.
De esta manera, y pasado incluso el toque de queda a cargo del Ejército, de forma inédita y ante la sorpresa de una amplia gama del mundo político y social, el Mandatario emitió desde la guarnición de Carabineros una declaración de prensa en la que apareció rodeado de militares, como si la imagen fuera sacada directamente de los años 80, recordando los peores episodios de la historia de este país, hipotecando con esa mera puesta en escena cualquier intento político por aplacar la pulsión de las calles.
Pero el Presidente fue más allá y partió su alocución afirmando que «estamos en guerra», tal como lo hiciera Pinochet en dictadura, aludiendo al enemigo interno como foco de la crisis. Inmediatamente medios internacionales recogieron sus frases que ya están dando vuelta al mundo. Si antes buscaba un símil en Patricio Aylwin, le bastó una frase para encontrarlo en Pinochet.
La reacción se sintió inmediatamente en la calle. Desde los diferentes balcones y esquinas de la capital –apenas conocido el nuevo tono y directriz– respondieron con nuevos cacerolazos, expresión de la profunda crisis social que el Gobierno ha insistido en no reconocer, y que con esta puesta en escena vuelve a hacerlo.
De esta manera, y con un diseño defectuoso, el Presidente terminó por quemar los fusibles más rápido de lo recomendable. Situándose en un estado de guerra, el Mandatario escribió el epílogo de un plan que comenzó hace tres días, periodo en el que cuatro autoridades diferentes salieron a criminalizar las manifestaciones que, al menos hasta ese día viernes, no habían escalado a la magnitud que se pudo presenciar en los días siguientes.
Es así como, el jueves en la mañana, la primera en quemarse a la bonzo fue la vocera Cecilia Pérez, quien consultada por la evasión no tardó en calificar de delincuentes a los involucrados. Luego vendría el turno del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien en la tarde del mismo día señaló que se trata de “delincuencia pura y dura”. Hubo que esperar el viernes para que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, siguiese la misma línea del ensayo y error, agregándole como condimento la invocación de la Ley de Seguridad del Estado. La última en completar la estrategia fue la ministra de Transportes, Gloria Hutt.
Ya incinerado el salvoconducto ideado en Palacio, la persona del jefe de Estado fue la que se tuvo que hacer cargo de las vocerías. De esta manera, y ante la magnitud de de las movilizaciones masivas a lo largo del país que tenían como centra los problemas de desigualdad social, el Mandatario –como el último eslabón de la cadena– concentró en sí mismo todo el malestar.
La afrenta del senador Manuel José Ossandón, que realizó tanto en los patios de La Moneda como al interior de la reunión con diferentes representantes del oficialismo, fue un ejemplo de ello. Cuestionó la decisión presidencial con la que se enfrentó la problemática desde sus inicios.
Como algo pocas veces visto, la frase «renuncia Piñera» comenzó a escucharse con fuerza. Nuevamente las redes sociales hicieron eco y se levantó el hashtag #renunciapiñera y que tuvo una adhesión exponencial el domingo tras su declaración de guerra. La diputada Karol Cariola calificó la desafortunada frase como lo más «irresponsable» que se ha escuchado, y el Presidente del Senado, Jaime Quintana, salió rápidamente a rebatir que «aquí no hay ninguna guerra».
Para el analista Axel Callís, el escenario de la desigualdad es el fondo del problema y el Presidente se ha revelado como un rostro incapaz de contener en algún grado una crisis que hace agua desde todos los frentes. “El propio Piñera es un factor de enervamiento social, él representa todo lo que la gente ya no quiere, representa el abuso. El hecho de que haya hablado primero con los dueños de los supermercados, antes que con los actores sociales, refleja cuáles son sus prioridades (…). El problema que tiene es que su pulsión es siempre, en primer lugar, con el negocio y sus pares”.
En este contexto, no pocos recordaron que el Primer Mandatario proviene del mundo empresarial, que es parte de la élite, que su hermano José Piñera es el ideólogo del sistema de AFP, uno de los factores de mayor promoción de indignación social. Y que, por otro lado, el ministro del Interior es su primo, y que de «evasiones» el Presidente tiene un nutrido historial.
Desde su oficina –cuestionaron en el oficialismo–, no salió respuesta ni proposición alguna para intentar encauzar un problema que, hasta el cierre de la edición, no mostró signos de agotamiento.
El discurso y accionar del Gobierno, centrado en la violencia y el endurecimiento de las medidas de seguridad, recibió como respuesta la intensificación de las protestas que se propagaron a distintas regiones, luego que el Presidente Sebastián Piñera decidiera declarar estado de emergencia en la Región Metropolitana y dejar a cargo del control civil al Ejército.
Así, la imagen de militares armados en las calles, transitando en tanquetas, mientras se sucedían masivas protestas sociales en las calles, marcó la previa para un fin de semana de manifestaciones, que se vieron incrementadas después que Javier Iturriaga, el general a cargo de la seguridad en la RM, anunciara un toque de queda en la región. Orden a la ciudadanía que fue ignorada, durante dos noches consecutivas, por los manifestantes, quienes en masa se mantuvieron en las calles caceroleando, a pesar de que la misma medida se aplicó a otras cinco regiones del país.
Para el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia, el accionar del Gobierno y de Iturriaga “es de la mayor gravedad, no solo por principios es un problema técnico. El general Iturriaga es amenazante, cabalgando en la locura. Partió amistoso, con una broma sobre la Católica y el toque de queda fue adelantado al segundo día”.
El académico explicó que los militares, pese a que su máxima profesional es estar preparados para la guerra, también buscan el “establecimiento de la normalidad”, razón por la cual dicha premisa ha constituido uno de los ejes reiterativos del discurso del general y del Gobierno.
“Él busca devolver la normalidad, y este es el grave error del Gobierno, en circunstancias que aquí lo que está cuestionado es la normalidad. Se ha preferido un estallido social y hay apoyo en la sociedad para él, a un costo terrible, sabiendo de los saqueos, que hay malos recuerdos. Estamos puestos en riesgo total, pero, aun así, la sociedad decidió sobrepasar la normalidad anterior. Esto va a acabar muy mal si el Gobierno no corrige esta decisión”.
Esta reacción en aumento y en cadena se explicaría por un cúmulo de malestares arrastrados que pasan a la insurgencia. Un clima de hastío y rabia acumulada, resultado de una serie de temas expuestos de forma independiente, como las bajas pensiones, resultados del sistema de AFP, los casos de financiamiento irregular de la política, el alto costo de la vida, las demandas por la gratuidad y las mejoras en el sistema educacional, que no solo no fue tomado en cuenta por la actual administración, sino que además generó una nueva masa movilizada “insurgente”, según Salazar, que “no busca administrar programas y ha declarado interdicta a la ‘política institucional’ y a la modernización”.
Lo fundamental –subrayó el académico– es que este clivaje rompe “el concubinato transicional”, basado en el miedo a la acción de los militares. “El miedo a los militares era la salsa en la que se bañaba la oligarquía rentista. Hoy comienza algo nuevo y terrorífico para las conciencias transicionales. En los casos del 2006 y 2011, el duopolio pudo obrar y terminó de negociar en el contexto de la letra chica. Eso hoy es prácticamente imposible”.
Al interior de la academia aseguraron que el estallido social a partir del alza del pasaje del metro es un colapso que “se veía venir, se había advertido”. Al respecto, Urrutia enfatizó que este malestar no proviene de una comparación entre tener un par de zapatillas más o menos, ni tampoco con la erradicación de la pobreza, que puede mantener los altos índices de desigualdad, sino que “los estallidos sociales tienen que ver con la explotación del trabajo y no solo la distribución de la riqueza (…), porque los trabajadores saben –desde la experiencia– la riqueza que este modelo genera y la riqueza no quiere ser soltada por los empresarios del país”.
Trasfondo político y social que no ha sido observado por el Gobierno. Según Mauro Salazar, para solucionar esta crisis, “Piñera debería mover un paquetazo populista, porque no tiene chance”, lo que debería suponer cambios constitucionales. “Sebastián Piñera es un estadista siniestrado. Junto con su estilo gerencial, basado en confianzas personales con sus ministros, arrastra un déficit en el diseño de la gobernanza que es irreversible”, sostuvo.
