PAÍS
El Gobierno se aferra a una certeza: cree que una nueva Constitución no es la prioridad de la ciudadanía en estos momentos. Por ello, la agenda social del Ejecutivo seguirá siendo, por ahora, el guión con el que buscan sortear la crisis, aun cuando los números de las encuestas sean categóricos en reflejar el abrumador rechazo que despierta en la población movilizada. En Palacio saben que el tema está caliente, pero todavía no dan con la fórmula para abordarlo públicamente. En el oficialismo la tendencia apunta a retrasar cuanto más puedan el debate. El riesgo, llegar tarde, porque una cosa es abrirse, otra es ceder, y otra muy distinta es “desfondarse por segunda vez”, algo que no pueden permitirse que vuelva ocurrir, recalcaron desde Chile Vamos. Ante este voluble escenario –reparan–, La Moneda tiene la obligación de dar señales de gobernabilidad, que se está en control, que se tiene una hoja de ruta, y no que se le pasó “el tren”, como ya ocurrió al principio de la crisis.
En el Gobierno no hay dos lecturas, creen que las prioridades de la ciudadanía –enmarcadas en la Revuelta de Octubre– no consideraran una nueva Constitución, una visión totalmente diferente a la planteada por la totalidad de la oposición y por el mundo social movilizado y que se refleja en las calles. De esta forma, en La Moneda seguirán apegados a la agenda social dictada por el Presidente Sebastián Piñera, como la única fórmula para sortear la crisis.
Si bien transversalmente en el Parlamento reconocen unas “pocas luces” provenientes desde Palacio, la conclusión de la oposición es que aquello no es suficiente al considerar el posicionamiento que esta demanda tiene en las masivas manifestaciones, que desde el 18 de octubre han dominado el país.
En la encuesta Cadem del 4 de noviembre, al revisar cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno, los encuestados señalan que en primer lugar está salud, luego pensiones y tercero reforma constitucional. En el desglose, se puede ver que en el mismo ítem, considerando las primeras menciones, reforma constitucional ocupa el primer lugar con un 21%, seguida por salud con 16% y desigualdad con 14%.
Al ser consultados por esta opción, en el Ejecutivo responden que no se puede “poner la carreta delante de los bueyes”, tal como lo reafirmó la vocera, Karla Rubilar, tras el comité político del lunes. El argumento que se entrega es que a través del “gran diálogo ciudadano”, instancia que encabezará el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, se podrían encauzar las voluntades ciudadanas, que “no hay que adelantarse”, opinan.
De todas formas, en el Gobierno saben que el tema está caliente, que cuenta con sobre un 80% de apoyo, según las diferentes encuestas realizadas durante las últimas semanas, como Cadem, Núcleo Milenio en Desarrollo Social (Desoc), el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), y que de no tomar una posición menos líquida que la que han presentado al día de hoy, podrían verse nuevamente envueltos en un escenario donde, debido a la tardanza de sus definiciones, la mala lectura o la falta de sentido de urgencia, el problema les “explotaría en la cara”.
Pero razones tienen en el Ejecutivo para no poner una nueva Constitución en la primera tabla de discusiones.
Uno de los debates que permanece abierto en el conjunto de Chile Vamos, es hasta qué punto se va a ceder en la agenda más allá de los discursos conciliadores, donde se indica que la orden presidencial apunta a un nuevo enfoque del Gobierno. Porque una cosa es abrirse, otra es ceder, y otra muy distinta es “desfondarse por segunda vez”, algo que no pueden permitirse que vuelva ocurrir, recalcaron desde Chile Vamos. Ante este voluble escenario, La Moneda tiene la obligación de dar señales de gobernabilidad, que se está en control, que se tiene una hoja de ruta, y no que se le pasó “el tren”, como ya ocurrió al principio de la crisis.
La administración ha conversado este tema latamente con los suyos y una de las conclusiones es que no existe una visión común al respecto, lo que achica aún más los espacios de maniobrabilidad del Mandatario, quien por un lado tiene que estar entregando respuestas a medida que se toma la temperatura de la crisis y, al mismo tiempo, poder seguir gobernando con un conglomerado, relativamente ordenado y a la par con las determinaciones presidenciales. Mientras en RN, y a contrapelo del Gobierno, se han mostrado siempre abiertos a discutir de todo, tanto en la UDI como en Evópoli la postura es totalmente disímil, reacios a ceder en ese aspecto. Varios de ellos ven en los movimientos de la oposición un aprovechamiento de las circunstancias, lo que ha llevado a algunos a replegarse, más allá de sus propias convicciones.
Una de las conclusiones del último comité político ampliado fue que, de meterse de lleno en una discusión de la magnitud que exige una nueva Constitución, se estarían dejando de lado “las reales preocupaciones de la gente”.
Por ello es que piensan que lo que se requiere son soluciones de corto plazo, como aparece en la agenda social, y de mediano a través de los cabildos que se pretenden instaurar. Este limbo en el que se encuentra el Mandatario, donde no puede definir un camino a seguir sin antes lograr un cierto tipo de convergencia interna, no ha hecho las cosas más fáciles para los suyos.
Para varias fuentes del oficialismo, fue una sorpresa leer la publicación a través de sus redes sociales del presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien señaló que “por primera vez escuché del Gobierno la posibilidad de abrirse a un plebiscito para una nueva Constitución”, tras conversación con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
De esta forma, indicaron desde el oficialismo, la línea al parecer comienza a correrse más rápido de lo conversado, lo que genera una incertidumbre mayor. Mientras algunos en el Parlamento ya plantean bajo qué fórmula se debiese cambiar la Carta Magna, en Chile Vamos las posiciones están aún alejadas unas de otras, y sobre la base de aquello es que el Gobierno intenta dar señales para dejar a todos tranquilos, logrando un efecto totalmente contrario al no dejar una posición institucional más concreta en el papel.
Para el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk, “por un lado se entiende que el Gobierno se resista a actuar sobre la base de un mensaje difuso desde la calle. Sería irresponsable simplemente ponerse a legislar sobre la base de la lista de compras que se supone surge del movimiento social. Dicho eso, es evidente que ofertas de políticas específicas de gasto social no serán suficientes para terminar con las protestas. Es necesario canalizar hacia un proceso político que apunta a cambios más de fondo, lo que podría ser (o no) una nueva Constitución. No creo que los tiempos estén para juegos políticos de ‘guardar’ algo para alguna negociación al futuro”.
En tanto, para el académico de la Universidad de Milán, Kenneth Bunker, “el Gobierno debe avanzar, porque la temperatura de la calle ya indica que la gente quiere una nueva Constitución, hoy día es una de las principales prioridades según las encuestas, lo que me parece muy factible, porque hay consistencia en muchas encuestas distintas (…) en ese sentido, a la derecha le conviene avanzar, porque si no lo hace le va a ser mucho más fácil a la izquierda hacerlo a su pinta en el próximo Gobierno. Si es que el Gobierno no muestra que está escuchando a la calle, la izquierda pondrá los términos del debate”.
En los pasillos de La Moneda, si bien todos señalan que el Mandatario está consciente de la situación, y de cómo la temperatura se mantiene en la calle, también ponen sobre la mesa lo complejo que es para el Gobierno nuevamente tener que enfrentar a un sector del mundo empresarial que en diversas oportunidades, molesto por el manejo y la poca pericia de la administración en varios de los debates de carácter nacional, presentó su molestia públicamente. Tener que salir a explicar que se abrirá un nuevo debate donde se ponen en cuestión las actuales reglas del juego, “no es fácil”, apuntaron.
A la idea que siempre rondó respecto a que no se iba a poder lograr la reintegración en materia tributaria –esto previo a la crisis–, la mutación que fue adoptando la reforma de pensiones, el proyecto de ley de 40 horas, se suma el incumplimiento de la primera promesa de campaña, como lo fue el echar pie atrás en la baja impositiva.
Al igual que en varias de las discusiones previas a la Revuelta de Octubre, el Presidente Piñera se encuentra nuevamente cercado y entre la espada y la pared: por un lado, Chile Vamos dividido; por el otro, una parte del mundo empresarial aburrido del cambio de las reglas y, enfrente, una crisis que obligó a dar un giro de timón y echar por tierra cualquiera de las primeras pretensiones, y que tienen hoy al Mandatario con la peor aprobación en la historia de las encuestas desde el retorno a la democracia.
