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Crédito: Agencia UNO
Fundación Multitudes advirtió que proliferación de sistemas de videollamadas por sobre reuniones presenciales puede abrir una brecha en la transparencia y generar conflictos de interés o incluso focos de corrupción, e hizo llamado al Gobierno a emitir instructivo sobre el particular.
Desde que se inició la pandemia de coronavirus comenzó a masificarse el teletrabajo en muchos países, incluido Chile, lo que involucró a gran parte de la administración pública, salvo áreas esenciales para atender la crisis sanitaria. Frente a eso, la gestión pública debió adecuarse al nuevo sistema telemático, lo cual, a juicio de la Fundación Multitudes, puede abrir brechas en el acceso oportuno a la transparencia y el cumplimiento de la Ley de Lobby.
“Al parecer, el teletrabajo llegó para quedarse, si no para siempre, por lo menos por un buen tiempo más, y aunque puede ser una gran oportunidad para reducir costos y mejorar el clima laboral, en el caso del Estado puede convertirse en un espacio peligroso para vulnerar la Ley de Lobby o las normas de transparencia y acceso a la información pública. Se pueden generar serios conflictos de interés e incluso focos de corrupción”, advirtió la directora ejecutiva de la Fundación, Paulina Ibarra.
En este sentido, recalcó que “durante muchos años organizaciones de la sociedad civil exigimos terminar con la opacidad de la influencia en la autoridad, y debió ser a punta de escándalos de todo tipo –desde sobresueldos hasta contratación de familiares directos en cargos con financiamiento estatal- para que la clase política entendiera la importancia de transparentar las reuniones de lobby y su relación con la función pública”.
“Hoy, en medio de esta crisis social, política y económica, donde abundan los intereses y presiones de todo tipo, el nuevo sistema de trabajo a distancia puede ser aprovechado indebidamente por grupos de interés para lograr influir en las decisiones de las autoridades en momentos que son claves. Hoy no hay control de Zoom ni de otras aplicaciones de videoconferencias, y no sabemos si esas reuniones quedan registradas, quiénes participan y qué decisiones se toman”, advirtió la cientista política.
Por lo mismo, Ibarra instó al Gobierno “a emitir pronto un pronunciamiento al respecto, al igual que el Consejo por la Transparencia (CPLT), para que se regule también esta nueva forma de trabajo, porque, más allá de que superemos esta crisis, las videollamadas, como espacio de reunión, van a mantenerse probablemente en el tiempo por su bajo costo y práctico servicio”.
“Ya el CPLT había emitido a fines de marzo un pronunciamiento flexibilizando los plazos legales para responder las solicitudes de acceso a información pública en concordancia a estas dificultades laborales, en línea con el pronunciamiento de la Contraloría y el Decreto de Estado de Catástrofe, lo cual nos produjo cierta inquietud también, debido a que, pese al Estado de Excepción, podría darse igual cumplimiento a las normas de transparencia. Sin embargo, este tema nos preocupa mucho más y esperamos hayan instrucciones prontas al respecto”, concluyó la directora ejecutiva de la Fundación Multitudes.
