«El Derecho a la Vida y a la Salud, de los chilenos y chilenas, consagrados en los distintos instrumentos internacionales, no sólo se ha visto afectado en los últimos meses, por los efectos propios de la pandemia sino por la estrategia sanitaria que ha implementado el gobierno para enfrentarla, y cuya negligencia, falta de previsión y cuidado en su aplicación, ha significado el contagio y muerte de más de 11 mil chilenos y chilenas, según las cifras oficiales del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)», sostiene el comunicado.
Por medio de un comunicado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), junto a la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (Fedeprus), y a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), presentaron una querella contra Sebastián Piñera, Jaime Mañalich y Arturo Zúñiga, por la estrategia sanitaria implementada, la cual, a juicio de la CCHDH, «ha tenido un alto costo en vidas».
«La Comisión Chilena de Derechos Humanos, se creó hace ya 41 años, para promover y defender los derechos humanos que se encuentran consagrados en losdiferentes Pactos y Convenciones internacionales, que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado, y por tanto, de cumplimiento obligatorio», sostiene el comunicado.
«El Derecho a la Vida y a la Salud, de los chilenos y chilenas, consagrados en los distintos instrumentos internacionales, no sólo se ha visto afectado en los últimos meses, por los efectos propios de la pandemia sino por la estrategia sanitaria que ha implementado el gobierno para enfrentarla, y cuya negligencia, falta de previsión y cuidado en su aplicación, ha significado el contagio y muerte de más de 11 mil chilenos y chilenas, según las cifras oficiales del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)». agregan.
En este sentido, enfatizan en que «la estrategia sanitaria implementada, que ha tenido un alto costo en vidas, ha significado no sólo un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Gobierno chileno, sino que además, los actos y omisiones que la integran, son constitutivos de diversos delitos descritos y sancionados por la legislación penal común, incluidos delitos de corrupción, razón por la cual nos vimos en la obligación de cumplir con nuestros objetivos institucionales e interponer la presente querella criminal en conjunto con la ANEF y la Fedeprus, para impedir la impunidad de tan graves hechos».
Asimismo, aseguran que «seguirán denunciando ante los diferentes órganos especializados del sistema de protección internacional de los derechos humanos, el grave incumplimiento del Estado de Chile de las normas establecidas en los distintos Pactos y Convenciones así como en las distintas recomendaciones y resoluciones dictadas en el marco de la pandemia por Naciones Unidas así como por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
También, advirtieron que seguirán monitoreando las medidas sanitarias que está implementando el Gobierno.
«No dudaremos en ampliar la querella, por otros hechos y en contra de otras autoridades, si ello es necesario para resguardar debidamente el derecho humano a la vida y a la salud de los chilenos y chilenas», precisaron.