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Crédito: ATON
El nuevo informe UDP profundiza las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de octubre de 2019, aspecto que no se ha podido «robustecer», debido a que «difícilmente sucederá si se mantienen condiciones de desigualdad estructural que alimentan el descontento y el desprestigio de las instituciones». Con respecto a la labor del INDH, advierte que las capacidades de la institución «fueron sobrepasadas con creces por la masividad de las protestas desde el 18 de octubre y las violaciones a los derechos humanos que le siguieron». Asimismo, se remarca que el nuevo proceso constituyente es una «oportunidad para otorgarles a los DD.HH. la importancia que se merecen».
Un “año excepcional” en materia de derechos humanos ha enfrentado el país a raíz del estallido social y de la pandemia, directamente de la mano de la “discriminación estructural” e histórica que enfrenta el país. De eso da cuenta el «Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2020», liberado este jueves por la Universidad Diego Portales (UDP).
El objetivo del documento, además de dar esbozos de la situación a nivel nacional en el último año, es mostrar algunas conexiones entre el estallido social, las demandas por mayor justicia social, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, todo ello en un contexto de desafíos en tiempos de pandemia y en un escenario cambiante, producto de un proceso constituyente en marcha.
La preocupación del Centro de Derechos Humanos de la institución académica es que «el ejercicio de los derechos humanos se materialice de mejor manera en una democracia».
Es por lo anterior, que el informe enfatiza en la necesidad de que la sociedad, y en especial todo el aparato del Estado, asegure las condiciones para su robustecimiento, lo que, según el informe UDP, «difícilmente sucederá si se mantienen condiciones de desigualdad estructural que alimentan el descontento y el desprestigio de las instituciones».
A juicio de los investigadores, “el proceso constituyente da una oportunidad al país para finalmente otorgarles a los derechos humanos −particularmente, a derechos sociales hasta ahora no reconocidos como el derecho humano al agua y saneamiento o a la vivienda, pero también derechos solo parcialmente reconocidos como el derecho a la educación, a la seguridad social o a la salud− la importancia que se merecen”. “Las esperanzas de una nueva Constitución, en gran parte, son las esperanzas de superar esta discriminación estructural”, recalca.
En una primera sección, el documento analiza la respuesta de diversas instituciones del Estado de Chile al estallido social. Se señala que el Instituto Nacional de Derechos Humano enfrentó fuertes limitaciones institucionales y financieras frente al aumento de la carga de trabajo, además de tensiones internas que complicaron su labor. Las fuerzas armadas y policiales, por su parte, incumplieron gravemente principios básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos, mostrando la dificultad del Estado para garantizar el derecho de reunión y controlar el orden público
El documento consigna que varios informes realizados anteriormente «dan cuenta de situaciones preocupantes relativas a los defensores y defensoras de derechos humanos en su labor de protección y promoción», los que, de acuerdo al informe, «han estado en una situación de mayor vulnerabilidad durante el último año: reciben amenazas, golpizas y amedrentamientos, como el caso de una abogada que fue despedida de su trabajo por asistir a detenidos durante el estallido social».
En este sentido, desde la UDP destacan la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante el estallido social, aunque se advierte que las capacidades de la institución «fueron sobrepasadas con creces por la masividad de las protestas desde el 18 de octubre y las violaciones a los derechos humanos que le siguieron».
Con respecto a las violaciones de los DD.HH., el informe señala que «es obligación del Estado proveer acceso a la justicia −penal, administrativa y civil− y, ex oficio, investigar, procesar y sancionar a los y las responsables, además, de asegurar la reparación integral de las violaciones».
El Informe también repasa la agenda de demandas de derechos económicos, sociales y culturales que están en la base del estallido. Así, constata la desproporcionada violencia que sufren los Pueblos Originarios frente a la persistencia del gobierno en enfrentar el problema como uno de seguridad. También muestra la creciente desprotección de los trabajadores, particularmente frente a los efectos económicos de la pandemia, en un modelo de relaciones laborales que ha generado desigualdad.
Otras deudas persisten en el acceso a la Educación y Salud. En tanto, las vulneraciones que sufren niñas, niños y adolescentes se agravaron en la pandemia. De hecho, el reporte subraya que “la pandemia deja al descubierto los problemas estructurales de la des igualdad y la injusticia social que fueron foco importante de las manifestaciones”.
Finalmente, el documento actualiza la situación de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en su búsqueda de la verdad, justicia y memoria, y en particular de las obligaciones de no repetición.
“Los derechos humanos están reconocidos en tratados internacionales que Chile ha ratificado. Existe un compromiso internacional que una nueva Constitución no puede ignorar”, señala el texto.
En ese sentido, se indica que «el proceso constituyente da una oportunidad al país para finalmente otorgarles a los derechos humanos −particularmente, a derechos sociales hasta ahora no reconocidos como el derecho humano al agua y saneamiento o a la vivienda, pero también derechos solo parcialmente reconocidos como el derecho a la educación, a la seguridad social o a la salud− la importancia que se merecen».
