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Para Jaime Concha y Silvana Bórquez, denunciantes del caso maristas y del sacerdote Jorge Baeza en Chillán, y que llevan casi más de una década ligados a organizaciones de víctimas, la permanencia del Fiscal Regional Centro Norte es insostenible después que se hiciera pública la denuncia de los hechos que involucran a una de sus hermanas, quien asegura haber sido abusada sexualmente por su padre. Para Concha y Bórquez, la decisión de escoger al fiscal en ese puesto es una prueba del poder que mantiene la Iglesia católica para estancar la resolución judicial de los casos y evitar así demandas que conduzcan a una reparación económica. La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público dice expresamente que la protección a las víctimas es un deber de la organización, cuestión que estaría en entredicho en estos casos.
Justo mientras el Fiscal Regional Centro Norte se halla de luna de miel en el extranjero, su nombre está en medio de la controversia. Desde que en mayo del año pasado el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, le asignó más de 100 causas relacionadas con abuso sexual eclesiástico al interior de la Iglesia católica, el hermetismo con el que habitualmente se mueve Xavier Armendáriz se trasladó a las investigaciones en torno a estos delitos, sobre los que en su gran mayoría no ha habido resultados. Una verdad judicial que necesitan las víctimas para avanzar hacia juicios civiles que les permitan perseguir compensaciones económicas.
Los cuestionamientos desde organizaciones de víctimas vienen escuchándose desde antes de la pandemia, pero ayer la posición del fiscal Armendáriz se tornó especialmente compleja, luego de que fuera revelada por El Mostrador la denuncia de abuso sexual dentro de su propia familia, hecha por una de sus hermanas, contra su padre, Pedro Armendáriz Elórtegui, fallecido en 2006. La denuncia era conocida desde el año pasado, especialmente desde que Angelina Armendáriz la expuso en el marco de un encuentro anual de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. Pero no había trascendido públicamente sino hasta ayer. Y para algunas de las víctimas es en parte una buena explicación del estancamiento de las causas y, también, una muestra del poder de la Iglesia católica que, pese a su baja aprobación, sigue siendo influyente en los círculos de poder, como lo es el Ministerio Público.
Silvana Bórquez es ginecóloga y junto a su hermana fueron víctimas en Chillán del sacerdote Jorge Baeza, que abusó de ellas entre 1989 y 1996. Hizo la denuncia contra Baeza en 2008 y en adelante ha participado activamente en la Fundación para la Confianza, en la Red de Sobrevivientes y en las estrategias e intentos de reparación desde la Iglesia católica y la justicia ordinaria, para las personas que sufrieron situaciones de violencia sexual en entornos eclesiásticos.
“Para mí el fiscal Armendáriz tiene que inhabilitarse, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, tiene que pronunciarse en relación con esto. Porque no es lo mismo tener denuncias de abuso sexual como fiscal –que todos los fiscales las van a tener, dependiendo de donde trabajen–, a tomar todas las causas de la Iglesia, la mayoría de las causas, teniendo en tu familia un abusador sexual de la Iglesia y una hermana o dos a las que no les creíste el relato. Empatía con las víctimas no se ve y desde ahí uno puede decir que ese hecho haga que no tenga ninguna gana de investigar”, plantea.
El caso de Silvana Bórquez está prescrito desde el punto de vista penal, aunque Baeza reconoció los hechos de los que se le acusa. Teniendo en cuenta la prescripción, las víctimas iniciaron un proceso que dio lugar a una demanda. Una acción civil para obtener reparación económica por parte de la Iglesia católica. Pero, guardando las proporciones, al igual que en el caso de Angelina Armendáriz, cuya declaración no ha sido encontrada en la Fiscalía, la carpeta que contiene la información clave de los casos en Chillán también se encuentra extraviada.
“Las carpetas de nosotros, mi hermana y yo, que estamos demandando por encubrimiento, están perdidas. Se perdió la carpeta eclesial de Chillán que incautó el fiscal Emiliano Arias luego de que habláramos con él, y que tiene toda la evidencia del encubrimiento de Alberto Jara Franzoy, exobispo de Chillán. No solamente en el caso mío de Jorge Baeza, sino de otros anteriores, incluso el cura Cox. Pero la carpeta no aparece”, afirma.
Para Silvana el estancamiento de los casos tiene que ver con una estrategia de la Iglesia que comenzó a dar frutos desde la salida de Emiliano Arias, para ser reemplazado por Armendáriz. “No olvidemos que el fiscal Armendáriz tuvo la causa de Karadima, con la que se hizo conocido, pero no la llevó a término y tampoco sacó una condena. Eso se cierra y se retoma con la ministra en visita Jessica González, porque nombran a una persona específica para que investigue de nuevo. Recién en el año 2018 se les paga a Hamilton, Murillo y Cruz, que son los únicos que han recibido reparación”, afirma.
Según dice, después de este caso, la Iglesia católica, lejos de perder poder, lo ha acrecentado, especialmente para lograr que las causas se mantengan en un cómodo estancamiento, mientras lleva adelante procesos informales de negociación con los abogados de las víctimas.
“Es muy doloroso ver cómo la Iglesia hace alianzas y estrategias para dejar los casos en silencio. En este caso con la Fiscalía, que es lo único que nos estaba quedando. El Ministerio Público tiene en el centro a las víctimas. ¿Por qué puedo ver la audiencia de alguien que tiene pornografía infantil y no puedo ver durante todo el 2019 una audiencia con los curas?”, se pregunta, y cita el ejemplo de Óscar Muñoz, el exvicecanciller del Arzobispado de Santiago que se autodenunció en 2018, estuvo en prisión preventiva menos de un mes y que luego fue liberado en espera de la audiencia de juicio oral, que todavía se encuentra suspendida.
Silvana Bórquez estuvo en el grupo que, junto con José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y James Hamilton, de la Fundación para la Confianza, se reunió con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en mayo del año pasado, pocos días antes de la salida de Arias, para exigirle que no firmara un acuerdo de cooperación con la Iglesia católica en el marco de la prevención de abusos. “Le dijimos con mucha vehemencia que era como firmar un acuerdo con los delincuentes, con los narcos”, asegura. Finalmente el acuerdo fue desestimado. Pero Abbott sacó a Emiliano Arias para poner a Xavier Armendáriz a cargo, con los resultados que están ahora a la vista. Desde las asociaciones de víctimas coinciden en que Armendáriz participó de algunas reuniones en relación con estos casos sin tener nada que ver, cuando aún estaban a cargo de Arias.
El exfiscal Regional de O’Higgins se fue cuando ya había trascendido que iba a formalizar por encubrimiento a los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati.
Otra de las víctimas que reaccionó con fuerza en contra de la continuidad de Armendáriz a cargo de los casos de abuso en la Iglesia católica es Jaime Concha, denunciante en el caso de los maristas y del exvicario de la Solidaridad, Cristián Precht.
“Nosotros notábamos que desde que el Fiscal Nacional entregó un número significativo de causas al fiscal Armendáriz, se ralentizaron las investigaciones. Esto lo que hace es retrasar la búsqueda de la justicia y revictimizarnos nuevamente. El Estado sigue siendo cómplice en la medida que las causas no se investigan y no se llega a una verdad judicial, que es fundamental para avanzar en las demandas civiles y llegar a la justa reparación”, subraya.
Jaime Concha cree que “el fiscal tiene un conflicto de interés que le impide seguir a cargo de las investigaciones de los abusos eclesiásticos. Debería el dar un paso al costado y el Fiscal Nacional tomar cartas en el asunto y ojalá hacer los cambios necesarios para que las mejores personas sigan a cargo de estas investigaciones que son fundamentales”.
Marcial Sánchez, historiador especialista en historia eclesiástica, académico y cercano a las redes de víctimas, destaca que «la noticia de la hermana de Armendáriz no nos toma por sorpresa, es un tema que se sabía hace varios meses, pero sí hay varias preguntas que saltan a la vista, como cuán complicado es para el fiscal tener este problema familiar y estar a cargo de todas las causas. Debe ser complejo profesionalmente y como ser humano. Por eso llama la atención que continúe. Creo sinceramente que el problema de los abusos es transversal, y lo último que me llama la atención es la reacción del fiscal Abbott, que sabía de este tema, y la pregunta es por qué lo expone al escrutinio público, poniéndolo en este lugar. El país actual va a pedir cuentas”, advierte.
Concha, denunciante de los maristas, ya tiene una explicación e involucra en ella al exfiscal Alejandro Peña, amigo de Armendáriz y hoy asesor de la congregación de los Hermanos Maristas. “La justicia se negocia a través de los poderes fácticos. Vemos cómo el exfiscal Peña, que antes estaba en la Fiscalía Sur, ahora defiende a los pederastas maristas y hace presión indebida para que se enlentezca la investigación y no se llegue a la justicia, no se realicen las pericias en forma adecuada. El Fiscal Nacional tiene que demostrar si está al lado de las víctimas o al lado de los pederastas. Exigimos que saque a Armendáriz de las causas de abuso eclesiástico. Esperamos que haya un remezón, porque no vamos a descansar hasta que haya señales de justicia y reparación”, concluye.
