PAÍS
En los próximos días habrá novedades en esta investigación que en la superficie muestra un escándalo de corrupción a nivel nacional, donde los involucrados son acusados de cohecho, violación de secreto, lavado de activos, fraude al fisco y asociación ilícita para favorecer a Itelecom, la empresa que sobornó a un ramillete de empleados públicos para así asegurar la adjudicación de luminarias LED en varios municipios del país. En medio de este caso, uno de los personajes es Felipe Arenas (en la foto), concejal quien ha tenido distintos domicilios políticos y ha generado quiebres en los diversos bloques, después de colaborar con la Fiscalía en una investigación que se mantiene en secreto. La misma empresa donó a la comuna de Recoleta $50 millones para el festival Womad, en febrero de este año. Y en 2018 le fue adjudicada la instalación de las luminarias por más de 10 mil millones de pesos. Los tentáculos de Itelecom llegan a todo Chile y son investigados por tres fiscales de Iquique, Centro Norte y Ñuble.
A todos les extrañó que el día 8 de mayo, cuando cuatro concejales de la Municipalidad de Iquique fueron formalizados por cohecho, violación de secreto, lavado de activos, fraude al fisco y asociación ilícita, en el denominado “caso Led”, por los pagos que –según la Fiscalía– recibieron para adjudicar una licitación de seis mil millones de pesos, solo tres de ellos quedaran en prisión preventiva, mientras que Felipe Arenas Lamas, acusado de los mismos ilícitos, quedó solo con arresto domiciliario total y no en la capital de la Región de Tarapacá, sino en Santiago. La razón para establecer una medida cautelar “menos gravosa” sería –de acuerdo al hermético fiscal a cargo de la investigación, Gonzalo Guerrero– la colaboración que el concejal Arenas habría prestado desde el primer momento con la investigación, detallando una estructura de sobornos que dejó a 15 detenidos en la causa y que abrió un escándalo de proporciones, que se extiende por más de 20 comunas a lo largo de Chile.
La razón para que el concejal entregara los nombres y detalles del tinglado fue muy poderosa: su hija de poco más de un año tiene una malformación congénita en el corazón, que la mantiene internada en Santiago, ciudad donde el concejal actualmente se encuentra cumpliendo su arresto. Paralelamente, Felipe Gustavo Arenas Lamas, que no estuvo disponible para participar de esta nota, se encuentra formalizado en otra causa. La Fiscalía lo acusa de participar en un esquema en que un grupo de personas se adueñaba de propiedades no inscritas en el Conservador de Bienes Raíces, falsificando escrituras.
Felipe Arenas (42) es un político profesional. Egresado de Derecho en la Universidad Arturo Prat, fue dirigente estudiantil en el centro de alumnos de su carrera, ligado a la UDI. Pero no encontró finalmente en ese partido el espacio que buscaba y en 2008 se presentó como candidato a concejal en Iquique, por el pacto Fuerza del Norte, ligado al actual senador Jorge Soria, que junto a su familia han formado un cacicazgo en la ciudad, al menos desde el retorno a la democracia.
En esa elección, Arenas perdió y, desde un programa de radio donde fustigaba a los actores políticos, fue cimentando un capital que lo hizo atractivo para la UDI, que lo incluyó en su lista como independiente en la elección municipal de 2012. En ella se hizo conocido por regalar viagra durante la campaña. En esas votaciones ganó con más de cinco mil votos, la primera mayoría de su lista. Por eso, no importó que en su programa criticara abiertamente a la actual senadora y entonces intendenta Luz Ebensperger.
Felipe Arenas
Fue electo nuevamente en 2016 con el 36% de los votos y logró “arrastrar” a dos candidatos más del mismo pacto. Como concejal, Arenas conocía a Johann Vieira Pineda, quien hasta 2017 fue seremi de Deportes en la región. Según los datos de la investigación de la Fiscalía y que se mantiene en secreto, Arenas es el intermediario con la empresa Itelecom, que está en el centro de la indagatoria por el pago de sobornos a autoridades municipales en comunas como Iquique, Chillán, Putaendo y Negrete, para asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led y donde ya se han acreditado adjudicaciones ilícitas.
Transversal eran las relaciones y contactos políticos desarrollados por el concejal Arenas en estos años. Con Mitchel Cartes, concejal y exintendente de Tarapacá, mantenían una cercana relación, al igual que con el exsenador PS Fulvio Rossi. Dentro de los datos filtrados de la investigación, el diario local El Morrino dio a conocer un audio en que Rossi habla con el exseremi de Deportes Johann Vieira el 10 de junio de 2018, para saber detalles de su viaje a Santiago, ocasión en que se reunió con un intermediario de Itelecom y que –según la indagatoria– entregó parte del dinero que Vieira debía repartir entre concejales y funcionarios municipales para asegurar la adjudicación de esa empresa. Otro audio da cuenta de una conversación entre Mitchel Cartes y el exseremi de Deportes Johann Vieira, el día anterior, sobre el mismo tema. Sin embargo, Rossi no ha sido imputado por ningún delito dentro de esta investigación, la misma que hasta ahora establece un monto de $400 millones que debían repartirse entre los concejales y funcionarios involucrados para adjudicar, como ya se dijo, una licitación de $6 mil millones.
Johann Vieira
Felipe Arenas, el testigo clave de la Fiscalía, también confirmó la participación de sus excompañeros de pacto, Guillermo Cejas y Arsenio Lozano, vinculados a la facción de los Soria. Cada uno –de acuerdo a los audios interceptados por la Fiscalía y dados a conocer en noviembre de este año por Canal 13– pedía un monto de 25 millones a los intermediarios. Pero, según se ha logrado conocer hasta ahora, solo lograron 9 millones en el caso de Cejas y 5 millones para Mitchel Cartes. Todos los imputados, que quedaron en prisión a partir de los primeros días de mayo, hicieron uso de su derecho a guardar silencio. Menos Felipe Arenas. Y ante las pruebas de su declaración y los audios de la Fiscalía, decidieron reconocer los hechos y lograron salir en libertad en septiembre de este año, cambiando su medida cautelar por arresto domiciliario.
“La colaboración se debe a la necesidad de ir elaborando atenuantes y tener una pena más baja llegado el momento. Otra cosa que modificó la estrategia de las defensas es la cantidad de información, particularmente de escuchas telefónicas que había, lo que hace más difícil elaborar una coartada. Es muy difícil distorsionar esa información. Creo que eso les llevó a tomar la decisión de declarar”, dice el concejal Matías Ramirez (PC) a El Mostrador. Abogado de profesión, cercano al diputado de la misma colectividad Hugo Gutiérrez y el único concejal que no votó a favor de adjudicar la licitación de luminarias a Itelecom, ese día no asistió a la sesión.
Ese día fue el 14 de septiembre de 2018. Luego de varios intentos desde 2016 por entrar a la Municipalidad de Iquique, finalmente Itelecom “convenció” de sus ventajas al concejo municipal, que en esa sesión aprobó la instalación y mantención de luminarias para las calles y pasajes de la tierra de campeones. De las avenidas se encargaría Elec, otra empresa que está siendo investigada y que tiene a ejecutivos formalizados.
Ese día también expuso, como contraparte técnica del Ministerio de Energía, el ingeniero civil electricista Paul Pacheco Quintanilla. Según explica el concejal comunista Matías Ramírez, “Pacheco colaboró con la Secretaría de Planificación Comunal, tanto en la elaboración de las bases como también en la evaluación técnica de los proveedores y además él vino el 14 de septiembre, que fue el día que se le adjudica a Itelecom”. De acuerdo a fuentes que han tenido acceso a la carpeta investigativa, la Fiscalía estaría trabajando en la tesis de que Pacheco fue quien diseñó las bases a la medida de Itelecom. Sospecha que hizo declarar desierta una licitación de este tipo en Providencia, después que se presentaran 11 empresas y la única que cumplía con todas las bases era Itelecom.
Paul Pacheco
Pacheco, defendido por el estudio de los exfiscales Alejandro Peña, José Antonio Villalobos y Vinko Fodich, declaró en junio de este año y negó cualquier conducta cercana a cohecho, delito cometido por un empleado público al aceptar beneficios económicos a cambio de ciertos favores. Sin embargo, renunció en febrero al cargo que tenía desde 2016 en la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, luego que esa secretaría de Estado abriera un sumario en su contra.
El dato que vincularía a Pacheco y que abrió la “caja de Pandora” en este caso, es que en abril de 2018, meses antes de que se adjudicara la licitación en Iquique, el alcalde de esa comuna, Mauricio Soria, recibió un correo de un funcionario en el que denunciaba la filtración de antecedentes clave en las bases, antes de que fueran publicadas, lo que motivó al jefe comunal a hacer una denuncia en la Fiscalía. “En ese momento no teníamos ningún conocimiento de que había plata de por medio, o había concejales involucrados. Básicamente era un correo de un tercero, que indicaba que tal persona había entregado antecedentes de las bases a Itelecom”, revela el concejal Ramírez a El Mostrador.
El Ministerio Público inició así una investigación, intervino teléfonos y detuvo a los representantes de Itelecom y sus subsidiarias, partiendo por su fundador, director y gerente, León Marcelo Lefort Hernández, que vendía esta tecnología desde 2014 y a 2020, según Mercado Público, y que había logrado adjudicarse $28.371.602.666 en licitaciones. Junto a Lefort fueron detenidos otros dos funcionarios de la Municipalidad de Chillán, donde también se lleva una investigación secreta por los mismos delitos, a cargo de la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla. En esta arista se investiga la participación como intermediario del exdiputado PPD Felipe Letelier. El exparlamentario reconoció acercamientos con Itelecom, pero negó que se concretara cualquier negocio, según dijo a Canal 13.
León Marcelo Lefort
Mientras en Iquique queda pendiente saber hasta dónde pueden estar involucrados los cercanos al “sorismo”, sector que encabeza el senador Jorge Soria, quienes conocen la manera en que la familia ha manejado durante décadas la municipalidad, afirman que los concejales involucrados no se mueven solos. En medio de este escándalo, Guillermo Cejas y Arsenio Lozano debieron renunciar al concejo municipal a fines de octubre. Poco después de salir en libertad, en su radio Neura, Guillermo Cejas afirmó que en un tiempo más se conocería “la verdad”, mientras que Victorina Lozano, excore de la región, en su círculo cercano habría amenazado con entregar más antecedentes si su padre seguía en la cárcel.
Arsenio Lozano
Paralelamente, hay tres funcionarios de la municipalidad formalizados, entre quienes se cuenta a Daniela Vargas Barbaric, que trabajaba en la Secretaría de Planificación Comunal, donde se confeccionaron las bases. Ella es hija de Adolfo Vargas, histórico jefe de comunicaciones del senador Soria.
Guillermo Cejas
Fuentes al interior del municipio aseguran que esta investigación ha generado un quiebre en la cohesionada relación que mantenían los Soria con los concejales involucrados y con el diputado Hugo Gutiérrez. Especialmente porque Matías Ramírez, concejal y su abogado cercano, encabeza las denuncias y ahora disputará la alcaldía en las elecciones de abril.
Además de Iquique en 2018, Itelecom se adjudicó una licitación por $10.259.454.000 en Recoleta el 16 de febrero de 2018. La Contraloría revisó ambas y no encontró irregularidades. Sin embargo, la semana pasada The Clinic reveló que la cuestionada empresa de luminarias, a través de la Ley de Donaciones Culturales, entregó en febrero de este año la cantidad de $50 millones para financiar parte del festival Womad. Desde Recoleta descartaron que haya irregularidades y se mostraron dispuestos a colaborar, aclarando que “el festival Womad se sustenta gracias a variadas donaciones, todas reguladas por la Ley de Donaciones. Y no solo de dicha empresa, sino también de otras instituciones privadas y públicas, entre ellas Aguas Andinas, el Ministerio de Cultura y el propio gobierno local”.
Entre quienes han seguido la investigación existe certeza de que la forma de operar de Itelecom era pagar sobornos a quien fuese para adjudicarse las licitaciones. El tema era a quién se los pagaba. Hay coimas que iban a los funcionarios, que es lo que sucedió en Chillán; y en otros casos, como el de Iquique, era a todos. Aseguraban la decisión política, pero también la técnica, completando así una adjudicación casi perfecta en la que Paul Pacheco era el «componedor», quien daba los consejos técnicos, desde su rol en el ministerio, a las distintas municipalidades para hacer a la medida una licitación donde Itelecom resultaba, la mayor parte de las veces, la preferida.
A pocos días de que se acabe el 2020, este caso seguirá desarrollándose con la espectacularidad que trae consigo siempre una investigación nacional por corrupción, y también se realizarán importantes diligencias que prepara en estos momentos la PDI.
