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El experto en políticas de seguridad ciudadana afirma que la estrategia legislativa del Gobierno «no es la varita mágica» para enfrentar el problema que va a resolver un tema de esta envergadura. «Nuevamente entramos en un intercambio de discursos, con independencia de los gobiernos, este, el anterior o el previo, en que se puede echar la culpa al Poder Judicial, al Congreso, o al Presidente, desde el Congreso, y así nos vamos, sin que nadie asuma una responsabilidad real y más de largo plazo por el problema que tenemos». Se requiere además que las policías adquieran legitimidad en las poblaciones y que otorguen protección a la ciudadanía. De lo contrario, los narcotraficantes seguirán controlando el territorio, en una batalla que hasta ahora está perdida.
Hugo Frühling es el director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de Harvard. Ha dedicado su trabajo académico a estudiar los fenómenos asociados a la delincuencia y a la seguridad ciudadana. Se desempeñó como asesor del Ministerio del Interior y estima que estamos frente a un problema estructural que se cruza con la pobreza extrema y la desigualdad concentrada en ciertos barrios a lo largo del país, que alimenta la industria del narcotráfico como si fuera un monstruo al que se le corta una cabeza pero vuelve a crecer. Por eso, a su juicio, el problema de la delincuencia es de tal envergadura que requiere a las instituciones trabajando en conjunto por una estrategia innovadora que vaya más allá de la acción policial.
Frühling no se conmueve especialmente con los últimos hechos de violencia que han conmocionado a la opinión pública, sino que lo entiende como «un plato a fuego lento que se viene cocinando hace muchos años» y que requiere no cometer los mismos errores en las estrategias que se han implementado en los últimos gobiernos.
-Los últimos delitos violentos que hemos visto, como la balacera en una feria de Maipú o un homicidio por encargo hace unos meses en Concón o como el ocurrido hace pocos días en San Bernardo, donde los delincuentes mataron a una persona y no se llevaron nada, ¿son expresión de una escalada delictiva distinta? ¿Cómo llegamos a esto?
-Por cierto que es difícil saber cuál es el hilo conductor de estos hechos y las explicaciones que se dan, que son muchas veces transmitidas por la prensa, tienden a desorientar más a los que nos dedicamos a estos temas. Lo cierto es que desde hace muchos años, sabemos que existen bandas armadas que surgieron inicialmente vinculadas al narcotráfico, pero que naturalmente han expandido su área de negocios hacia otro tipo de tareas, que tienen que ver con el contrabando de cigarrillos, a veces con la trata de personas, etcétera. Se trata de hechos que son preocupantes y hay que analizarlos en su contenido con toda seriedad. Creo que el Gobierno debiera encargarle al Ministerio Público, a partir de los antecedentes que tiene, al menos un análisis preliminar y cruzar información con instituciones privadas o académicas que nos permitan tener un diagnóstico.
-Pero con los datos que hay hasta el momento, ¿qué se puede concluir?
-Algunas cosas que son ciertas. Primero, hace ya mucho tiempo que existe un enraizamiento territorial en poblaciones de la zona sur y norte de Santiago. Segundo, la pandemia pudo haber provocado una explosión de violencia inusual, porque las dificultades de movimiento pueden haber afectado el acceso, por un lado, a drogas por parte de las redes que las comercializan y, también, el acceso a los compradores. Eso pudo llevar a exacerbar una violencia armada. Lo tercero es que enfrentar estas formas de microtráfico enraizadas territorialmente es complejo. Requiere modernizar tácticas, estrategias y no pensar siempre en lo mismo, porque no va a dar resultado. Llevamos años de intervenciones territoriales con distintos nombres. Algunas de ellas han tenido mejores resultados que otras, pero claramente han sido muy inferiores a lo esperado. Eso tiene que ver con el uso de tácticas, con una desconfianza fuerte hacia la policía. Constantemente los vecinos denuncian que la policía sí sabe donde se encuentran los narcotraficantes en muchas de las áreas emblemáticas donde ha crecido el narcotráfico desde los años 90.
-¿Qué estrategias se requieren entonces para enfrentar la situación?
-Es un conjunto de factores que requieren sentarse, pensar, comunicar menos cosas que todos sabemos que, de por sí, no van a hacer la diferencia, y cambiar las tácticas con una mirada muy innovadora.
-Usted dice que se trata de una situación que viene hace años. Entonces, no podría atribuirse a un fenómeno migratorio, a personas que están introduciendo nuevas tácticas delictuales. ¿Es más bien una falta de capacidad de las autoridades políticas? ¿Cómo sería una intervención innovadora?
-La noción de que están aumentando las confrontaciones a balazos en ciertos barrios se viene propagando por los medios hace cuatro, cinco o seis años. No sé si realmente el ingrediente migratorio introduce una violencia mayor que antes no existía. Me cuesta pensar que eso se haya dado en un mes o dos. Requeriría bastantes más pruebas.
Usted me pregunta qué cosas habría que hacer, yo no tengo la solución. Pienso que hay ciertas cosas que han fallado. La primera es pensar que la intervención muy visible de la policía en ciertos barrios, va a terminar por crear condiciones para erradicar a los traficantes y acabar con los lugares donde almacenan o distribuyen la droga. Ha habido casos de intervenciones, la más emblemática es La Legua Emergencia, y la verdad es que ahí los resultados son medianamente satisfactorios. Pero los niveles de inversión y preocupación son difícilmente replicables a muchas otras poblaciones similares, tanto en Santiago como en el resto del país.
Lo primero que hay que hacer es entender que los ciudadanos de esos barrios viven en una condición de negociación implícita con las bandas. Sus vecinos pueden ser soldados u ocupar cargos muy menores en las redes de distribución. Por otra parte, ellos quieren mantener su seguridad, en consecuencia, nos encontramos con situaciones en las que por un lado la victimización es baja, pero la colaboración con la policía también. Entonces, para enfrentar eso se requiere una intervención en que la policía gane legitimidad en serio. Y lo que esos ciudadanos esperan de la policía, no creo que sea tanto una mayor atención, sino una mayor protección: la sensación de que la policía, Carabineros y la PDI, efectivamente están otorgando la debida importancia a esos bolsones de pobreza, de pobreza extrema, de desigualdad que existen en todas nuestras ciudades.
-En términos más prácticos, ¿qué aconseja usted?
-Hay que hacer un inventario de las prácticas territoriales que se han llevado a cabo, cuyos resultados son menores, pero para no cometer los mismos errores. Hemos tenido programas como Comuna Segura, como Barrio en Paz, que comienzan y recomienzan y no tienen mayor éxito. Además, claramente, en esos barrios la mera presencia o acción policial no va a hacer una diferencia. Hay que pensar en una actuación de la policía en función de las realidades locales, de manera muy cuidadosa y aumentando los efectivos que se encuentran en esos barrios. Creo que la cosa va por pensar que la policía, para enfrentar el tema del microtráfico, requiere diseñar una respuesta específica para la pobreza y en cada uno de esos barrios hay situaciones que son distintas.
-El fenómeno del sicariato es algo que no se había visto antes: asesinatos por encargo por muy poco dinero, como la disputa en Concón. ¿Es un ingrediente nuevo o usted lo considera parte de lo mismo?
-Podría llegar a ser un ingrediente nuevo y normalmente en otros países, como en Colombia, es algo que se ha ido expandiendo a partir de grupos de jóvenes que estaban disponibles para las redes de narcotráfico también y que probablemente realizan las dos tareas. Estos no son empleos de dedicación exclusiva, sino que los contornos de uno se tocan con el otro. Así estos grupos, que en algunos casos en Centroamérica corresponden a las Maras, realizan tareas de sicariato, de extorsión y, también, de tráfico de drogas a nivel local. Son actividades diferenciadas, pero en las que participan personas de círculos parecidos y en contacto. Ahora, cuán extendido es esto, puede ser que esté sucediendo en Chile así como se importaron las explosiones de cajeros y los asaltos bancarios a comienzos de los 90. No cabe duda de que ciertas prácticas delictuales se van difundiendo.
-Respecto de las decisiones políticas, hubo una puesta en escena del Gobierno pidiéndole al Congreso acelerar una agenda legislativa de seguridad, ¿cómo evalúa la actuación de los gobiernos?
-Entiendo que esta agenda legislativa busca ampliar las posibilidades para usar técnicas de intervención que estaban reservadas para el narcotráfico a otro tipo de delitos que puedan cometer asociaciones ilícitas y, al mismo tiempo, busca facilitar la condena por asociación ilícita. Si eso va o no a dar resultado, es discutible. Lo que no es discutible es que, por cierto, no es la varita mágica que va a resolver un tema de la envergadura del que hemos hablado. Entonces, nuevamente entramos en un intercambio de discursos, con independencia de los gobiernos, este, el anterior o el previo, en que se puede echar la culpa al Poder Judicial, al Congreso, o al Presidente, desde el Congreso, y así nos vamos sin que nadie asuma una responsabilidad real y más de largo plazo por el problema que tenemos.
-Dentro de las decisiones políticas, también está la reformulación de la policía. ¿Cuánto influye, en la sensación de que la violencia va en alza, el hecho de que Carabineros en particular esté tan deslegitimado y haya pruebas de corrupción evidentes al interior de la institución, como efectivos participando en delitos?
-En el Inap sacamos un pequeño policy paper sobre la reforma de Carabineros y un elemento central que surgió es que la legitimidad de la policía era mucho más débil en los barrios y territorios donde viven personas de clase media baja o de menores recursos. Realizamos encuestas en 27 barrios de Santiago y era claro que, en términos comparados con otras dos ciudades de América Latina, no existía la impresión, en la muestra de entrevistados, que hubiera una preocupación por la seguridad de los habitantes de esos sectores. Entonces, esto es como un plato que se ha venido calentando a fuego lento por muchos años, y que no comienza el 18 de octubre: comienza antes. Y estas condiciones van debilitando la capacidad de intervención de la policía en estos casos.
Dicho lo anterior, si usted no realiza intervenciones que vayan más allá de lo policial, la verdad es que los éxitos van a ser efímeros. Y quiero hacer solo dos consideraciones. Al parecer, y de acuerdo con el Observatorio de Narcotráfico del Ministerio Público, nuestras organizaciones son entre pequeñas y medianas. No son grandes carteles como los que se dan en otros países. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces la intervención policial, cuando afecta a personas que se encuentran en el escalón más bajo en la jerarquía de estas instituciones de crimen organizado, no tienen mayor efecto, porque esas personas son fácilmente reemplazadas, debido a que los ingresos que les proporciona el narcotráfico no pueden ser encontrados por ellas en actividades legales. En segundo lugar, muchas veces las intervenciones que se dan, en organizaciones más grandes, incluso con la captura de narcotraficantes mayores, pueden terminar en una fragmentación en grupos más pequeños, más que en la desaparición de ellos.
Entonces, no tengo la solución, no pretendo tenerla. Lo que sí pretendo decir es que esto no va a desaparecer cuando detengamos a ciertas personas. Hay que hacer todo y mucho de manera bien estratégica. Conseguir el apoyo ciudadano, realizar un control público que impida el uso de las armas en el territorio. Eso se ha hecho en Colombia, se hizo en Nueva York, y bajaron las tasas de homicidios. Y al mismo tiempo avanzar en contra de los grandes traficantes. Son muchas cosas a la vez y eso requiere poner varias cabezas e instituciones a pensar juntas, desde el Ministerio del Interior.
-Por último, ¿cree que hay un problema en el control de armas? Da la sensación de que hay más armas de fuego en los actos delictuales más recientes.
-Me da la impresión que sí. No es un tema que domine, francamente. Pero cuando uno hace diez o quince años se entrevistaba con las policías, se ponía énfasis en dos fuentes principales que nutrían a las bandas ilegales: las armas hechizas y la adquisición de armas en los asaltos a domicilios. Esos asaltos a domicilios ya no están tan presentes ni parecen ser una fuente demasiado importante. Las armas hechizas han sido reemplazadas por armas de contrabando y además todas estas sospechas o semirrealidades de que Fuerzas Armadas han vendido armas a sectores de manera ilegal. Parece haber más fuentes de circulación y eso hay que enfrentarlo. Ahora, si ayuda una ley al respecto, puede ser. Pero creo que la gestión policial allí, y del Ministerio Público, son muy importantes.
