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Con un mes de diferencia, una misma publicación salió en dos medios internacionales, ligados al anticastrismo y al antichavismo. La primera, en los primeros días de enero, y la segunda, durante la primera semana de febrero. La noticia sugería un escándalo. Revelaba las cuentas secretas en paraísos fiscales de políticos del “socialismo chileno”, entre las que se destacaban las del candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, más las del candidato presidencial de RN, Mario Desbordes. Ambos desmienten de manera categórica las afirmaciones y las califican de fake news. Desbordes autorizó al Ministerio Público a levantar su secreto bancario para despejar cualquier duda, en una denuncia penal por los delitos de falsificación de instrumento privado y usurpación de nombre. En el caso de Muñoz, se ofició a los bancos en cuestión, los que le confirmaron que las cuentas eran falsas, además de elevar una denuncia en Estados Unidos ante la Federal Trade Commission. La información fue profusamente divulgada en Chile por políticos ligados al Partido Republicano y por agrupaciones de ultraderecha. Y en el extranjero, por “influencers” relacionados con la Fundación Atlas Network, que representa al ala de la derecha trumpista del Partido Republicano de Estados Unidos. “Vamos por buen camino. Hay huellas que se dirigen hacia algunos actores políticos chilenos”, reveló Desbordes.
Para el 11 de abril quedó fijada la fecha en que se rompería el fair play o, más bien, comenzaría el canibalismo político entre los candidatos de Chile Vamos y sus entornos, de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Mucho antes de este anuncio, había comenzado a gestarse una elaborada operación política, con vínculos chilenos y latinoamericanos, para “matar” la candidatura del abanderado de RN , previo a que fuera ungido como presidenciable en el Consejo General de dicho partido.
Cinco días después de que el PRI resolviera proclamar a Desbordes como su carta presidencial y dos semanas antes de que se llevara a cabo el citado Consejo General de RN, diversos medios y periodistas chilenos comenzar0n a recibir, el 4 de enero, a través de sus redes sociales y de chat de mensajería privada, el link de una noticia escandalosa que había sido publicada ese mismo día en el portal Primer Informe, un diario electrónico con base en Miami, de clara tendencia antichavista, antimaduro y anticastrista.
Bajo el título “Las cuentas secretas de la política chilena”, el periodista venezolano y activista de ultraderecha Casto Ocando elaboró un pormenorizado reportaje en que daba a conocer la existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales de 12 políticos chilenos. El destino de las cuentas offshore eran Luxemburgo, Islas Caimán, Zúrich, Nueva York, Nueva Zelanda, Mónaco, Miami, Gibraltar y Trinidad y Tobago.
Si bien la lista incluía a diputados y senadores como Carmen Hertz y Guido Girardi, y a estrechos colaboradores del último Gobierno de Michelle Bachelet e incluso a su polémico hijo, Sebastián Dávalos, la mera inclusión de Desbordes en esa lista del “socialismo chileno” hizo que se prendieran todas las alarmas, porque se anticipaba como una “Operación San Lorenzo 3.0”, en alusión a la operación política, gestada desde el interior de la UDI, para bajar de la carrera presidencial a Laurence Golborne, tras la filtración de cuentas bancarias en las Islas Vírgenes.
Junto a Desbordes, en la lista se incluía a otro candidato presidencial, el excanciller Heraldo Muñoz, hoy por hoy presidenciable del PPD. La publicación era particularmente compleja para Muñoz, porque se le atribuía una de estas cuentas secretas en Nueva York, situación que ponía en jaque sus credenciales diplomáticas en Estados Unidos, ya que, al ser una Persona Políticamente Expuesta, su caso entraría en la Ley Patriota de 2001 de ese país, que en su Sección 312 establece que todas las figuras relevantes a la política en otros países con cuentas en bancos estadounidenses deben ser monitoreadas y reportadas. Con la noticia divulgada en EE.UU., cualquier control a Muñoz en ese país podría haber generado un escándalo mediático de proporciones, capaz de hacer fracasar su intención presidencial.
Como todo bulo, o fake news –cuyo propósito es convertirse en posverdad, donde la veracidad de la información ya no tiene importancia, en tanto sea creíble–, el reportaje en cuestión se republicó un mes después, el 7 de febrero, pero esta vez en el diario El Nacional de Caracas. Tal como la primera vez, el reportaje llegó a las cuentas de los periodistas chilenos con la intención de que fuera replicado en el país. La divulgación estuvo acompañada de una extensa campaña de viralización por redes, a través de cuentas ligadas a activistas del Partido Republicano y cercanos a la UDI.
A Mario Desbordes, quien después de la primera publicación recibió llamados de políticos venezolanos disidentes de Maduro, para advertirle de los peligros de la operación en su contra– se le atribuyen cuentas en Pacific Private Bank de República Vanuatu; Deka Private Banking de Frankfurt: y Mauritius Commercial Bank de las Islas Seychelles.
Pero tal como advierte Luis Masferrer, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, y abogado de Mario Desbordes en la denuncia penal que realizó ante la Fiscalía por los delitos delitos de falsificación de instrumento privado, usurpación de nombre u otro que surja durante la investigación a propósito de las publicaciones tanto en Miami como en Caracas, las supuestas cuentas tienen inconsistencias por los montos atribuibles.
A diferencia de lo que parece observarse a simple vista, los montos de las cuentas no están expresados en dólares ni euros (como sí las de otros políticos a los que alude el reportaje), sino en moneda nacional. Así, por ejemplo, en el Deka Private Banking de Frankfurt –un prestigioso banco de Alemania–, Desbordes tendría a su favor un balance de poco menos de $9 millones. Y lo mismo en las otras cuentas, con balances inferiores a los 10 millones de pesos.
“Con absoluta claridad y total convicción declaro que se trata de una noticia falsa”, dice Masferrer. “Mario Desbordes es el primer interesado en que se investiguen estos hechos y salga a la luz pública la verdad en este caso”.
“La prueba de la blancura en favor de Desbordes está reflejada en su decisión de autorizar al Ministerio Público a levantar secreto bancario sobre las supuestas cuentas corrientes, inversiones, sociedades que se refieren en la nota y estarían en el extranjero, así como autorizar para que se requiera a bancos en Chile información sobre transferencias, inversiones u operación con bancos internacionales por los últimos diez años”, prosigue.
A cargo de la investigación RUC 2100175322-0, quedó el fiscal de Alta Complejidad de la Zona Metropolitana Oriente, Felipe Sepúlveda.
A Mario Desbordes no le cabe duda que está frente a una operación política de “grueso calibre” y se halla dispuesto a llegar hasta el final para despejar la trama. En especial la trama chilena. “Me han dicho que esta nota es pagada, y desde Chile, lo que estamos buscando confirmar”, señala.
A la espera de los avances que realice en la materia, el candidato presidencial de RN hizo una denuncia ante el Consejo de Ética de los medios contra El Líbero, el único que hizo eco de la publicación en Miami, en la que para respaldar la supuesta veracidad de las cuentas, presenta el currículo de su autor, Casto Ocando.
“Vamos por buen camino. Hay huellas hacia algunos actores políticos chilenos. Ahora es cuestión de pruebas. Eso además de las acciones legales que espero avancen en una buena investigación”, agrega Desbordes, quien sostiene que más temprano que tarde dará con la trazabilidad de lo que, supone, es fuego amigo. “Es lo más probable. Quienes la hicieron circular, quienes la difundieron, incluso un diario electrónico que se encargó de que tuviera tribuna en Chile, son de mi mismo sector político”.
Independientemente de que existen diferencias con la Operación San Lorenzo –nombre con que la prensa bautizó el complot para bajar en su tiempo a Laurence Golborne de la carrera presidencial–, Desbordes encuentra similitudes en el propósito: hacer un daño político, al margen de que los datos sean falsos como en su caso, o que en estos haya ausencia total de delitos, como fue en el caso del exministro de Minería de Piñera 1.
Y no solo Desbordes, también lo hace Golborne. “En situaciones como esta, cuando aparecen acusaciones, mucha gente no escucha explicaciones y el daño político se hace de inmediato. Somos muy buenos para prejuzgar, especialmente cuando se trata de dinero. Las explicaciones eran obvias: estaba en la contabilidad de mis empresas, declarada ante el SII, los dineros son absolutamente traceables, etc. Pero en política poco importa eso y poca gente escucha las explicaciones. Tus adversarios sacan provecho de eso inmediatamente. Es muy difícil saber quién desarrolla una operación así, pero hoy con las redes sociales es fácil hacerlo: solo propagas un rumor y la gente se encarga de difundirlo”.
“En el caso de Mario, se trata de un exdiputado de la república (y exministro), que tiene la obligación de declarar su patrimonio, por tanto, si estuviera incumpliendo esa obligación, debieran hacerse denuncias ante los tribunales con pruebas concretas, no solo publicar un artículo. El daño político es lo que se busca”, sostiene.
Como diplomático y excanciller, la carta presidencial del PPD –a quien en los artículos de Ocando se le atribuyen cuentas por 17,5 millones de dólares en bancos de Gibraltar, Nueva York, Trinidad y Tobago, Suiza, Inglaterra y las Islas Vírgenes Británicas– realizó inmediatas gestiones en Estados Unidos para despejar toda duda en cuanto a la inexistencia de tales cuentas bancarias, como asimismo denunciando conductas criminales en el caso de que dichas cuentas efectivamente se hayan abierto en bancos internacionales.
“Frente al artículo con información falsa, presentamos una denuncia en base a los detalles enumerados en el reportaje en cuestión ante la Federal Trade Commission de Estados Unidos, en contra de las dos empresas que presunta y falsamente utilizaron mi nombre en documentos legalizados, denunciando conducta criminal de parte de dichas empresas por robo de identidad y falsificación de documentos oficiales”, señala.
Tras esta gestión, se puso en contacto con el Wells Fargo Bank, mencionado en el artículo, y este convocó a una reunión de la Comisión de Fraude para discutir el asunto. “En su opinión la cuenta es ‘bogus’ (falsa). Por ello fue que exigimos que, si llegaran a encontrar cualquier cuenta a mi nombre, deben cerrarla inmediatamente por ser fraudulenta e ilegal”.
El paso siguiente fue ponerse en contacto con el Departamento de Registros del Estado de Nueva York, en relación con un documento que aparece en el artículo y que lleva el sello del Estado. “Nos dijeron que no existe tal documento en sus registros”, agrega.
“Contactamos al bufete de abogados donde trabaja el individuo que habría firmado el Poder que aparece en el artículo. La firma que aparece en el documento no es del abogado en cuestión. Además, ese abogado ni siquiera estaba asociado con ese bufete en la fecha indicada en el documento (2011). Contactamos a la abogada de la firma Baronet Development para informarle que hemos denunciado a la empresa por robo de identidad y para exigirle el original del Poder y cualquier otro documento donde pudiera aparecer mi nombre”.
Según el artículo del periodista venezolano, Muñoz aparece además firmando un poder legal que lo autoriza como representante legal de la firma Baronet Development LLC, a nombre del cual están las cuentas en el Lloyds Bank de Londres, y el Credit Suisse SA, de Suiza.
“Después de contactarnos con la empresa, nos fue informado que esta empresa se incorporó en Nueva York en 2016. Es decir, 5 años después de la supuesta emisión del Poder en cuestión. En otras palabras, esta compañía no existía en el Estado de Nueva York en la fecha del supuesto Poder”. Pero no conforme con ello, Muñoz se contactó con el banco Credit Suisse, mandando una copia del artículo con los datos del periodista y la copia del Poder falsificado con el timbre de Credit Suisse, exigiendo una investigación y el cierre inmediato de la cuenta fraudulenta en cuestión de Baronet Development LLC, en el caso de que tal cuenta existiese.
Muñoz, además, realizó una denuncia por suplantación de identidad ante el Lloyds Bank of London, con relación a una supuesta segunda cuenta de Baronet Development LLC.
En el artículo publicado en Miami y luego en Caracas se señala una cuenta corporativa de Heraldo Muñoz a nombre de Edge Hill Holdings Limited, registrada en Nueva Zelanda, en el First Bank Virgin Islands, de las Islas Vírgenes Británicas, abierta en abril de 2013. La cuenta –según el señalado artículo– tiene un balance de 2,4 millones de dólares.
“Edge Hill Holdings –que aparece en el artículo del medio electrónico El Nacional de Caracas– se incorporó en Nueva Zelanda el 25 de mayo de 1998 y cerró por insolvencia el 10 de noviembre de 2003. Es decir, no existía en 2013, año en que se supone que se abrió la cuenta en First Bank Virgin Islands”, sostiene.
Fuera de estas gestiones, el excanciller de Michelle Bachelet se puso en contacto con una organización de Estados Unidos dedicada a la investigación de conductas delictivas de empresas multinacionales, “para descubrir la suplantación de identidad y falsificación de documentos”.
Ha trabajado por más de 20 años en medios hispanos de Estados Unidos y Venezuela, siguiéndole los pasos a la corrupción y al narcotráfico. Delitos que muchas veces se entrecruzan y en donde Casto Ocando se ha enfocado, poniéndole el zoom a los “boliburgueses”, un grupo de funcionarios y empresarios venezolanos que conformaron enormes fortunas bajo el régimen de Hugo Chávez y que hasta ahora acostumbran a derrochar dinero en las tiendas más costosas de Miami.
Precisamente ese tema, la boliburguesía (bolivarianos y burgueses) le hizo ganar a Casto Ocando y a otros dos periodistas de Univisión un Emmy por la cobertura realizada a esa casta que logró establecer relaciones clientelares, a través del poder chavista. Ese ha sido el “frente” en el que principalmente se ha desarrollado este periodista venezolano, que partió en la década de los 90 como reportero del diario El Universal de Caracas y del semanario político venezolano Quinto Día.
En su CV también destaca haber reporteado para el El Nuevo Herald y en la actualidad es el editor del portal de noticias y de reportajes Primer Informe, que cubre escándalos, principalmente de corrupción, de los países de la región, con preferencia de Venezuela, Cuba, Argentina, Ecuador y Bolivia.
En la mayoría de las entrevistas televisadas, Casto Ocando es presentado como miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sin embargo, de acuerdo a registros de ese organismo, él no figura como periodista miembro y son solo cuatro profesionales de ese país quienes sí lo son.
Ocando es reconocido en Venezuela y en Miami por sus reportajes anticastristas y contra el régimen de Maduro. Desde esa ciudad estadounidense ha desarrollado una serie de artículos que dan cuenta del testaferro colombiano de Maduro, Álex Saab; del “lucrativo negocio” de la inmigración ilegal de venezolanos a Chile, y escribió el citado reportaje de las millonarias cuentas de los políticos chilenos, más el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
La publicación fue el 4 de enero y bajo el título “Las cuentas secretas de la política chilena”, Ocando aseguró haber tenido acceso a poderes firmados por abogados a nombre de los políticos en cuentas de Luxemburgo, Islas Caimán, Zúrich, Nueva York, Nueva Zelanda, Mónaco, Miami, Gibraltar y Trinidad y Tobago.
Sin embargo, al ser consultado por El Líbero (el medio de comunicación chileno denunciado ante el Consejo de Ética de los medios por Mario Desbordes), Ocando afirmó tener “las evidencias detalladas que respaldan nuestro reportaje, incluyendo números de cuentas, beneficiarios, tipos de cuentas, que pueden ser verificadas si algún organismo en Chile se decide a investigar y pedir la información a estos bancos”.
Entre los periodistas venezolanos, Casto Ocando no tiene buena reputación profesional, pues sería –de acuerdo a la descripción que hacen de él– “un armador de ollas”, término acuñado por la prensa de Venezuela para referirse a los profesionales que –con un dato no chequeado– construyen crónicas que muchas veces terminan siendo fake news. Y una de estas es lo ocurrido con “Las cuentas secretas de la política chilena”.
Al día siguiente de la publicación en Primerinforme.com, el analista Patricio Navia la respaldó en Twitter al señalar que “Casto Ocando @cocando es un periodista venezolano que trabajó en Miami Herald y Univisión. Ganó un Emmy. No es un bot. Atención a esto / Las cuentas secretas de la política chilena”.
Ese mismo día, Desbordes le respondió en la misma red social que se trataba de “Información falsa, usando un montaje, usted respalda esa operación política?”. No hubo contraataque de Navia, aunque sí un gran enfrentamiento entre los tuiteros que apoyaban a Navia y otros que lo cuestionaban por su tuit.
Como Navia, el candidato a alcalde por Las Condes por el Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, también se sumó rápidamente en la difusión de la fake news, lo mismo que el actor Vasco Moulian y Christian Espejo, quienes –según fuentes de Chile Vamos– son conocidos como operadores de la UDI.
A partir de ahí, las cuentas de ultraderecha comenzaron a mover el artículo a través de Twitter, Facebook y redes de WhatsApp.
Con un alcance limitad0 y sin lograr que la noticia falsa de replicara en Chile, la publicación del segundo artículo contó con una estrategia digital distinta, esta vez de alcance internacional. El principal influencer de la publicación del 7 de febrero, fue el mismo director del diario El Nacional, Miguel H. Otero, con 1. 7 M de seguidores; le siguieron las cuentas de Nelson Bocaranda y Napoleón Bravo, ambos con más de 1 M de seguidores.
Estas últimas cuentas, junto a la de Ocando, continuamente han aparecido multiplicando contenidos de fake news, relacionadas con medios que sostiene la Fundación Atlas Network.
La Red Atlas es una ONG con sede en los Estados Unidos que tiene como objetivo promover políticas económicas de libre mercado en todo el mundo. Los promotores principales de Atlas Network son Heritage Foundation (el ala derecha del Partido Republicano), que entró en los gobiernos de Reagan, George Bush hijo y Trump. Esta fundación, en su versión latinoamericana, recoge en su alero a ONGs y centros de estudios ligados a la derecha económica, a la derecha conservadora católica y a la ultraderecha.
La organización ha proporcionado cientos de subvenciones a grupos derechistas de promoción del libre mercado en América Latina, incluyendo a grupos que respaldaron el Movimiento Brasil Libre contra la otrora presidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016. Atlas financió la Fundación Pensar, un think tank que se fusionó con el partido político formado por Mauricio Macri, empresario que se convirtió en presidente de Argentina.
En Chile están asociados a esta red desde la Fundación Libertad y Desarrollo, que dirige Marcela Cubillos –esposa del canciller Andrés Allamand–, hasta Ideas Republicanas -el think thank de José Antonio Kast- y Nueva Mente, la fundación de María Teresa Marinovic, pasando por la Fundación Prensa Libre, que edita El Líbero.
