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«La paradoja de la propuesta de regulación de plataformas digitales, que propone este proyecto, es que parece tener las intenciones correctas: entrar en un debate que requiere atención legislativa para asegurar el interés público en el uso presente y futuro de la tecnología como mecanismo de expresión y de ejercicio de derechos civiles y políticos, además de económicos, sociales y culturales. No obstante, termina limitando todos esos derechos por la vía de establecer obligaciones estrictas y regímenes de responsabilidad objetiva sobre términos vagos e imprecisos, que sólo generan incentivos a la censura, la recogida de datos personales y controles adicionales por parte de las empresas a las que se acusa de un rol deficiente», aseguran.
ISOC Chile, o el Capítulo Chile de la Internet Society (ISOC, por sus siglas en inglés), manifestaron su preocupación por la discusión del proyecto de Ley de plataformas digitales presentado en el Congreso y que actualmente está en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado.
«El presidente de dicha Comisión -el senador PPD Guido Girardi- abrió la sesión, del pasado 4 de octubre, haciendo referencia a que ‘paradojalmente Internet partió como un espacio de autonomía, de inclusión, de disolución del poder. Pero hemos llegado a un momento en que -como nunca antes-, el poder ha estado concentrado, centralizado, en tan pocas manos a partir de la apropiación de los datos por algunas plataformas, chinas y americanas, y el control total de la Inteligencia Artificial (IA). Y un conjunto de prácticas que se disputan es la geopolítica del futuro, de controlar el combustible del siglo XXI, que son los datos, y tener el control de los algoritmos y, así, de la IA'», comienzan señalando.
Después, refutan a Girardi agregando que durante años, activistas y académicos desmintieron que «Internet sea un espacio sin regulación. Por el contrario, las leyes que gobiernan la libertad de expresión fuera de la red aplican también en Internet, incluyendo los estándares internacionales de derechos humanos, que provienen de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Ellos se aplican a los contenidos que circulan en Internet: la incitación a la violencia, el acoso, o la infracción de derechos de propiedad intelectual; son todas formas de expresión reguladas tanto en espacios digitales, como en espacios físicos. No obstante, los mecanismos para hacer valer esas reglas -cuando existen empresas que facilitan aquellas expresiones, resultan problemáticos y difíciles de establecer de manera consistente, sobre todo en relación a los estándares de derechos humanos que proscriben la censura previa (tanto en forma directa como indirecta), como lo señala el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones».
«La paradoja de la propuesta de regulación de plataformas digitales, que propone este proyecto, es que parece tener las intenciones correctas: entrar en un debate que requiere atención legislativa para asegurar el interés público en el uso presente y futuro de la tecnología como mecanismo de expresión y de ejercicio de derechos civiles y políticos, además de económicos, sociales y culturales. No obstante, termina limitando todos esos derechos por la vía de establecer obligaciones estrictas y regímenes de responsabilidad objetiva sobre términos vagos e imprecisos, que sólo generan incentivos a la censura, la recogida de datos personales y controles adicionales por parte de las empresas a las que se acusa de un rol deficiente», aseguran.
Es decir, según ISOC Chile, este proyecto genera incentivos «para que sea el gato el que cuide la carnicería y, que para hacerlo, recoja más (y no menos datos), utilizando un mayor número de herramientas automatizadas para controlar el comportamiento de sus usuarios: la mentada IA».
«Lo que genera esta propuesta es que las plataformas, en tanto intermediarios, tengan más estímulos para controlar y limitar la expresión, recoger más datos para tomar las decisiones rápidas que se les piden, y ser más conservadoras en interpretar qué expresiones son aceptables dentro de ellas, evitando así correr riesgos de responsabilidad objetiva. En definitiva, que tengan más poder, no menos», señalan.
Por tal motivo, desde ISOC Chile piden un «debate serio, abierto y participativo, digno de la complejidad del problema, sin personalismos, agendas propias, y sin pantomimas afectadas, que acusen faltas de respeto donde se hacen críticas técnicas».
En la parte final, junto con destacar que no buscan faltar el respeto a los integrantes de la comisión, tienen que «advertir que se cometería tal falta hacia la ciudadanía si se intentara legislar apresuradamente, sin oír a las múltiples partes que desean aportar su experiencia técnica, obviando la urgencia de articular una regulación ajustada a las necesidades del país, a los estándares internacionales y, en particular, al ejercicio de derechos fundamentales. En ese sentido, la tarea es que la tecnología sea un territorio de expresión de los derechos, no una entorpecedora de ellos».
