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Aseguran que una multa determinada por la Dirección de Obras Portuarias contra la empresa fue respondida con una querella por prevaricación administrativa en contra del futuro subsecretario. Flavia Torrealba, vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social, aseguró que esta denuncia “no empaña sus 20 años en el servicio, y surgen ante quienes ven el MOP como un botín político y temen que una persona que ha defendido al Estado asuma este nombramiento”.
A través de una minuta se dio a conocer el fundamento tras la decisión adoptada por el futuro subsecretario de Obras Públicas, Alfredo Gutiérrez, quien decidió iniciar un proceso disciplinario contra una empresa por incumplimiento de contrato en la construcción de una barcaza que conecta a Villa O’Higgins, cuando era Director Nacional de Obras Portuarias.
El próximo subsecretario del gobierno del Presidente electo Gabriel Boric, en su calidad de funcionario de la entidad ligada al MOP, es acusado por Construcciones y Obras Marinas V y S S.A por causar «serios perjuicios a la empresa y a sus colaboradores y accionistas», entre otras cosas, al pagar de forma desfasada un contrato millonario para “el diseño y construcción de un transbordador en el Lago O’Higgins, ubicado en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, licitado por la Dirección Nacional de Obras Portuarias”.
Una nueva barcaza estaba informada para el mes de diciembre del año pasado. Pero cambios en las cláusulas del contrato entre la empresa querellante y el MOP, motivaron a la empresa a presentar la acción judicial, paralizando la incorporación de la barcaza que venía a dar solución a los problemas de conectividad de las familias del Lago O’Higgins.
Tal como detalla el documento emanado de la Dirección de Obras Portuarias, (DOP), el Ministerio de Obras Públicas adjudicó en 2019, —fecha en que el ingeniero civil y funcionario del MOP por 22 años, Alfredo Gutiérrez figuraba como Director de la DOP— la construcción de una barcaza que permitiera el reemplazo de la Barcaza Integración que funcionaba desde 1992, cuya función era conectar familias por vía lacustre al sector de Villa O’Higgins con fines de comercio y aprovisionamiento.
Dicha licitación en su primera adjudicación habría sido suspendida frente al incumplimiento de la empresa licitante, sin embargo tras una resolución de la alcaldía local, que habría aceptado disminuir el tamaño de la embarcación, este contrato pudo concretarse con otra firma armadora por 1.700 millones de pesos bajo la cláusula de que su construcción se efectuaría en Villa O’Higgins.
La mencionada minuta sostiene que tras el advenimiento de la pandemia y otros inconvenientes administrativos obligaron a la empresa a solicitar a la Dirección de Obras Portuarias la posibilidad de terminar la fabricación de la barcaza en Puerto Montt, asumiendo los costos de traslado a Villa O’Higgins, lo que sumado a una solicitud sobre la marcha de condiciones financiera del contrato, determinaron su incumplimiento.
Por este motivo la Dirección de Obras Portuarias habría determinado una multa contra la empresa, lo que —aseguran—fue respondido por los licitantes con una querella por prevaricación administrativa en contra del futuro subsecretario.
Flavia Torrealba, vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social, aseguró que esta denuncia “no empaña sus 20 años en el servicio, y surgen ante quienes ven el MOP como un botín político y temen que una persona que ha defendido al Estado asuma este nombramiento”.
En esta línea insisten en que se actuó de forma correcta en el proceso administrativo pues la obligación firmada en la licitación era entregar la barcaza en Villa O’Higgins y esto no se cumplió , no pudiéndose demostrar argumentos que justificasen mayores costos asociados al retraso de la obra por lo que se procedió a multar a la empresa».
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