PAÍS
Los gobernadores Jorge Díaz Ibarra (Arica y Parinacota), José Miguel Carvajal (Tarapacá) y Ricardo Díaz (Antofagasta), dijeron que han trabajado unidos, siempre con el foco de mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida para los habitantes de sus regiones. Y solicitaron de “manera urgente” que el Gobierno tome las acciones pertinentes y mandate y despliegue las autoridades nacionales y regionales en el territorio, con el fin de resolver los problemas de seguridad y atender de manera prioritaria la crisis migratoria que afecta a toda la macrozona norte desde hace más de dos años”.
Un día después de que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera anunciara el «estado de excepción» en varias localidades fronterizas del norte y la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, la confusión y el descontento aumentaron entre los extranjeros que arribaron a los pasos fronterizos con Bolivia.
En Colchane, provincia de Tamarugal, decenas de migrantes se agolparon sin certezas a la espera de ingresar al país o ser reconducidos hacia Bolivia, según pudo corroborar Efe.
En la víspera, el Gobierno anunció la entrada en vigor del reglamento de la nueva ley de migraciones, promovida por el conservador Sebastián Piñera para endurecer las fronteras.
Además, decretó «estado de excepción», un régimen que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas, en cuatro provincias: Tamarugal, El Loa, Arica y Parinacota, en la frontera de Chile con Bolivia y Perú, al norte.
Estas medidas se tomaron tras dos jornadas de paros y huelgas de camioneros que exigían más seguridad en las carreteras y el freno de la migración por pasos clandestinos tras la muerte el jueves de un transportista durante una supuesta confrontación con un grupo de extranjeros.
Pese a que la nueva ley de migraciones entró en vigor en 2021, faltaba la aprobación del reglamento, que fue publicado el sábado en el diario oficial y permitirá agilizar las expulsiones e incluso hacer «devoluciones en caliente», sin un procedimiento judicial.
Decenas de migrantes dijeron a Efe que las autoridades policiales los orientaron este domingo a realizar un proceso de autodenuncia, donde, en caso de resultar con antecedentes, serían devueltos al país vecino.
Sin embargo, en horas de la mañana, el complejo fronterizo de Colchane cerró sus puertas desencadenando una manifestación de parte de familias y viajeros que pasaron la noche a la intemperie pese a contar con un test PCR.
«No tenemos por qué pagar los delitos de otras personas. Delincuentes hay en todos lados, independiente de su nacionalidad. Nosotros venimos a sacar adelante a nuestras familias», señaló a Efe Andrea Durán, una joven venezolana, que protestó junto a su hijo.
Un total de 39 adultos y un número indeterminado de niños fueron conducidos a Bolivia, aunque las autoridades de ese país no aclararon si serían recibidos.
El caos también se apoderó del campamento temporal dispuesto por el Gobierno para atender a los migrantes ya en Colchane, que acabó colapsado tras los paros de transportistas que impidieron el traslado de personas hacia refugios de larga estadía.
En estas provincias y otras zonas del norte de Chile existe desde hace meses una fuerte crisis migratoria con la llegada masiva de personas indocumentadas y la celebración de huelgas contra la migración, paros de camioneros y ataques xenófobos.
Los inclementes pasos altiplánicos del norte siguen formando la principal ruta de ingreso irregular a Chile, que pese a la pandemia y la crisis social de 2019, sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
En total hay 1,4 millones de migrantes en el país, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Después de dos días de huelgas de transportistas, el tráfico volvió a la normalidad en la mayor parte del país excepto en la región de Tarapacá (norte), donde continuaron las manifestaciones y el bloque parcial a un aeropuerto regional que suspendió la mayor parte de sus vuelos.
En paralelo, y a través de un comunicado, los gobernadores de Arica, Tarapacá y Antofagasta, las tres regiones más septentrionales, emplazaron al ministro Delgado a concretar otro de los anuncios: el aumento de las policías y los recursos e infraestructura prometidos para combatir la delincuencia.
«Exigimos que el Gobierno resuelva de manera seria y responsable este conflicto, implementando de manera urgente las medidas anunciadas», sentenciaron.
El estado de excepción está pendiente todavía de ser decretado oficialmente por el presidente, algo que se presume podría suceder la próxima semana.
Los gobernadores Jorge Díaz Ibarra (Arica y Parinacota), José Miguel Carvajal (Tarapacá) y Ricardo Díaz (Antofagasta), dijeron que han trabajado unidos, siempre con el foco de mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida para los habitantes de sus regiones.
“La ciudadanía es testigo que permanentemente, hemos destinado los recursos necesarios en materias de seguridad; también hemos trabajado con los organismos competentes, alcaldes, consejeros regionales, organizaciones gremiales, sociales y religiosas, con el ánimo de poder superar la crisis que hoy enfrentamos”, argumentaron.
En ese sentido, solicitaron de “manera urgente” que el Gobierno tome las acciones pertinentes y mandate y despliegue las autoridades nacionales y regionales en el territorio, con el fin de resolver los problemas de seguridad y atender de manera prioritaria la crisis migratoria que afecta a toda la macrozona norte desde hace más de dos años”.
“No obstante, todas las acciones que se han realizado a la fecha han resultado infructuosas e insuficientes por parte del gobierno”, afirmaron, reafirmando los siguientes puntos:
«1.- Valoramos la puesta en marcha la nueva Ley de Migraciones N°21.235, pero creemos necesario que se indique como se financiará su implementación (dotación, infraestructura y habilitación de complejos fronterizos 24 Hrs.), la acción de reconducción, ya que hoy los pasos fronterizos se encuentran cerrados (Chacalluta, Chungará, Colchane y Ollagüe).
2.- Respecto al decreto de Estado de Excepción, se requiere que se indique el número real de efectivos del Ejército por cada región.
3.- De acuerdo con la minuta entregada por el ministro del Interior, solicitamos conocer en detalle, el plan especial que se implementará para el fortalecimiento de las medidas de seguridad para la macrozona norte (plan de intervención en barrios y rutas de mayor conflicto). Además, se solicita que se clarifique si las medidas indicadas en el punto tres Plan Especial de Carabineros (equipamiento logístico y capacitación), indicando si estas serán las mismas para todas las regiones de la macrozona norte.
4.- Solicitamos el compromiso del gobierno, de aumentar la dotación, de manera permanente, en un 30% de las fuerzas de Orden y Seguridad, tanto para el resguardo de la ciudadanía como de nuestras carreteras.
5.- solicitamos que se instale en la macrozona norte de forma permanente el subsecretario (Juan Francisco) Galli y sus equipos, con el fin de coordinación de forma descentralizada y en terreno cada una las acciones comprometidas, y con ello mostrar el real compromiso de avanzar en soluciones integrales para la macrozona norte
6.- Por último, pedimos información sobre las medidas que adoptará el ministerio del Interior, respecto a los campamentos de migrantes ubicados en cada región».
“Los Gobernadores de la macrozona norte, exigimos que el gobierno resuelva de manera seria y responsable este conflicto, implementando de manera urgente las medidas anunciadas por el ministro del Interior y Seguridad Pública, colocándonos a disposición con el fin de lograr resolver las demandas de la ciudadanía y con ello disminuir la inseguridad y la violencia en nuestras regiones”, cerraron.
