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El abogado Juan Carlos Manríquez solicitó que el Tribunal Constitucional suspenda la causa, ante eventuales diligencias contra el ex uniformado.
La defensa del general (r) Ricardo Martínez, excomandante en jefe del Ejército, acudió al Tribunal Constitucional (TC) acusando que en la investigación contra el ex oficial existen faltas al debido proceso, además de “contrabando legislativo”. Por estos motivos, en la presentación realizada por el abogado Juan Carlos Manríquez, se solicita que el TC decrete la suspensión de la indagatoria, especialmente considerando que existe el riesgo que se dicten diligencias en contra del exuniformado.
La acción legal presentada ayer por Manríquez, del estudio MBCIA Abogados, es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de la indagatoria que lleva adelante la ministra Romy Rutherford en contra de Martínez. En el documento, se indica que la investigación cuenta con dos falencias que van contrarias a la Constitución.
La primera, es que no se estarían respetando las reglas del debido proceso, pues Rutherford busca que el general (R) no pueda declarar en presencia de su abogado defensor.
La segunda es identificada como “contrabando legislativo”. Esto, señala el documento, hace referencia a que se han pasado por encima controles legales y constitucionales, con el objetivo de que el Congreso apruebe las leyes que permitieron la extensión del periodo de Romy Rutherford como ministra en visita para indagar el caso del Fraude en el Ejército.
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De acuerdo al requerimiento, estas situaciones “alteran la regla del juez natural, objetivo e imparcial, porque termina provocando el efecto, en la práctica, de tener a personas sometidas a un tribunal ad-hoc o comisión especial, lo que expresamente prohíbe la Constitución, y que es en lo que ha devenido el 2o Juzgado Militar de Santiago, Primera Fiscalía Militar de Santiago (ex Sexta), a virtud de la llamada `Ley Rutherford 2’”.
Asimismo, indica el escrito, “ese riesgo de anquilosamiento, dice la Doctrina, sin variar el tribunal impide nuevas miradas, profundiza una sola visión sobre los hechos en la misma persona que luego debe decidir si acusa y/o condena o absuelve, cuestión sumamente difícil de ocurrir si el proceso se va construyendo con lógicas de condenación en los investigativo y en la aplicación del derecho penal sustantivo, cerrando toda opción a tesis o interpretaciones alternas más razonables o simplemente no incriminantes”.
Ante esta petición, y bajo el riesgo de que la jueza decrete alguna diligencia contra Martínez, es que se solicitó que se paralice la causa. El requerimiento precisa es que esta medida no afectará a las apelaciones que aún deben verse por la Corte Suprema.
