PAÍS
El titular del juzgado 101 de Madrid, Pedro José Puerta, emitió una resolución que ordena al Estado chileno pagar cerca de 520 millones de euros a los propietarios españoles de El Clarín, confiscado por la dictadura de Augusto Pinochet el mismo 11 de septiembre de 1973.
Tras un litigio iniciado por el fallecido propietario de El Clarín, Víctor Pey, la justicia de España ordenó al Estado de Chile pagar la suma de 520 millones de euros a los accionistas del diario que fue confiscado durante la dictadura de Pinochet.
El matutino fue clausurado por los militares el mismo día del Golpe, después de 19 años de existencia. Sus bienes fueron confiscados, y sus periodistas y editores perseguidos y encarcelados. Ese día el diario no salió, los militares llegaron a las 04:00 a parar las prensas para impedir su circulación. Según su dueño, Víctor Pey, las máquinas fueron regaladas a El Mercurio.
Además, según consignó El País, «los activos del periódico en Chile siguen ocupados por los militares casi medio siglo después». Y es que El Clarín fue el diario chileno de mayor patrimonio y ventas de la época, con una línea editorial de apoyo al gobierno de la Unidad Popular (UP) encabezado por el Presidente Salvador Allende.
“El CIADI zanjó en 2020 la pugna jurídica al reiterar que los dueños de El Clarín tienen el derecho a ser compensados ‘de todo daño susceptible de evaluación financiera que podrán establecer’ y que su inversión de 1972 está bajo el amparo del Convenio de protección de inversiones extranjeras entre España y Chile. Este derecho tiene autoridad de ‘cosa juzgada’ desde 2008 en los 155 países que han ratificado el Convenio del CIADI, entre ellos España y Chile”, añadió el medio antes mencionado apuntando a la decisión del tribunal.
El fallo de la justicia española sucede a otros donde el Estado chileno ha debido desembolsar altas sumas de dinero por concepto de indemnización por los actos cometidos por la dictadura de Pinochet, que van de la mano con lo ordenado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial; un tribunal al que acuden los inversores extranjeros para reclamar por sus derechos no respetados.
La indemnización recae en las arcas fiscales del gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que la anterior administración de Sebastián Piñera, y de Michelle Bachelet, dilataran el pago de esta resolución, que data desde el año 2008, con una aplicación de 5% anual por concepto de intereses en demora.
“Al comunicar el auto el pasado 20 de diciembre a la representación del Estado chileno en Madrid y a su Procurador ante el juzgado, el Gobierno de Sebastián Piñera se negó a recibirlo y pidió remitirlo a Santiago, lo que el juzgado hizo. Sin embargo, cuando aún está por resolverse si la comunicación surtió en diciembre los efectos jurídicos que establece la ley procesal, es sobre el gobierno de Boric que caen las consecuencias que Piñera en sus dos mandatos al frente del país no haya cumplido la obligación de indemnizar, a pesar de que públicamente se comprometió a hacerlo”, aseguró el medio español.
Cabe mencionar que la primera acción de los militares sublevados fue silenciar a los medios partidarios del régimen constitucional. El Clarín era uno de ellos, si no el principal, en virtud de los casi 250 mil ejemplares vendidos diariamente. El propietario del matutino, el empresario chileno-español Víctor Pey Casado, sostuvo que los efectivos del Ejército irrumpieron alrededor de las 4:00 horas en oficinas y talleres del diario El Clarín, situadas por entonces en calle Dieciocho 263. Con la clausura de este medio impreso, la naciente Junta Militar infligía un golpe demoledor a la libertad de expresión y al pluralismo informativo.
