Dicha política se daría a conocer durante el mes de octubre. Según el SerMig, la reunificación familiar, responder a víctimas de trata de personas y la necesidad de hacer frente al déficit de fuerzas de trabajo podrían incluirse como eventuales causales. Y es que, según el director del ente estatal, la idea de regularizar la situación de los migrantes se da porque es prácticamente «inviable» expulsar a 127 mil personas.
El director del Servicio Nacional de Migraciones (SerMig), Luis Eduardo Thayer, reveló que ha habido un explosivo aumento en el número de migrantes irregulares en el país. Señaló que alrededor de 127 mil personas ingresaron de manera irregular a Chile, desde 2018 a la fecha, frente a las 16.650 denuncias por ingresos irregulares contabilizadas entre 2013 y 2017. Frente a esta situación, el Ejecutivo busca mecanismos y criterios para regularizarlos.
«Según los registros de la PDI, hay alrededor de 127 mil personas que ingresaron de manera irregular desde 2018 a la fecha. Y el objetivo es avanzar en la regularidad por medio de mecanismos ordinarios, o sea, los que establece la ley. Hoy la ley permite regular niños, niñas y adolescentes y, además, dice que se pueden establecer mecanismos de regularización en la Política Nacional de Migraciones. Entonces, cuando esté la política se podrán definir mecanismos de regularización», afirmó Thayer, en conversación con La Tercera PM.
Dicha política se daría a conocer durante el mes de octubre, luego que el Gobierno estudie los criterios. De acuerdo a los dichos de Thayer al vespertino, la reunificación familiar, responder a víctimas de trata de personas y la necesidad de hacer frente al déficit de fuerzas de trabajo podrían incluirse como eventuales causales. Y es que, según el director del SerMig, la idea de regularizar la situación de los migrantes se da porque es prácticamente «inviable» expulsar a dicho número de personas.
«Cuando más se expulsaron personas en un año fueron un poco más de dos mil, entonces hay un problema. Hay que ver cómo lo resolvemos y, por lo mismo, se va a iniciar el proceso de empadronamiento que anunció el Presidente. Se va a revisar caso a caso, vamos a revisar si la persona tiene antecedentes penales y cuando haya mérito para la expulsión, se va a hacer, pero también hay atenuantes que considera la ley”, añadió Thayer al rotativo.
La intención, según afirmó el funcionario público, sigue siendo «fortalecer las vías regulares de acceso al país ligadas con el acceso al trabajo. Por eso queremos habilitar que en nuestra plataforma las personas postulen a oportunidades de trabajo al mismo tiempo que tramitan su visa».
Respecto de las reconducciones, el Servicio Nacional de Migraciones contabiliza 12.193 iniciadas, pero solo 1.225 materializadas. 10.968 han sido rechazadas porque Bolivia no recibe personas reconducidas. Por esta razón, previa coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio estatal se reunirá con autoridades bolivianas durante los próximos días.
Las personas que no han podido ser reconducidas a su país de procedencia, permanecen en Chile, se les cursa un parte por ingreso clandestino, se les abre un expediente para su expulsión, quedan con firma semanal en la PDI, y el Registro Civil está mandatado para enrolarlos y entregarles un RUN provisorio.
Desde el SerMig precisan que desde el 2 abril se han emitido 631 resoluciones de inicio de procedimiento de expulsión administrativa. Y se ofició al Ministerio de Defensa para que se ponga a disposición aviones de la Fach para la expulsión de 180 personas en los próximos meses. Estas definiciones se encuentran «atascadas», debido a la gran cantidad de solicitudes de visa pendientes.
Uno de los que mostró preocupación por el asunto fue el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien sostuvo al medio antes consignado que «hay que evitar a toda costa que este tipo de anuncios generen un efecto llamada y que personas, que quizás pueden ser víctimas de traficantes, crean que ingresando clandestinamente podrán regularizar su situación». Y agregó que «se corre el riesgo de que cada vez haya menos regularidad migratoria en el futuro».