Es claro que no se puede depositar esperanzas en esta institucionalidad para salir de esta crisis estructural, la única posibilidad de respuesta es la organización en los territorios, la convergencia de la buena gente en la construcción de una fuerza social política que aspire a la toma del poder local, para desplazar a la élite con un proyecto de país que surja desde la base ciudadana. Allí está el desafío y la esperanza de los pueblos de Chile.
En Chile la democracia y su sistema político se sostiene, más allá de toda fundamentación mínimamente lógica, en un modelo de partidos políticos, que no cuenta con ningún punto de apoyo para su funcionamiento, evaluación y necesario perfeccionamiento en un mundo cambiante.
Se tiene que entender tal situación, partiendo en que su diseño salió desde las manos de una dictadura cívico militar, con una intención marcada de hacer apología de la despolitización ciudadana, usando todo su poder para generar esa condición, desde el terror, la desarticulación del sistema educacional y una constitución impuesta con un sinnúmero de artículos antidemocráticos, que se fueron limando en las últimas décadas con reformas, que sin embargo, no le hicieron perder su esencia antidemocrática.
En lo básico, los partidos en Chile por largo tiempo no fueron financiados estatalmente, y esto generó la dominación del empresariado, quienes los financiaron, con independencia de su denominación ideológica, a cambio de contar con leyes que solo perpetúan sus privilegios económicos y sociales. Esto fue un caldo de cultivo para la corrupción política y empresarial sin límites, con la impunidad en la desestimación de casos desde el ministerio público (cuya autoridad máxima es, justamente, electa por ese mismo poder político).
Dentro de las reformas que ha tenido el modelo político chileno, se destacan las realizadas en el año 2016 como son la ley 20900 que modifica sustancialmente las normas sobre financiamiento a los partidos políticos y la ley 20915 que transforma la naturaleza jurídica de estos.
En las modificaciones realizadas en el año 2016 aparece el artículo 56 que establece mínimos de votación y representatividad para que un partido continúe siendo legal: «un partido perderá su legalidad sino obtiene el 5 % de los votos de la última elección o sino no logran elegir cuatro parlamentarios en ocho regiones, en tres regiones contiguas o en dos regiones distintas»
Consideramos que así, este modelo legaliza la exclusión de partidos, en un acto discriminatorio pues no valora la elección de cargos de poder local, ni permite la expresión de la diversidad ideológica, es antidemocrático, al no reflejar la real representatividad de la totalidad de la sociedad y que además atenta contra la libertad de derecho político, y por tanto, es urgente su revisión y modificación.
En el caso del Congreso chileno, la última encuesta CEP de abril -mayo de este año señala que la confianza ciudadana en el Senado es de un 10%, y la Cámara de Diputados obtiene idénticamente 10% de la población. Aún más abajo aparecen los partidos políticos, quienes exhiben solamente un 4% de confianza ciudadana.
En estas décadas, por lo descrito, la esencia de la militancia y mística política termina quebrantada. Numerosos ejemplos de renuncias, quiebres, cambios de partido, acomodaticios, propósitos que hacen navegar de una tienda política a otra son noticia de cada día.
Se ha instalado en algun@s politic@s un verdadero ejercicio y profesionalismo para cambiar de asiento y pertenencia de una militancia equis, tal cual como en el juego de la sillita musical, olvidando sus orígenes, fundamentos ideológicos, buscando alcanzar un puesto en las instancias de la elite del poder político.
Está inconsistencia ideológica, que no persigue más que tener el poder de manera personal, confunde a una ciudadanía ya despojada de la tan valiosa educación cívica, que va reconociendo rostros repetitivos, sin ir más allá en el conocimiento de las propuestas políticas presentadas y desde qué ideología se están levantando, en una política del marketing y la farándula.
Un parlamento en estas condiciones, en que además se conjugan, por una parte la imposibilidad de llevar adelante políticas públicas que involucren financiamiento estatal (que son aquellas que se necesitan con urgencia en la base social); y por otra, la autonomía de los electos que legalmente impide responder a sus partidos en sus actuaciones, termina por degradar la política, debilitando al máximo a los partidos, y permitiendo un espectáculo escandaloso, inoperante para modificar positivamente las condiciones inhumanas en que viven las mayorías del país.
Todo lo descrito no pasaría de un mal chiste, sino fuera porque tal inoperancia parlamentaria perpetúa una condición insufrible en las mayorías asalariadas, cesantes, jubiladas y de niñas, niños y adolescentes de Chile.
Yendo a los ejemplos concretos, los campamentos aumentaron cuando Chile creció más en sus índices macroeconómicos.
Según el análisis realizado al catastro del ministerio de vivienda, en este se caracterizan como campamentos los “asentamientos preferentemente urbanos, de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos 1 de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado) y cuyas viviendas son precarias, y se encuentran agrupadas y contiguas”.
El estudio también hace un desglose de campamentos por región. Ahí, se revela que la región con más campamentos es región de Valparaíso (255), seguida de región del Biobío (156) , región Metropolitana (142), región de Atacama (106) y región de Antofagasta (85).
Asimismo, establece que el 51% de los habitantes en estos hogares son mujeres y el 36% son migrantes.
Otra muestra de esta nefasta condición, son los índices que revelan un acelerado deterioro de la empleabilidad. La Tasa de Desempleo Integral para el trimestre junio – agosto de 2022 se situó en 10,9%, correspondiendo a un 10,2% para los hombres y 11,7% para las mujeres.
Desde Fundación SOL afirman que persisten los problemas estructurales en el empleo, ejemplo de ello es la Tasa de Subutilización de la Fuerza de Trabajo (SU4) que alcanza un 19,6%, es decir, 2.055.733 personas. Este indicador refleja el porcentaje de personas con desempleo parcial, total o potencial y evidencia la presión sobre el “mercado laboral”, pues incluye a quienes declararon disponibilidad y la posibilidad de empezar pronto un trabajo.
Así las cosas, es claro que no se puede depositar esperanzas en esta institucionalidad para salir de esta crisis estructural, la única posibilidad de respuesta es la organización en los territorios, la convergencia de la buena gente en la construcción de una fuerza social política que aspire a la toma del poder local, para desplazar a la élite con un proyecto de país que surja desde la base ciudadana. Allí está el desafío y la esperanza de los pueblos de Chile.
