PAÍS
La titular de la Segpres Ana Lya Uriarte, señaló que el itinerario está claro. Este martes 27 de diciembre, hasta las 12 del día, hay plazo para ingresar indicaciones. Además, habrá una sesión durante la tarde del mismo día, a objeto de discutir dichas indicaciones; las que serán votadas el próximo miércoles 28 de diciembre. «Todo esto, con el objetivo de tratar de llevar adelante una tramitación lo más ágil y rápida posible, para que podamos tener un proceso constituyente habilitado durante el año 2023», comentó la secretaria de Estado. Respecto de las indicaciones, el senador y presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde (PS), recalcó que «se van a clarificar ciertos puntos, pero no para cambiar el acuerdo».
La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la reforma constitucional que surgió tras el «Acuerdo por Chile» —suscrito por las fuerzas políticas con representación parlamentaria— y que busca habilitar un nuevo proceso constituyente.
El presidente de la instancia, el senador Matías Walker (Demócratas), dijo que la intención es despachar el texto desde la Sala durante la próxima semana.
También te puede interesar:
La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, señaló que el itinerario está claro. Mañana martes 27 de diciembre, hasta las 12 del día, hay plazo para ingresar indicaciones. Además, habrá una sesión durante la tarde, a objeto de discutir dichas indicaciones que serán votadas el día miércoles 28 de diciembre. «Todo esto, con el objeto de tratar de llevar adelante una tramitación lo más ágil y rápida posible, para que podamos tener un proceso constituyente habilitado durante el año 2023», comentó la secretaria de Estado.
Desde el Gobierno ingresaron la solicitud de discusión inmediata. Sin embargo, como esta semana es distrital para los parlamentarios, no ha habido sesión de Sala y no se ha dado cuenta de esta solicitud. De todas formas, la iniciativa, según la ministra Uriarte, «se está tramitando con el impulso de la propia Comisión de Constitución y la próxima semana —cuando retornen los senadores de la semana distrital—, se reunirá la Sala para dar cuenta y tomar las decisión que corresponda».
En la sesión se discutió la posibilidad de retrasar dos semanas la elección del Consejo Constitucional, ya que el 14 de mayo acordado coincide con el Día de la Madre, una fecha «muy sensible para la gente y muy importante para el comercio», según explicó el senador Walker.
Respecto del itinerario, la titular de la Segpres destacó que han hecho presente la circunstancia de que se ha fijado la elección de consejeros constitucionales para el próximo 14 de mayo. Por lo tanto, «hemos puesto sobre la mesa un tema de interés para que sea revisado por el Senado».
«Siempre dijimos que los plazos estaban subordinados al tiempo de tramitación del proyecto y al informe técnico del Servel», manifestó el Presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), junto con recordar que cuando se presentó el acuerdo «fuimos explícitos que el itinerario podría sufrir ciertas modificaciones, conforme a las necesidades que expresa el Servel y los tiempos de tramitación de la iniciativa».
«Estamos abiertos a definir fechas, en el marco de los que se ha propuesto, un par de semanas más o menos», agregó el senador Elizalde.
Respecto de las modificaciones, el legislador del PS recalcó que se van a «clarificar ciertos puntos, pero no para cambiar el acuerdo».
Cabe mencionar que el Senado inició la tarde de este lunes 26 de diciembre la discusión del proyecto que habilita el nuevo proceso constituyente, reforma clave que deberá validarse en ambas cámaras del Congreso.
Según comentó previamente a la prensa el senador Walker, se esperaba «no introducir mayores modificaciones al texto», en tanto es «fruto de un acuerdo (…) y la idea es que si hay modificaciones que surjan del debate, si hay que hacer precisiones, estas surjan de común acuerdo».
El acuerdo político para dar continuidad al proceso constituyente ingresó como proyecto de reforma el pasado miércoles 21 de diciembre luego de más de tres meses de negociaciones entre las fuerzas con representación parlamentaria, pacto que destrabó complejos nudos como la composición del órgano redactor, la participación de expertos y sus requisitos mínimos.
Se estableció, a su vez, que los participantes en el proceso de redacción (50 integrantes del Consejo Constitucional electo, 24 expertos y los 14 juristas que formarán parte de la Comisión Técnica de Admisibilidad que actuarán como una suerte de árbitro) sean remunerados.
Los consejeros recibirán 60 unidades tributarias mensuales (UTM) -unidad de cuenta usada en el país para pagos de tributos y multas actualizada según la inflación- (casi 4.200 dólares), los expertos cobrarán 30 UTM (casi 2.100 dólares), mientras que a los abogados se les pagarán 10 UTM (casi 2.750 dólares) por sesión, con un máximo de tres sesiones al mes.
Por otro lado, se resolvió que se reservarán una cantidad de escaños para pueblos originarios proporcional a la votación total obtenida a nivel nacional y que el margen mínimo para ser electos será de 1,5 % de los votos.
Sobre las fechas pendientes del calendario, se acordó que las elecciones de consejeros constitucionales serán el 14 de mayo de 2023.
El acuerdo por un nuevo proceso constituyente se cerró el 13 de diciembre y fue suscrito por 14 fuerzas políticas desde la Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista.
Establece que el nuevo órgano que redactará la propuesta de Ley Fundamental se llamará Consejo Constitucional y estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía. Paralelamente, se instalará un comité de expertos designados por el Congreso (12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que sirva de base al consejo.
El pacto incluye además 12 principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional.
El 62,5 % de los chilenos rechazó el pasado 4 de septiembre la propuesta constitucional redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos políticos.
Unos días después, las fuerzas políticas iniciaron las negociaciones para iniciar un nuevo proceso porque, pese al rechazo en el plebiscito, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual.
