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El Gobierno del Presidente Boric se encuentra bajo el escrutinio de la oposición, arriesgando incluso una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, tras rectificar el número de indultados informados. Primero se dijo que eran 11 y, posteriormente, la cifra ascendió a 13 (12 en el contexto de la violencia registrada durante el estallido social, más el exfrentista Jorge Mateluna). El error se sumó a una equivocación del propio Mandatario, cuando defendía precisamente su facultad como Jefe de Estado para otorgar el beneficio carcelario: hizo referencia a la Ley 19.050 que le otorga este poder, cuando en realidad es la 18.050 –lo que también fue rectificado a través de un comunicado–. Una seguidilla de errores numéricos en un tema que, además, ha sido abordado por Fiscalía y Corte Suprema –después que el Primer Mandatario aludiera a «irregularidades» en el caso de Mateluna– y que ha sido puesto en entredicho por el timing al que se ajustó. Si bien todos los ex Presidentes desde el retorno a la democracia han concedido indultos tanto al inicio como cerca del final de sus mandatos, en esta ocasión, de forma inédita, se realizó el anuncio un día antes de Año Nuevo y horas después que un grupo de diputados de la UDI enviara una carta advirtiendo de su salida de la mesa de negociaciones sobre seguridad, si ponía en marcha tal iniciativa.
«El indulto otorgado a Jorge Mateluna –exintegrante del FPMR incluido entre las 13 personas a las que el Mandatario indultó el pasado 30 de diciembre– se funda en las atribuciones que como Presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes. En particular, la Constitución en su artículo 32 N°14 y la Ley 19.050 que fija las normas generales para conceder indultos particulares».
Cometiendo el segundo error numérico de parte del Gobierno, ya que la ley que lo faculta a conceder indultos en realidad es la 18.050, el Presidente Gabriel Boric defendió la decisión tomada poco antes de finalizar el año 2022, tras recibir una serie de cuestionamientos por otorgar el perdón de la pena al mencionado exfrentista y a otras 12 personas condenadas en el marco de la violencia registrada durante las manifestaciones del estallido social de 2019. Esto, luego que en un principio La Moneda informara de manera oficial que la cifra de indultados era 11, lo que fue rectificado en un comunicado, al igual que el número de la mencionada ley.
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El indulto, recalcó el Mandatario, «es una atribución de la que quienes me antecedieron han hecho uso en diversos momentos». Y lo cierto es que todos los ex Presidentes –desde Aylwin hasta Piñera– han recurrido a la extinción de la responsabilidad penal de personas a lo largo de la historia. Sin embargo, en esta ocasión y de forma inédita, el anuncio se realizó un día antes de Año Nuevo y horas después que un grupo de diputados de la UDI enviara una carta advirtiendo que podían salirse de la mesa de negociaciones por el Acuerdo Transversal de Seguridad, si ponía en marcha tal iniciativa.
Cabe mencionar que la ministra Camila Vallejo defendió la medida, señalando que había sido comprometida durante la campaña presidencial. Sin embargo, esto no evitó que la tensión escalara hasta el Poder Judicial, pronunciándose al respecto tanto desde la Fiscalía como de la Corte Suprema.
Los magistrados del máximo tribunal del país no criticaron la decisión del Presidente de indultar a estas 13 personas condenadas, sino sus comentarios sobre las actuaciones de la justicia en la justificación sobre el indulto a Mateluna, que fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). En esa línea, emitieron un comunicado recordando cuáles son sus atribuciones y que «ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos».
«Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto», señaló el Mandatario sobre el beneficio que otorgó al exfrentista, argumentando que «hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia».
Gabriel Boric dijo compartir «plenamente el recordatorio que hoy realiza la Corte Suprema respecto de la importancia del inciso primero del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece de manera muy clara que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los contenidos o fundamentes de sus resoluciones (de los tribunales) o hacer revivir procesos fenecidos».
Junto con esta última declaración pública, el Primer Mandatario dijo esperar que quede zanjada la polémica, dejando en claro que cada Poder del Estado tiene el deber legal y constitucional de respetar las atribuciones del otro. «Solo así podremos fortalecer nuestra democracia», expresó el Presidente Boric, quien recalcó que todos sus antecesores han concedido el beneficio, siendo algunos más polémicos que otros.
En concreto, Patricio Aylwin otorgó 928 indultos particulares; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 343; Ricardo Lagos, 240; Michelle Bachelet (I), 67; Sebastián Piñera (I), 14; Bachelet (II), 10; y Piñera (II), 24. Resulta evidente que la tendencia va a la baja y, en tal sentido, prácticamente el país se encuentra en el nivel más bajo de indultos presidenciales desde el retorno de la democracia. Y si bien no hay justificaciones que expliquen este fenómeno, una de las razones podría ser el creciente cuestionamiento hacia esta facultad presidencial, ya que implica «intervenir» las decisiones del Poder Judicial, algo que el actual Jefe de Estado asegura tener bastante claro.
En el caso del ex Presidente Aylwin, por ejemplo, se justificó la decisión del indulto por tratarse de la liberación de una serie de presos políticos encarcelados bajo la dictadura. De hecho, el artículo citado por Boric se creó a partir de una reforma, específicamente para cumplir con el programa de Aylwin, que aspiraba a propiciar la reconciliación política del país y, en ese marco, a «que no quedaran presos políticos en las cárceles» durante su mandato.
En tanto, el caso de Frei Ruiz-Tagle fue uno de los más controvertidos. Del total de indultos otorgados por el ex Mandatario, 14 correspondieron a homicidios, 8 a parricidios, 56 a delitos ligados al tráfico de drogas –entre ellos Ángel Vargas, quien en 1989 trató de ingresar media tonelada de cocaína al país– y, los más comunes, por manejo en estado de ebriedad. Una situación que fue abordada por el ex Presidente en 2009, cuando intentó volver a La Moneda. «Todos los chilenos merecen una segunda oportunidad», afirmó el entonces abanderado de la Concertación en una actividad de campaña.
Pero no fue sino hasta el segundo Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet cuando, de hecho, se llegó a un mínimo histórico desde el retorno a la democracia, otorgándose solo 10 indultos, tres menos de los que concedió Sebastián Piñera entre 2010 y 2013. En dicho mandato, sin embargo, hasta agosto de 2019, Piñera ya había alcanzado 11 indultos.
Además, el ex Presidente Sebastián Piñera indultó al coronel en retiro del Ejército René Cardemil, quien cumplía condena en Punta Peuco por homicidio calificado reiterado en el marco del caso Torres de San Borja. Aunque, pese a la gracia concedida por Piñera, no se logró beneficiar al exuniformado, quien murió de cáncer el 7 de abril de 2018, un día después de que se tomara razón de la determinación presidencial.
Piñera aseguró que «una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio de que se muera en su casa». Opinión que incluso fue respaldada por el ex Presidente Ricardo Lagos.
Para todos los indultos otorgados durante el segundo mandato del ex Presidente Sebastián Piñera, se esgrimieron razones de salud del condenado, situación que debe ser revisada previamente por el Servicio Médico Legal (SML).
Cabe mencionar que, si bien el indulto presidencial es de exclusiva facultad del Jefe de Estado de turno, la ley establece que el beneficiario debe estar condenado por una sentencia definitiva y no puede haber sido juzgado por un delito terrorista. Para hacer efectiva esta solicitud, el preso debe ingresarla a través de Gendarmería, institución que posteriormente enviará todos los antecedentes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Uno de los indultos otorgados en 2018 fue para Ercira Soto Almonacid, condenada a 15 años y un día por el delito de parricidio. A sus 78 años, el entonces Presidente Piñera le otorgó el indulto por «razones humanitarias», ya que padecía de cáncer terminal. Soto murió ese mismo año a causa de su enfermedad.
De los 24 indultos otorgados durante la segunda administración de Piñera, 16 murieron tras ser beneficiados. Las causas fueron variadas, aunque en su gran mayoría fue debido a distintos tipos de cáncer.
Dentro de los indultos de Piñera hubo casos de personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Específicamente, cinco solicitudes fueron aceptadas: las de Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Víctor Manuel Mattig Guzmán, Raúl Ernesto Rojas Nieto, Hugo Prado Contreras y Juan Fernando Alfredo Torres Silva. Este último –exfiscal militar durante la dictadura– murió dos días después del anuncio. Estaba condenado a 10 años y un día por asociación ilícita en el caso del homicidio de Eugenio Berríos, el exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
También hubo 18 casos de condenados por delitos como tráfico ilícito de estupefacientes, robo con violencia, hurto, porte ilegal de municiones, entre otros.
Las situaciones de enfermos terminales condenados persistió durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, que registra el número más bajo de indultados desde el retorno a la democracia. Los condenados acogidos a esta figura padecían enfermedades como cáncer, VIH, tuberculosis, insuficiencias hepáticas y demencia por Alzheimer.
El detalle de los delitos cometidos muestra a autores de robos violentos, condenados por homicidio, por traficar drogas y por falsificación de instrumento público. En todos los casos, Bachelet argumentó «razones humanitarias» para indultarlos.
En 2015, la ex Mandataria concedió un emblemático indulto, tras recibir un informe médico que advertía sobre el grave estado de salud de una mujer condenada a 5 años y un día de cárcel en Iquique. El avanzado cáncer cervicouterino que padecía la autora de un robo en lugar habitado y el diagnóstico que le daba un «tiempo estimado de sobrevida, probablemente menor a tres meses», llevó a que la entonces Jefa de Estado concediera el primer indulto particular en favor de una mujer, quien llevaba tres meses cumpliendo su sentencia.
Otro conocido caso de indulto otorgado por la ex Presidenta Bachelet fue el de un preso que se encontraba en estado vegetal –herido tras un enfrentamiento entre internos del penal de Alto Hospicio–, a raíz de una solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en 2018. El caso movilizó al INDH de Tarapacá, que abogó por que el reo fuese beneficiario de un indulto presidencial respecto de su condena, lo que fue concedido por Bachelet el 19 de febrero.
También en 2018, la ex Jefa de Estado ingresó al Senado un proyecto de ley que buscaba eliminar el indulto particular a imputados por violaciones de derechos humanos. En su lugar traspasaba dicha facultad a los tribunales. Esta idea no prosperó en el Congreso, sin embargo, podría ser reflotada –aunque no de forma idéntica ni por los mismos fundamentos– por personeros de la actual oposición. Recientemente, tras conocerse los indultos otorgados por el Presidente Boric, la senadora Luz Ebensperger (UDI), junto a la bancada gremialista, presentó una reforma constitucional que elimina la facultad presidencial de otorgar indultos.
Condenados del estallido social:
Cristián Marcel Cayupan Queupil, de 30 años, fue sentenciado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado a una detective en Pudahuel (en 2019). La defensa argumentó que el indulto se solicitó por graves lesiones que sufrió Cayupan por la acción de otro funcionario policial.
El segundo indultado es Jordano Jesús Santander Riquelme, de 38 años, quien en 2021 fue condenado a 7 años y 4 meses de cárcel por el delito de homicidio frustrado contra un funcionario de la PDI en San Antonio, por el delito consumado de receptación y por impedir el libre ejercicio de la autoridad. Su defensa argumenta la solicitud en un deterioro de su salud mental.
El tercero de ellos es Felipe Eduardo Santana Torres, de 22 años, quien cumple una condena de 7 años de presidio por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en las inmediaciones de la catedral de Puerto Montt, en 2019.
Matías Rojas Marambio, de 21 años, fue condenado a 5 años de cárcel por lanzar un artefacto incendiario en las inmediaciones de Plaza Baquedano en 2019. Rojas fue uno de los imputados absueltos en el marco de la investigación por el delito de incendio en el Hotel Principado de Asturias.
En cuarto lugar se encuentra Alejandro Samuel Carvajal, de 22 años, quien fue sentenciado a 5 años y un día de presidio por el incendio que afectó a la sede de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) en 2019.
Francisco Andrés Hernández Riquelme, de 23 años, cumplía condena de 5 años de cárcel por lanzar un artefacto incendiario en la vía pública en las cercanías de Plaza Baquedano en 2019.
Asimismo, Claudio Romero Domínguez, de 21 años, fue condenado a 5 años y un día de prisión efectiva por los delitos de porte y lanzamiento de bombas incendiarias; y 61 días de cárcel por asociación ilícita en 2019.
Brandon Sebastián Rojas Cornejo, de 22 años, fue condenado a 5 años y un día de cárcel por delitos vinculados al lanzamiento de bombas molotov; 61 días por asociación ilícita y otras dos penas por desórdenes públicos cometidos en 2019.
Por otro lado, Juan Bastián Olguín Rivera, de 31 años, fue condenado a 3 años y un día de prisión como autor del delito de incendio; y 71 días como autor del delito de receptación. Según el Ministerio Público, el 21 de octubre de 2019, Olguín concurrió –junto a otras cinco personas– a una caseta de peaje en el kilómetro 191 de la Ruta 5 Sur, a la que lanzaron elementos contundentes para luego proceder a quemarla.
Luis Arturo Castillo Opazo, de 37 años, fue condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en noviembre de 2019. Castillo mantuvo una huelga de hambre como medida de presión para obtener la libertad.
Sebastián Emmanuel Montenegro Coo, de 25 años, fue condenado a una pena efectiva de 3 años y un día por el delito consumado de tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos o municiones en marzo del 2020. Fue detectado lanzando piedras a personal que intentaba dispersar a manifestantes.
Finalmente, el decimotercer indultado es Bastián Ignacio Campos Gaete, de 22 años, que recibió una pena efectiva de 3 años y un día; y 61 días de presidio por su calidad de autor del delito consumado de porte de artefacto explosivo o incendiario y robo frustrado en lugar no habitado.
El tribunal de Antofagasta acreditó que el 26 de noviembre de 2019, Campos sustrajo tres botellas de pisco desde un supermercado Santa Isabel. Esto, según el tribunal, mientras portaba una bomba incendiaria.
Jorge Mauricio Mateluna Rojas, de 48 años, es el único indultado por el Presidente Gabriel Boric que no participó de las movilizaciones del estallido social. Esto, ya que estaba condenado a 16 años de cárcel, sindicado como uno de los autores del asalto registrado en una sucursal de Banco Santander en 2013.
Cabe destacar que, en 2004, el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue indultado por el ex Presidente Ricardo Lagos, tras haber recibido condena perpetua a mediados de los 90 por formación y pertenencia a grupos armados de combate.
