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«Estamos en camas separadas de todas maneras. Aquí va a ser muy difícil que este matrimonio pueda volver a la cama juntos». De esta particular forma describía este miércoles el diputado Miguel Mellado (RN) la compleja relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano, después que la bancada de la colectividad fundada por José Antonio Kast decidiera dar su voto contrario a la acusación constitucional contra la exministra de Justicia Marcela Ríos, rechazada por amplio margen en la Sala de la Cámara. Y es que desde Renovación Nacional acusaron a los republicanos de ser «cómplices pasivos» del Gobierno en el episodio de los indultos, aumentando la tensión al interior de una fragmentada oposición, presa de sus diferencias y contradicciones, poniendo en duda la viabilidad de un hipotético libelo acusatorio en contra del Presidente Gabriel Boric.
Este miércoles, Chile Vamos sumó un nuevo fracaso en la Cámara de Diputadas y Diputados, al no conseguir que la base parlamentaria de oposición se alineara detrás de la acusación constitucional que presentaron en contra de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, la cual fue rechazada por 82 votos en contra, 49 a favor y 3 abstenciones. A la exautoridad de Gobierno se le acusaba de no haber fundamentado correctamente los decretos de los indultos, además de criticar su falta de control jerárquico en el otorgamiento de beneficios carcelarios a reos de la zona de conflicto mapuche.
Pero la fragmentación en la derecha comenzó a fraguarse días antes de la sesión de este miércoles, cuando la bancada del Partido Republicano decidió inclinarse en contra del libelo acusatorio, luego de que el descuelgue de algunos diputados de Chile Vamos le permitiera al oficialismo zafar de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Una situación que se complejizó en medio de la comisión revisora, que este martes rechazó el libelo contra Ríos, con voto del diputado republicano Benjamín Moreno.
El propio parlamentario explicaba, en la previa de la sesión de ayer, que «rechazo esta acusación constitucional, no porque crea que la exministra Ríos no estaba en conocimiento de que con su firma colocaba en la calle a criminales altamente peligrosos, ni porque no pudiera hacer más para evitar que terroristas sean tratados como presos privilegiados cada vez que amenazan con atentados: rechazo porque Marcela Ríos no indultó a Mateluna, fue el propio Presidente (Gabriel Boric)».
Como contraparte, desde Chile Vamos confrontaron a la bancada de la colectividad fundada por el excandidato presidencial José Antonio Kast, tildándolos de «cómplices pasivos» de los indultos, en relación con su postura contraria a la acusación contra Marcela Ríos. Al respecto, el diputado Miguel Mellado (RN) planteó que «Republicanos es cómplice pasivo de los indultos y de haber liberado a delincuentes y a terroristas. Esto es lo que demostró: que no tienen inconvenientes en venderse al Gobierno».
Además, el parlamentario de oposición dijo lamentar «que el Partido Republicano se esté desdibujando, porque llegó como impoluto a la política tratando de decir que nosotros (Chile Vamos) estamos haciendo las cosas mal, y yo quisiera preguntar: ¿qué cocinaron ellos con el Gobierno?, ¿qué les ofrecieron para tener esta voltereta tan grande?». En ese marco, Mellado se refirió al complejo estado de las relaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano, asegurando que «estamos en camas separadas de todas maneras. Aquí va a ser muy difícil que este matrimonio pueda volver a la cama juntos (…). Depende de ellos, porque son ellos quienes rompieron este matrimonio».
Desde el oficialismo, en parte, celebran la fragmentación de una derecha que está entrampada en sus propias contradicciones, y que le ha posibilitado zafar de un escenario que podría haber resultado incluso más desfavorable en su objetivo de sacar adelante su –hasta ahora puesto en duda– programa de reformas. En ese contexto, la diputada de Convergencia Social (CS), Emilia Schneider, afirmó que comienza a resquebrajarse un escenario donde «el Partido Republicano pone la música y el resto de la derecha baila al ritmo de Kast y compañía».
Por su parte, y en torno a lo que consideró una «disputa entre dos derechas», el diputado Leonardo Soto (PS) sostuvo que «a continuación, porque la lucha continúa, y en esto siempre hay una batalla siguiente, dejan entrever que están evaluando una acusación constitucional contra el Presidente Boric. Todo esto es una disputa política, donde se disputan el mismo electorado, y frente a lo cual el Partido Republicano ha utilizado la estrategia de derribar ministros a través de acusaciones constitucionales, haciendo una especie de porte olímpico de las acusaciones, no para hacer efectivas las responsabilidades del Gobierno, sino para derrotar a Chile Vamos en las urnas, en las elecciones que vienen a fin de año y el próximo año. Es lamentable que Chile esté atrapado en una guerra frontal entre las dos derechas», planteó el parlamentario.
Al salir de la sesión del martes, el diputado Miguel Mellado (RN), respecto a la posibilidad de una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric a raíz de los indultos otorgados en diciembre pasado, aseguró que harán “una investigación acuciosa en la comisión investigadora –la cual ya fue aprobada y se espera esté constituida en marzo– para ver si hay mérito político para eso o no”.
Desde el interior de Renovación Nacional explicaron que, desde su punto de vista, acerca de los indultos hay una contradicción en el Gobierno entre lo dicho por la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), cuando admitió que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiera sido distinta”, y lo señalado por el nuevo titular de la cartera de Justicia, Luis Cordero, quien aseguró que el Mandatario no indultó a personas equivocadas.
“No existe ningún antecedente que dé cuenta de que el Presidente hubiese indultado a personas equivocadas, todos los antecedentes están en los expedientes”, fue puntualmente lo que indicó Cordero en Radio Duna. Postura que fue refrendada por el Presidente este miércoles 25 de enero.
Al respecto, un parlamentario de Renovación Nacional señaló, en reserva, que para ellos el punto central de la contestación del abogado defensor de la ministra, José Antonio Viera-Gallo, dejaría entrever que la responsabilidad por la causal que invocaron –no haber fundamentado correctamente los decretos de los indultos– no correspondería a la extitular, sino que al Jefe de Estado. “Si se confirma la tesis de Viera-Gallo, en la comisión investigadora tendríamos que evaluar una acusación constitucional contra el Presidente”, puntualizó.
El diputado Mellado explicó a El Mostrador que en la comisión especial investigadora por indultos presidenciales esperan que la exministra Ríos acuda para que “dé su versión”. Además, el parlamentario precisó que «lo que vamos a ver en la comisión investigadora es si fue el Presidente quien tomó la decisión, o si fueron los asesores quienes no le colocaron todos los antecedentes sobre la mesa”.
Cabe considerar, en ese contexto, que el pasado 9 de marzo un grupo de diputados de la UDI ingresó un requerimiento en la Contraloría General de la República, con la finalidad de que se revise la legalidad de los indultos otorgados por el Presidente Boric a 12 personas condenadas por delitos en el marco de las manifestaciones del estallido social, además del concedido al exfrentista Jorge Mateluna.
Finalmente, desde el oficialismo, la diputada del Frente Amplio y vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD), descartó la viabilidad de un libelo acusatorio contra el Mandatario, planteando que «las acusaciones constitucionales se refieren a la falta en la legalidad o el cumplimiento de la Constitución de uno u otro ministro de Estado y, por tanto, la responsabilidad que recae en la revisión de la acusación constitucional es de carácter individual de un ministro o exministro de Estado. Por tanto, que políticamente se busque vincular la responsabilidad de la ministra que es objeto de la acusación constitucional con la responsabilidad del Presidente, me parece también un sinsentido en la utilización de la herramienta», complementó.
