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La titular del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se reunió con ambas coaliciones de gobierno, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, para aunar apoyos sobre el proyecto que tiene como objetivo aumentar las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros. Si bien la ex Concertación se mostró a favor de la iniciativa, el bloque conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista incluyó votos en contra y abstenciones durante la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta instancia finalmente aprobó la iniciativa, quedando marcada por la división del oficialismo en torno al artículo que apunta a la “legítima defensa privilegiada” y al uso de la fuerza policial. A pesar de ello, la ley se aprobó con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones. Ahora pasará al Senado, donde el Gobierno espera ingresar los cambios comprometidos con la bancada oficialista.
Un nuevo proyecto de la agenda de seguridad pública despachó esta tarde a segundo trámite, tras un amplio debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se trata de la denominada “Ley Naín-Retamal”, fusión de iniciativas que adoptan los nombres de dos mártires de Carabineros de Chile, trágica lista a la que recientemente se sumó la sargento Rita Olivares.
La aprobación de la ley en la Cámara Baja no estuvo exenta de polémica. Y es que fueron 25 votaciones en particular en las que el oficialismo se fragmentó, particularmente entre frenteamplistas y comunistas. La manzana de la discordia fue el artículo que apunta a la “legítima defensa privilegiada” y al uso de la fuerza de Carabineros, lo que divide a los partidos oficialistas. Sin embargo, finalmente, la iniciativa se aprobó con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones.
En dicha votación, parlamentarios cercanos a La Moneda, votaron en contra. Entre ellos: María Acevedo (PC), Boris Barrera (PC), Jorge Brito (RD), Luis Cuello (PC), Lorena Fries (CS), Andrés Giordano (IND-FA), Félix González (Partido Ecologista Verde) y Claudia Mix (Comunes). Asimismo, se abstuvieron parlamentarios como Gael Yoemans (CS), Catalina Pérez (RD), Ericka Ñanco (RD) y Gonzalo Winter (CS).
Si bien hubo parlamentarios del oficialismo a favor de la Ley Naín-Retamal, como no estaba la posibilidad de presentar indicaciones en la Cámara Baja, otros dieron su voto en contra. Ahora, la iniciativa pasa al Senado, donde el Gobierno espera concretar ciertos reparos.
El Ejecutivo sabía que había observaciones de parte de algunos parlamentarios de su coalición. No había acuerdo respecto a cómo se abordó la norma, sobre todo por la fusión de la Ley Naín y la Ley Retamal. Ante esto, la ministra Tohá se reunió antes de la votación con los partidos oficialistas para ordenarlos frente al proyecto, comprometiendo así cambios en su paso al Senado.
Así lo manifestó la titular del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. En el Senado, adelantó que “hay que decir que es muy importante perfeccionar este proyecto”. Tras la votación, la secretaria de Estado sostuvo que “el aspecto donde más podemos avanzar en dar esa seguridad que se necesita para las policías es desde el punto de vista procesal y disciplinario”. Por ejemplo, agregó, que “cuando un policía hace uso de sus armas no tenga de manera automática consecuencias que son lesivas para su carrera”. De todas formas, concluyó, “hay un camino abierto que va en la dirección correcta”. A su juicio, “están todas las posibilidades de hacer estos mejoramientos y vamos a tener próximamente una ley que marque en la dirección que se ha apuntado hoy en la Cámara”.
Por su parte, el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, manifestó que como Frente Amplio y Apruebo Dignidad respaldan absolutamente la labor de Carabineros. “Eso implica que hayamos aprobado mayoritariamente esta ley”, afirmó. Por cierto, añadió, “tenemos ciertos resguardos en términos de técnica legislativa, en términos de respeto al debido proceso, al Estado de Derecho e incluso a la normativa de derecho internacional, para que mañana no se acuse que el Congreso hace malas leyes y sea declarado inconstitucional”.
El diputado Raúl Soto (PPD) recalcó que el Gobierno ha sido claro en su respaldo a la iniciativa y en general en el apoyo a las policías. “Creo que es muy relevante la señal que se ha dado en términos de la tramitación en el Senado de presentar una indicación que venga justamente a regular de mejor manera posible ese apoyo a través de un respaldo categórico, sobre todo desde la perspectiva procesal, para que los carabineros no tengan que enfrentar a la justicia en calidad de imputados, sino que se respete efectivamente la legítima defensa y la presunción de inocencia”. Para el diputado Soto, de esa forma, se busca que los carabineros “puedan tener un resguardo adecuado para el uso de sus facultades, siempre dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico y el respeto a los DDHH”.
Quien estuvo totalmente en contra del proyecto fue el diputado Matías Ramírez (PC), quien lamentó que se haya creado “una figura que puede ser muy permisiva en el futuro”. A su entender, “estamos hablando de una ley que permite el gatillo fácil por parte de Carabineros, que yo creo que no resuelve el problema de fondo respecto a la situación de delincuencia que estamos viviendo en el país”. El parlamentario comunista advirtió que “si se quiere avanzar de manera clara y profunda, se requiere una reforma a las policías, que por una parte le entregue mayores competencias a la policía y, segundo, reglas claras respecto al uso legítimo de la fuerza”.
Para el diputado Ramírez, la Ley Naín-Retamal, “es una ley que debilita la democracia y que se ha legislado en base al fragor de la situación que se está viviendo”. Y si bien lamentó la muerte de la sargento Olivares, sostuvo que este tipo de soluciones no aborda la problemática. “La aprobación de esta ley no hubiese cambiado el escenario en que fallecieron ninguno de los carabineros que dieron nombre a estos proyectos y esperamos que en el Senado el Gobierno pueda incorporar las indicaciones a que se ha comprometido”.
También justificó su voto en contra la diputada Claudia Mix, quien si bien lamentó la muerte de la sargento Olivares, así como de otros cientos de policías y víctimas de la delincuencia, se mostró segura de que nadie está a favor de la violencia. Sin embargo, “aclaremos que esto no es una decisión entre buenos y malos. No le mientan a la gente. Yo también quiero legislar para darle mayor seguridad a la población, pero este proyecto lejos de brindar mayor seguridad, atenta contra el orden democrático y los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la actual Constitución”, comentó.
La diputada Mix aseguró que “estamos desviando la mirada del Estado, que debiera poner todo su esfuerzo en políticas públicas enfocadas a la prevención del delito desde la niñez y la juventud”. Por tanto, a su parecer, “es una falacia que el actual sistema normativo no permita a las policías el uso de todas sus facultades para combatir hechos delictuales”.
“Carabineros nunca había contado con más recursos materiales que hoy en día; el mismo general director lo ha reconocido”, recordó la oficialista. Además, la parlamentaria del partido Comunes planteó que “estos proyectos transgreden acuerdos internacionales de DDHH ratificados por Chile”.
“El aumento de penas no soluciona la criminalidad ni la sensación de inseguridad de la gente. Destinar más recursos públicos a la construcción de cárceles no soluciona el problema de fondo. Se sabe que la cárcel es una escuela del delito. El día de mañana, lo que hoy parece tan popular, atentará contra la seguridad y los derechos de todas y todos y por eso voté en contra”, concluyó.
El diputado Andrés Longton (RN) manifestó: “Que no tenga que morir ningún policía más, ningún carabinero más, para tener sentido de humanidad y empatía y sacar adelante con amplia mayoría proyectos que protejan y les den más facultades a nuestras policías”. En ese sentido, se refirió a la salida de la oposición de la mesa de seguridad establecida antes de los indultos presidenciales de fin de año. “¿Por qué nos salimos de la mesa de seguridad? Porque hay una parte de este Congreso que no está por aprobar este tipo de proyectos y hoy quedó demostrado, queriendo votar contra la legítima defensa privilegiada, que no haya pena agravada para quienes ataquen a nuestras policías, y que no se expulse a migrantes que ataquen a nuestras policías”. Ese tipo de cosas, afirmó, “generan la desconfianza de la ciudadanía”.
Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez planteó que “nuestras policías requieren mayor apoyo”. Espera que la Ley Naín-Retamal se apruebe rápido en el Senado, y también apuntó al oficialismo por oponerse a ciertos artículos. “Una treintena de parlamentarios oficialistas votaron en contra de parte del proyecto, decidieron darle la espalda a la institución e intentaron lavar durante toda esta semana su imagen aprobando proyectos que rascaban donde no pica, porque ninguno de esos proyectos protegía a nuestros carabineros”, fustigó.
Cabe mencionar que la propuesta ya contaba con su aprobación en general, el 12 de diciembre de 2022. Pero, al ser objeto de indicaciones, volvió a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana desde donde se despachó el pasado lunes 27. Allí se adoptó la decisión de incorporar las normas contenidas en el proyecto conocido como “Ley Retamal”.
El texto establece penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad. En particular, se define que este beneficio no procederá respecto de “aquellos delitos en los que se haya atentado contra la integridad física de funcionarios, en razón de su cargo, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile”.
En esa línea, se perfecciona un artículo del DL 321, de 1925, sobre Libertad Condicional. El objetivo es restringir el acceso a este beneficio a quienes atenten contra efectivos de dichas instituciones. También se incluye en este marco el homicidio de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile, en el ejercicio de sus funciones.
En detalle, en el Código de Justicia militar se modifica lo referente a matar a un carabinero. Se especifica que la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado se aplicará cuando el acto se realice durante el ejercicio de las funciones del funcionario.
Luego, se agrega que sancionará con una pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado si:
Seguidamente, se especifican las penas a aplicar frente a diversas hipótesis de agresión o lesión de carabineros. Ello, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones.
Estas mismas enmiendas se incluyeron en las Leyes Orgánicas de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería.
En el caso de la PDI y Carabineros, se agrega que, en el ejercicio de sus funciones, su personal será provisto de las competencias, equipo y armamento adecuado para resguardar su vida e integridad personal y la de terceros.
Otra norma define que, en caso de crímenes contra carabineros habrá una pena accesoria cuando el condenado sea extranjero. Acá se aplicará la expulsión del territorio nacional con prohibición absoluta perpetua de retorno.
La propuesta también modifica el Código Procesal Penal en materia de medidas cautelares. En este marco aclara algunas excepciones. Además, agrega una nueva consideración de cuándo se entenderá que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Así, define que será “cuando los delitos imputados consistieren en atentados contra la vida o la integridad física de miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile o de Gendarmería de Chile, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones”.
También cuando tengan asignada una pena igual o superior a la de presidio menor en su grado máximo en la ley que los consagra.
Una de las modificaciones refiere a las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal. Acá se agrega un mecanismo de “legítima defensa privilegiada” para los efectivos policiales de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esto aplica en caso de uso de arma letal en el ejercicio de sus funciones. Se establecen las siguientes hipótesis:
Lo dispuesto en la norma recién señalada se aplicará cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor.
Para determinar la pena de los delitos de homicidio y lesiones de funcionarios de Carabineros PDI y Gendarmería en el ejercicio de sus funciones, se aplicarán las siguientes reglas:
Se incluye una sanción penal por colocar, enviar, activar, arrojar, detonar, disparar o hacer explosionar bombas u artefactos explosivos, incendiarios o corrosivos en vehículos policiales, Gendarmería, militares (en funciones de orden público y resguardo fronterizo). De igual modo, a vehículos municipales o que presten servicios a municipalidades empleados para labores de seguridad.
Si las conductas descritas se ejecutan en, desde o hacia recintos policiales, se impondrá la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo.
En una línea similar se sancionará el arrojar elementos como bombas molotov desde o hacia recintos policiales. Se castigará con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Cuando se usen fuegos artificiales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo.
Asimismo, se establecen nuevas facultades para Carabineros en torno a la Ley del Tránsito. En este ámbito, los efectivos podrán realizar controles preventivos de los ocupantes de un vehículo motorizado. Incluye registros al interior de los maleteros o portaequipajes.
El impedimento de dicha acción será sancionado. Con todo, el funcionario policial estará facultado para efectuar compulsivamente el registro empleando los medios necesarios y racionales para tal fin. También se regula la situación de una persecución policial.
Cabe mencionar que esta ley solo se aplicará a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia.
Presidio menor:
Presidio mayor:
Presidio perpetuo:
