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El esqueleto principal propuesto por la Comisión Experta ya fue aprobado de manera unánime por el pleno. Ahora, ad portas de que se ingresen las indicaciones a ese texto, las posiciones de ambos lados empiezan a mostrar sus diferencias. La discusión sobre si el Estado Social y Democrático de Derecho admite o no la participación de entes privados se asoma, y está por verse el marco en que los prestadores públicos y privados competirían. Hasta ahora, la libertad de elección parece ser un concepto que se consagrará, dado el equilibrio de los votos en el órgano, sin embargo, esto no significa –según algunos comisionados oficialistas– que se consagre un Estado subsidiario.
A pesar del hermetismo que ha pretendido instalar la Comisión Experta, ha sido imposible eludir el conflicto más importante y de fondo: el Estado Social y Democrático de Derecho y la libertad de elección y subsidiariedad. Sobre estos conceptos, la discusión radica en qué tan abierta o tan cerrada se halla la participación de privados en los derechos sociales. El modelo subsidiario está fuera de cualquier artículo, sin embargo, en este periodo de ingreso de indicaciones –que comienza el jueves– se transparentarán las posiciones respecto a cómo el Estado toma protagonismo al prestar servicios básicos y cómo los privados aparecen como una oferta posible.
Desde el interior del ex Congreso –edificio en donde se está llevando a cabo el trabajo de la Comisión Experta– aseguran que la palabra “subsidiario” o “subsidiariedad” no quedará escrita en la propuesta que elabore este órgano. A pesar de eso, más allá del hecho de que esta palabra se incluya o no en el texto, ello no significa que la participación privada quede fuera de las materias dedicadas a los derechos sociales.
La comisionada Bettina Horst (UDI), quien también es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y la única economista entre los expertos, es una de las figuras que aboga por la libertad de elección en materia de derechos sociales. Respecto a este concepto y cómo dialoga con el Estado Social, la economista explica que “no son conceptos antagónicos”, pues advierte que la norma que se aprobó ahora respecto al tema “no ata de manos al Estado para perfeccionar, mejorar y profundizar el sistema de salud estatal, por ejemplo”. Además, agrega que la libertad de elección y la subsidiariedad “son cosas distintas, no podemos meter esos conceptos en la misma frase”.
Horst sostiene que “lo único que establece es que esa oferta estatal, para aquellas personas que consideran que no es adecuada para sus preferencias, tenga la opción también de contar con seguros en el sector privado”. La economista puntualiza que “en ninguna parte se imposibilita el desarrollo de un Estado fuerte y presente en las áreas de salud y educación, por ejemplo”.
Otras figuras de la oposición que transitan por una línea similar a la de la comisionada son Natalia González (UDI), Máximo Pávez (UDI), Hernán Larraín (UDI), Carlos Frontaura (patrocinado por el Partido Republicano) y Marcela Peredo (patrocinada por RN y exmiembros del PDG).
Desde sectores más cercanos a la centroderecha advierten que, si bien estos expertos pueden relacionarse más a un modelo subsidiario, la libertad de elección es una idea que representa a toda la oposición como bloque.
Por otra parte, fuentes alineadas con el oficialismo mencionan que en los sectores más liberales podrían encontrar espacios para matices respecto a la participación de privados, que la idea de que en un Estado Social existan prestadores públicos y privados no es contradictoria; lo que sí es contradictorio –precisan– es la idea de subsidiariedad.
El comisionado Flavio Quezada (patrocinado por el Partido Socialista), doctor en Derecho Público, advierte que “lo que la práctica constitucional chilena ha entendido por subsidiariedad es incompatible con el Estado Social”.
Quezada sostiene que lo que hoy se entiende por subsidiariedad en la práctica constitucional del país, “en el campo jurídico chileno es incompatible”, lo que no significa que “el Estado Social no sea compatible con la provisión mixta o con la colaboración o participación de los privados”. Es más, el comisionado PS agrega que “al contrario, yo no conozco Estado Social en donde eso no pase. Nunca está en discusión la participación o colaboración de particulares o privados”.
El Estado Social, señala Quezada, “es compatible con la libertad de enseñanza y, como consecuencia, con la posibilidad de que particulares puedan abrir un establecimiento, y además es compatible con que exista, por ejemplo, un prestador privado de salud porque existe el derecho de asociación”.
Asimismo, afirma que él no tiene problema “si otra tradición intelectual le quiere llamar de otra manera a este fenómeno”. Sin embargo, advierte una complejidad en el debate instado, puesto que el debate sobre subsidiariedad “se ha trasladado como las coordenadas de todo el debate público y eso excluye a quienes no pertenecemos a esa tradición”.
Si bien este es uno de los debates más importantes de la Comisión experta –si no el más– respecto a los límites y marcos en los que actuará el sector privado en cuanto a derechos sociales, los posicionamientos y diferencias se transparentan a partir de mañana. Esto, porque el jueves los comisionados ingresarán enmiendas y tienen como plazo máximo el lunes hasta las 23:59. Estas indicaciones buscarán agregar, modificar o sustituir aspectos del texto ya votado por el órgano de expertos.
A partir de la próxima semana, las subcomisiones votarán las enmiendas ingresadas. Aquellas que logren 3/5 de los votos, pasarán al pleno para someterse al mismo quórum de aprobación. En esa instancia, para ser aprobadas, las enmiendas requerirán 14 votos de los 24 disponibles.
El cálculo en el oficialismo es que necesitarán de acuerdos, pues el sector cuenta con 11 votos alineados y precisará de tres votos de centro para el apoyo a las propuestas de izquierda.
