PAÍS
Créditos: Agencia Uno.
Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario que se autodenunció en la causa el 19 de agosto de 2021, y Sergio Beaumont, director de Control de la Unidad de Auditoría del municipio, siguen recibiendo mensualmente su sueldo superior a los tres millones de pesos líquidos. En la Municipalidad de Vitacura explican que el caso está radicado en la Contraloría General de la República y que solo esa institución tiene la facultad para destituir a los funcionarios, quienes fueron separados de sus cargos en agosto del 2021, pero han seguido recibiendo regularmente su remuneración. Consultada al respecto, Contraloría explicó la situación señalando que “tanto el Estatuto Administrativo como el Estatuto Municipal asumen la presunción de inocencia de la investigada, por lo cual, la funcionaria recibe su remuneración”. Los imputados van a cumplir 21 meses sin ejercer sus cargos.
El caso de malversación de fondos en la Municipalidad de Vitacura durante la gestión del exalcalde Raúl “Tronco” Torrealba (RN) continúa sorprendiendo con datos inéditos. Uno que ha llamado la atención recientemente fue el del instructor de natación que emitía boletas mensualmente por sus servicios y que declaró en Fiscalía, hace unas semanas, que no sabía nadar. Al parecer, el personaje entregaba sus boletas para que la administración de la piscina de Vitacura explicara flujos de dineros que no tenían respaldo. El beneficio para el “profesor de natación que no nadaba” era que, al final del año fiscal, le realizaban devolución de impuestos por los supuestos honorarios recibidos ese año.
Este caso del “profesor de natación que no nadaba” es contado en la municipalidad como una anécdota más de las tantas que circulan sobre los años de Raúl Torrealba a la cabeza del municipio. Sin embargo, uno de los temas pendientes, que no es anécdota y que sigue preocupando a las autoridades municipales, es que dos personajes clave del caso de malversación de fondos públicos siguen recibiendo mensualmente sus sueldos líquidos de $3.393.515 –según consta en Transparencia Municipal–. Esto, porque la Contraloría General de la República aún no toma la determinación de separarlos de sus funciones.
Los dos funcionarios son Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario que se autodenunció en la causa el 19 de agosto de 2021, y Sergio Beaumont, el contralor o director de Control de la Unidad de Auditoría del municipio, que tenía justamente a cargo la fiscalización del correcto manejo de los recursos públicos.
Larraín y Beaumont fueron alejados de sus funciones en agosto de 2021, cuando se inició un sumario administrativo a cargo de la entonces Fiscal Interna del municipio; sin embargo, a pesar de no estar trabajando, ellos han seguido recibiendo el sueldo durante los 21 meses que han transcurrido hasta la fecha.
Consultada sobre la veracidad de esta situación, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), respondió por escrito a El Mostrador lo siguiente: “Frente a las denuncias de irregularidades en las organizaciones Vita, la Municipalidad de Vitacura inició un sumario administrativo. Posteriormente, la Contraloría General de la República tomó la decisión de abrir un sumario, e instruyó acumular a aquél el que llevaba el municipio. Hoy, la mantención de la medida de suspensión preventiva, de ambas personas, está en manos de la Contraloría y no faculta al municipio la privación de remuneración”, explicó la jefa comunal, que no quiso referirse más al tema debido a que hay una investigación en curso en la Fiscalía Oriente, a cargo del Fiscal Regional Xavier Armendáriz.
Un abogado del municipio señaló que es poco lo que pueden hacer respecto a los sueldos de estos dos funcionarios y que solo la Contraloría puede decidir poner fin a dichos pagos. “Cuando el caso involucra al contralor municipal (Sergio Beaumont), el fiscal administrativo que lleva la investigación en el municipio debe traspasar inmediatamente el caso a la Contraloría General de la República y es este organismo el que lleva el caso y decide respecto a cargos y sanciones de los involucrados”, explicó. Desde fines del 2021, el caso de malversación de fondos y lavado de activos de fondos municipales en Vitacura está radicado en el órgano contralor, a la espera de una determinación.
Consultada Contraloría respecto a este caso, se refirió específicamente a la situación de Antonia Larraín señalando que “es funcionaria municipal y, por lo tanto, funcionaria pública. Ella (actualmente) es objeto del sumario que está en curso en la Contraloría, por lo tanto, está separada de sus funciones. Sin embargo, tanto el Estatuto Administrativo como el Estatuto Municipal asumen la presunción de inocencia de la investigada, por lo cual, la funcionaria recibe su remuneración”. Lo mismo ocurriría en el caso del contralor municipal, Sergio Beaumont.
Abogados que han estado monitoreando el caso en la municipalidad indicaron que la Contraloría tampoco puede ir en contra del pago, porque son funcionarios de planta: “Ellos tienen toda la batería de sanciones del Estatuto Administrativo. Desde una censura, una suspensión en la función pública con una rebaja proporcional del sueldo hasta el 50 % y la destitución. La destitución es la sanción más fuerte, porque puede involucrar no poder ocupar cargos públicos por 5 años”, detallaron.
Antonia Larraín era la principal asesora del exalcalde Raúl Torrealba dentro del municipio de Vitacura. Luego de conocida la denuncia, Larraín decidió confesar ante la Fiscalía los detalles del mecanismo implementado para defraudar las arcas municipales. El otro es Sergio Beaumont, director de Control de la municipalidad, quien habría estado al tanto de las irregularidades.
Actualmente, Torrealba está siendo investigado por presunta malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, falsificación de documentos públicos y lavado de activos. Hace dos semanas, el fiscal Francisco Jacir renovó la reserva de las declaraciones de Torrealba por otros 40 días.
Si bien el caso ha sido tratado con cautela en la municipalidad, la semana pasada surgió una nueva arista que sorprendió a las autoridades edilicias y motivó que la Corporación Cultural de Vitacura tuviera que querellarse por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento privado mercantil contra Mario Fernández Parraguez, contador a cargo de la gestión financiera y contable de dicha Corporación desde 2004, quien habría falsificado la firma de cheques por un monto superior a los $38.000.000.
