Ministro de Justicia, Luis Cordero: “Son tiempos difíciles para gobernar”

Luis Cordero llegó al Gobierno de Gabriel Boric el 11 de enero pasado, a encargarse de la peor crisis que esta administración enfrentó en su primer año de administración: los indultos a personas involucradas en el estallido social. El episodio empezó con la difusión de una lista equivocada de los indultados que pasó de 11 a 13 beneficiados y que incluyó a un exfrentista (FPMR), Jorge Mateluna Rojas, a quien la Corte Suprema le había rechazado un “recurso de revisión”. En los días siguientes a este anuncio, salió del Gobierno la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, el jefe de gabinete y amigo del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía, y la oposición abandonó la mesa de seguridad que conducía la titular del Interior, Carolina Tohá. Luego, el Jefe de Estado explicó el indulto al exfrentista en un viaje a Brasil, señalando que tenía “la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, a lo que la Corte Suprema respondió inmediatamente, advirtiendo que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

El entonces abogado Luis Cordero observaba todo esto desde Alemania, donde se hallaba cuando el Presidente Boric lo llamó para pedirle que asumiera el Ministerio de Justicia vacante. Su estrategia de encauzar toda la polémica de los indultos por vía legal y concentrar la resolución del conflicto en el Tribunal Constitucional (TC), terminó siendo todo un éxito. Sin embargo, la tranquilidad duró poco y llegó la urgencia por aprobar una agenda de seguridad en medio de la conmoción generada por tres asesinatos de carabineros en menos de un mes.

-¿Cómo ve el escenario político después de haber pasado por esas dos tormentas que fueron los indultos y la discusión de seguridad?
-Creo que son tiempos difíciles para gobernar. Y lo digo no solo para este Gobierno, sería difícil para cualquiera que estuviese sentado en La Moneda.

-¿Por qué?
-Por dos motivos, el primero es debido a los efectos pospandemia, que trajo una situación compleja desde el punto de vista económico y, por otro lado, las consecuencias provocadas por la fractura social de octubre del 2019. En ambientes polarizados es muy difícil gobernar. Sobre todo cuando tú no sabes cuán sincera es esa polarización, si está mediada por varios procesos electorales consecutivos (plebiscito de septiembre del 2022 y elección de constituyentes de mayo próximo) que generan real o ficticiamente espacios de polarización.

-¿Considera que el ambiente político está polarizado? 
-Es cosa de ver cómo la elección de consejeros constitucionales está dominada por el debate contingente de seguridad. Se polariza el ambiente cuando uno escucha que las propuestas de los candidatos o candidatas a consejeros solo tienen que ver con temas de seguridad y no abordan el problema central de una Constitución, que es la definición de las reglas institucionales para las próximas décadas. La Constitución no es para resolver problemas contingentes de política pública. Estamos frente a una elección que está muy marcada por la contingencia, cuando en verdad lo que estamos eligiendo es otra cosa. En un ambiente de estas características, gobernar es muy difícil. Desde que llegué he estado en medio de discusiones intensas.

 –¿Cuál ha sido la más intensa?
-No tengo punto para diferenciarlas claramente. Hay distintos niveles de intensidad, para mí ha sido un periodo de aprendizaje de cómo funcionan ciertas lógicas de la política. Hay una cosa que creo no se ve públicamente y es que en el Congreso hay más espacios de diálogo de los que se muestran.

-¿Cómo?
-Te das cuenta en la medida que puedes intercambiar argumentos y contraargumentos en un espacio de racionalidad. Por cierto, la Cámara y el Senado funcionan en lógicas distintas por volumen, tamaño, tráfico, por el tipo de proyectos que andan dando vueltas, pero desde que asumí nunca he tenido un desagrado.

Los gestos en política

-En este ámbito de las relaciones con el Parlamento hubo un hito que fue cuando el Ejecutivo se paró de la mesa en la Comisión de Seguridad del Senado, se ha cuestionado mucho el efecto político de esa decisión.
-Pero la conversación nunca se interrumpió. No tenía mucho sentido seguir en la mesa, pues el Ejecutivo había presentado sus indicaciones y el eje central de sus indicaciones había sido rechazado. El senador Felipe Kast, que estaba presidiendo la Comisión de Seguridad, dijo públicamente que iba a rechazar el resto, entonces, la verdad que no tenía mucho sentido estar ahí. Ojo, no es que el Ejecutivo llegó y se paró. El Ejecutivo estuvo media hora o 45 minutos explicando por qué no tenía sentido continuar en la Comisión. Ahora, ¿eso fracturó la confianza?, ¿fracturó el espacio de conversación del día siguiente? No.

–¿Se arrepiente de haberse parado de la mesa?
-No. Eso ocurrió en el contexto de un debate donde los argumentos del Ejecutivo no se consideraron para nada, las indicaciones centrales del Ejecutivo se rechazaron tempranamente y, en consecuencia, no tenía mucho sentido mantenerse en la mesa.

-Fue un gesto duro.
-No sé si un gesto duro, pero un gesto. He aprendido, a partir de eso, que los gestos en política también son relevantes, sin ser descortés en el fondo. La conversación se continuó al día siguiente. Algunos pueden sostener que haberse parado de esa mesa fue inadecuado; otros podrán pensar que el hecho de que nos paráramos de la mesa llevó también a la oposición a abrir un espacio de conversación al día siguiente.

Cárceles

-¿Está conforme con las leyes de seguridad tramitadas?
-No.

–¿Por qué?
-Creo que, en momentos como los que estamos, los problemas de seguridad son más complejos que un simple debate legislativo. Este es un tema en que es clave la gestión de las instituciones, y no voy a estar conforme con los temas de justicia y seguridad, si simplemente ponemos el foco en cuántas leyes se aprueban. El eje central en materia de seguridad y justicia es reducir la impunidad y para eso tienes que tener un Ministerio Público que actúe de modo eficaz, una policía que logre investigar de modo adecuado para que se identifique a quienes han cometido los delitos y que sean juzgados en tiempos razonables. Cuando una sociedad detecta que se cometen delitos, que no se persigue a los culpables o que esas investigaciones demoran y se dilatan mucho para determinar responsabilidades, generas señales inadecuadas de impunidad y, en consecuencia, se afecta la confianza en las instituciones.

-¿Ese es el punto de por qué no está conforme?
-No es el único punto, pero es una variable muy significativa a tener en consideración. Uno tiene que evitar que nuestra sociedad sea un Estado de papel. Eso ocurre cuando se cree que, aprobando leyes, tienes resueltos los problemas de seguridad. Los temas de gestión son muy relevantes y hay que hacerse cargo de sus impactos.

-¿Cuáles son esos temas de gestión?
-Una de las cosas que he advertido, es el aumento de los privados de libertad en nuestras cárceles. Nosotros tenemos una capacidad cercana a las 42 mil plazas. Ese número está disponible en Chile desde el año 2012 y, en la actualidad, tenemos 47 mil personas privadas de libertad. Ese número sigue aumentando, principalmente, en la prisión preventiva. Las proyecciones de Gendarmería para inicios del próximo año son de más de 50.000 y probablemente ese número llegue antes.

-¿Cuál es el efecto que más le preocupa de las cárceles sobrepobladas?
-La primera es que la sobrepoblación penal genera condiciones de hacinamiento que afectan derechos fundamentales y degradan la condición humana al interior de la cárcel. La segunda, que el aumento de esa población penal y sobrepoblamiento hace difícil la gestión y el rol de contención que realiza Gendarmería al interior de los establecimientos. La tercera es que hace menos probable la reinserción. Y la cuarta, que por lo mismo puedes terminar con personas cumpliendo condenas y saliendo de la cárcel, sin ninguna oportunidad de reinserción. El efecto de todo esto es que vas a tener una persona probablemente reincidente.

-¿Eso es lo que está ocurriendo ahora?
-Tener un sistema penitenciario sobrepoblado no solo es un problema para las personas que están ahí, sino que para toda la sociedad en el mediano plazo. Es un problema porque no garantiza la reinserción y eso termina por comprometer la seguridad. Entonces, esta creencia de que solo con leyes podemos resolver los problemas de seguridad, en el fondo es un Estado de papel. Lo mismo ocurre creyendo que metiendo gente presa nos olvidamos y resolvemos los problemas de seguridad. No nos estamos dando cuenta de que lo único que estamos haciendo es simplificar un problema que tiene muchas complejidades.

Fíjate que, en todo este panorama, ni siquiera me he focalizado en las causas, que es otro tema importante que hay que abordar. Estamos hablando solo de los mecanismos de reacción, del gran desafío que es reducir la impunidad y evitar la reincidencia. Al final del día, la seguridad también tiene que ver con un derecho de las personas, con un derecho humano.

Corrupción y crimen organizado

-¿El Estado ha fallado en ese derecho humano?
-No. Creo que el Estado chileno tenía un sistema de justicia diseñado y pensado para una criminalidad distinta a la que estamos enfrentando. En muy poco tiempo, estoy hablando en los últimos cinco años, hemos tenido un cambio en el tipo de crimen que es mucho más violento y con delitos que en Chile no existían, como el sicariato y la presencia del crimen organizado, que se caracteriza por tener una gestión empresarial del delito. Ahora tienes organizaciones jerarquizadas, estructuradas, con roles, con giros distintos, que se dedican al tráfico de drogas, a la trata de personas, al tráfico de armas. La sociedad chilena y las instituciones no estaban preparadas para esta nueva dimensión de crimen.

-¿Es un fracaso del Estado?
-No es que el Estado de Chile haya fracasado, sino que sencillamente ha tenido que adaptarse a una realidad para la cual sus instituciones de justicia no fueron diseñadas. Lo ejemplifico de esta forma: cómo distribuyes los tribunales, el número de fiscales, el número de causas por fiscal, las policías. Todo esto fue pensado en la Reforma Procesal Penal (1994-2006).

Lo que tienes en el norte es un sistema completamente estresado. Hay que tener mucho cuidado con decir que el Estado chileno fracasó. Lo que está ocurriendo es que sencillamente la realidad fue mucho más dinámica de lo que esperábamos.

-¿Cuáles son los temas que habría que tener presentes en este nuevo escenario?
-Primero, que el crimen organizado es muy violento y es algo para lo cual nosotros no estamos acostumbrados y, segundo, la necesidad de fortalecer las instituciones que combaten la corrupción.

-¿Cómo?
-El crimen organizado no funciona sin corrupción y ahí creo que Chile tiene fortalezas. En este momento esas fortalezas deberían ser mucho más intensas, porque es la única manera de contener el crimen organizado. No hay crimen organizado sin corrupción.

-¿Estamos preparados para enfrentar la corrupción asociada al crimen organizado?
-Chile tiene buenas estrategias de combate contra la corrupción, pero la magnitud y la novedad de la nueva cultura criminal que se ha instalado en Chile exige no solo ser más eficaz en la persecución penal, sino también ser muy estricto en todo lo que tenga que ver con potenciales riesgos de corrupción en el Estado. Chile tiene instituciones que durante largos años han trabajado con el fin de detener la corrupción y hay que poner atención a eso, porque hoy día hablamos de seguridad, crimen organizado, cárceles, pero no nos preocupamos de mantener la sanidad estatal. Chile tiene fortalezas institucionales y en momentos como estos hay que tener más presente que nunca esa fortaleza institucional, porque el crimen organizado solo triunfa en espacios donde hay debilidad institucional.

 –¿Qué se ha hecho respecto a esta sanidad estatal?
-Por lo pronto, tenemos una Contraloría muy fuerte, el Ministerio Público ha tenido avances bien relevantes. La investigación en el caso del fraude de Carabineros es un muy buen ejemplo. El problema que tenemos es cómo enfrentar investigaciones complejas. Se acaba de aprobar en el Congreso una ley que modifica la Ley de Drogas, pero, sobre todo, lo más importante que se aprobó es la Ley de Lucha Contra el Crimen Organizado que entrega nuevas atribuciones muy significativas.

-¿Cuáles son esas nuevas atribuciones?
-Tiene que ver con el decomiso de las ganancias. El Estado podrá retirar la ganancia ilícita obtenida, sean del condenado, el tercero que se benefició por los ilícitos o el beneficiado. Esto también existe ahora para el proyecto de Delitos Económicos que está a punto de despacharse en el Congreso.

-¿Habrá un nuevo paquete de leyes en esta materia?
-Creo que las leyes que tenemos, y con la pronta aprobación de la Ley de Crimen Organizado, tenemos suficiente.