Opinión
Hacemos un llamado a que los empleadores continúen favoreciendo medidas que apunten hacia una total y real inclusión, en igualdad de condiciones y oportunidades para todos y todas, especialmente hacia quienes el trabajo no ha sido un derecho adquirido, como debiera serlo.
En el contexto de la reciente conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, creemos importante destacar los avances en materia laboral que se han conseguido para las trabajadoras y los trabajadores de Chile, pero también hacernos cargo de los desafíos y problemas que aún nos aquejan en los entornos laborales, porque la discriminación aún existe y está muy inserta en el ADN de nuestra sociedad.
Un estudio realizado por Fundación Ronda a más de 5.000 trabajadores(as) de distintas industrias a lo largo de todo Chile, reveló que las personas perciben un contexto de discriminación al interior de las empresas, no solamente –cómo se podría creer– por ser perteneciente algún grupo de personas que históricamente han tenido barreras de acceso a nuestra sociedad, como lo siguen siendo las personas migrantes, personas con discapacidad, de la comunidad LGTBIQ+, entre otras, sino que la percepción de discriminación estaba principalmente dada por “el cargo dentro de la compañía” (20%), seguido por la “situación socioeconómica” (15%) y, en tercer lugar, por la “apariencia física” (12%). Cifras que nos demuestran que este problema es mucho más profundo de lo que se piensa y es de índole cultural.
Medidas como la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, que son avances icónicos para nuestro país y la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores, deben ir acompañadas también de un marco que les permita desarrollarse y alcanzar la felicidad en sus puestos laborales, y para ello debemos asegurar espacios libres de discriminación.
Es por esto que se hace indispensable al interior de las organizaciones favorecer medidas que apunten, por ejemplo, hacia la corresponsabilidad y conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, entregando posibilidades para que hombres y mujeres puedan desenvolverse en el trabajo de cuidados y labores domésticas. Cada medida que ayuda a minimizar las brechas de género es una posibilidad para que las mujeres alcancen mayor equidad en sus proyectos de vida.
Un espacio laboral sin discriminación e inclusivo permitirá que cada trabajador y trabajadora pueda desenvolverse sintiéndose valorado en sus diferencias, aportando el talento y la creatividad que son propios de una persona que trabaja motivada y feliz.
Actualmente contamos con leyes como la 20.609, conocida como Ley Zamudio, que establece medidas contra la discriminación, pero que necesita ser actualizada y fortalecida –en actual proceso de reforma que está sucediendo en este momento en la Cámara Baja– con una definición e institucionalidad sólida que permitan denunciar casos de discriminación arbitraria, pero sobre todo hacerse cargo de prevenirlos.
Mismo caso para la Ley 21.015 que actualmente también busca ser perfeccionada en el Congreso, y que exige a organizaciones público-privadas sobre 100 trabajadores(as) la inclusión laboral del 1% de su planta con personas con discapacidad, que ya fue complementada con la Ley 21.275 que exige, entre otras cosas, que las empresas tengan gestores(as) de inclusión laboral certificados por ChileValora.
Esperamos que en esta discusión parlamentaria se incluyan medidas que promuevan la descentralización, perspectiva de género, además de mejor fiscalización en instituciones tanto públicas como privadas, pero sobre todo anhelamos que se haga exigible la intermediación laboral, como también que nazcan nuevas políticas públicas que busquen reducir brechas en materias de educación y formación para las más de 3 millones de personas con discapacidad en nuestro país.
Actualmente hay 52.533 contratos vigentes de personas con discapacidad (PcD) bajo la Ley 21.015, menos de la mitad de los contratos activos que se registraron (111.000) al momento de entrada en vigencia de la ley en 2018. La tendencia es preocupante, ya que son cada vez menos las empresas que adhieren al espíritu de la ley, que es la contratación directa, y esto es incluso sin considerar a los organismos públicos, que tienen menos exigencias y donde es aún mayor su incumplimiento.
Desde Ronda buscamos ser parte de esta cruzada por la inclusión sociolaboral, especialmente de personas con discapacidad y mujeres, así como también buscamos ser un apoyo para las organizaciones que quieren ser parte de la solución, principalmente a las que entiendan que esto viene de la mano de un cambio cultural, ya que estos desafíos sin duda plantean una ardua labor para la directivas y departamentos de recursos humanos o de gestión de personas de las empresas.
Hacemos un llamado a que los empleadores continúen favoreciendo medidas que apunten hacia una total y real inclusión, en igualdad de condiciones y oportunidades para todos y todas, especialmente hacia quienes el trabajo no ha sido un derecho adquirido, como debiera serlo.
Este problema de discriminación y de brechas, latente en nuestra sociedad, no debe paralizarnos sino movilizarnos para un trabajo conjunto entre la sociedad civil, el sector privado y el sector público, para que en conjunto promovamos la importancia y las ventajas de crear lugares de trabajo diversos, equitativos e inclusivos, para que finalmente podamos decir, con certeza, que somos felices en el lugar donde trabajamos.
