Señor Director:
Chile está al debe en inversión en I+D, considerando los indicadores de países que pertenecen a la OCDE. Un exiguo 0,34% del PIB se destina a estas materias, situación preocupante para un país que aspira al desarrollo económico.
Tanto o más lamentable es la burocracia administrativa que deben afrontar los científicos nacionales; aquella les asfixia en sus quehaceres diarios, haciéndoles perder valioso tiempo en rendiciones eternas, muchas de ellas sin mayor objetivo que la caprichosa precisión de la evidencia documental de gastos muy menores, generándose una evidente reducción del dinamismo que tienen instrumentos como es el caso del Fondecyt regular.
Si a lo expuesto se le suma que una serie de proyectos se alojan en universidades del Estado, estamos en el peor de los escenarios. Dichos fondos, que instituciones privadas pueden gestionar más flexiblemente, las universidades estatales deben administrarlos bajo las normas jurídicas de un servicio público para el cumplimiento de la función pública; nada más alejado a la flexibilidad que requiere la ciencia.
Desarrollar un control adecuado y no asfixiante, como reducir las trabas burocráticas que hoy enfrentan científicos y universidades del Estado, permitirá hacer más eficiente el gasto, como igualmente tener más y mejor ciencia.
Daniel Burgos Bravo
