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El denominado “Observatorio Judicial” –vinculado desde su origen a Libertad y Desarrollo– es liderado por José Miguel Aldunate. Alma mater de la estrategia de golpear y desprestigiar al máximo tribunal del país para defender a las isapres, cuenta con la participación de reconocidos y polémicos abogados en sus filas. Entre ellos, se encuentra Fernando Barros Tocornal, conocido asesor de Sebastián Piñera en temas corporativos, “cerebro” de sus elusiones tributarias, además de haber defendido al dictador Augusto Pinochet en el pasado. Otro miembro es Alfredo Alcaíno De Esteve, abogado de confianza de la familia Vial y vinculado a casos relevantes, como Penta y Cascadas. También, Roberto Guerrero Valenzuela y Gerardo Varela Alfonso, exministro de Educación, recordado por sus polémicas opiniones en el ámbito educativo.
“Activismo judicial”, “La Justicia a través del espejo”, “Inconsistencia” y “Una sentencia ineficaz”, son algunos de los títulos de las Cartas al Director enviadas a El Mercurio por el jefe de Estudios del denominado “Observatorio Judicial”, José Miguel Aldunate. Estas cartas buscan no solo cuestionar el fallo de la Corte Suprema sobre las isapres, sino también fustigar lo que consideran como inapropiadas atribuciones legislativas del máximo tribunal del país.
Aldunate es también director ejecutivo del señalado centro de estudios, ligado estrechamente a Libertad y Desarrollo. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y posee una maestría en Teoría Política y del Derecho del University College London. Se desempeñó como asesor jurídico del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, y como analista del Consejo para la Transparencia (CPLT) en 2014. Desde 2017, lidera el polémico “Observatorio Judicial”.
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En sus cartas al matutino, Aldunate es enfático en señalar que los jueces de la Corte Suprema no pueden dictar sentencias con efectos generales, una prohibición que –asegura– “ha sido flagrantemente violada” por el máximo tribunal del país. A su juicio, esto “invade el ámbito de atribuciones del legislador y afecta a las isapres y cotizantes que no acudieron a la justicia”. Esta tesis ha sido sostenida por quienes defienden el sistema privado de salud ante el dictamen de la justicia por cobros excesivos. “Si esto no es activismo judicial, entonces el activismo judicial no existe o es una categoría ociosa”, declara el abogado en su más reciente carta, fechada el 16 de mayo de 2023.
El abogado Samuel Donoso, en otra Carta al Director, también en El Mercurio, sostiene lo siguiente: “No deja de llamar la atención el tono que se emplea, contra la Corte Suprema, puntualmente contra su Tercera Sala. Ya antes el señor Aldunate llegó al punto de calificar los argumentos de la Corte como ‘argumentación laberíntica’, y decir además que ‘los poderes Legislativo y Judicial ejercen las mismas atribuciones y, en realidad, tenemos dos legisladores, uno democrático y el otro no’, acusaciones graves, que incluso sindican, directamente y sin más, una suplantación de funciones”.
En su carta, Donoso recuerda que la “Corte lleva bastante tiempo haciendo audiencias colectivas para todas las isapres en que se elige una causa de cada una de modo ejemplar, siendo la resolución la misma para todas las causas que se encuentren en la misma situación. Esto con el fin de entregar predictibilidad a quienes recurren, frente a situaciones casi idénticas, y construir respuestas que sean consistentes en el tiempo cuando los argumentos se reiteran en sede judicial”.
Junto con señalar que la Corte Suprema no ha hecho más que aplicar el Estado de Derecho, el abogado hace hincapié en que, con esta campaña de desprestigio contra el máximo tribunal, Aldunate y otros abogados del “Observatorio” están llamando al desacato de resoluciones judiciales, lo que –sostiene– “es algo que sobrepasa todos los límites y que recuerda sombrías épocas de nuestro pasado, cuando se hacían similares exhortaciones hacia el incumplimiento de decisiones jurisdiccionales, lo que no solo terminó horadando nuestro Estado de Derecho, sino que fue parte de los factores que deterioraron nuestra democracia, y terminaron con el advenimiento de un golpe militar que nos costó diecisiete años de dictadura”, plantea Donoso.
Pero Aldunate no está solo en su travesía contra las decisiones del Poder Judicial, el “Observatorio” que lidera también está conformado por otros reconocidos abogados de la plaza.
Fernando Barros Tocornal es un reconocido abogado tributarista en Chile. Es socio del estudio “Barros & Errázuriz” y representa a importantes grupos económicos del país. Ha sido asesor de Sebastián Piñera en temas tributarios y corporativos, “cerebro” tras varias de sus controvertidas maniobras elusivas de impuestos, además de haber defendido al dictador Augusto Pinochet en el pasado.
Barros fue investigado en el libro Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilena, de Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas, donde se revela cómo algunos empresarios chilenos eludieron impuestos declarando grandes pérdidas tributarias que no habían generado, sino que comprado. Se concluyó que Barros Tocornal asesoró a Piñera en la adquisición de empresas en quiebra.
El estudio de Barros también asesoró a Colmena Salud S.A. en la venta de sus centros médicos a UC Christus. Además, ha ocupado cargos directivos en Socovesa, Agrosuper y Oxiquim.
Barros ha asesorado al ex Presidente Piñera en diversos negocios, como la compra de Chilevisión y el parque Tantauco. También estuvo involucrado en la venta de la participación accionaria de Bancard en LAN (ahora LATAM Airlines).
Además, es consejero de la Sofofa y generó controversia cuando cuestionó al mundo empresarial por respaldar la idea de organizar en Chile la COP25, evento climático global que, semanas antes de su realización, debió ser suspendido debido al estallido social de octubre de 2019.
Alfredo Alcaíno De Esteve es un abogado de confianza de la familia de León Vial y ha defendido sus intereses en diversas batallas legales, incluyendo el caso Cascadas. Su estudio también ha participado en otros casos relevantes, como Penta, Serrano, Alfa e Inverlink. Ha trabajado estrechamente con Empresas Penta, asesorando a los controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín en fusiones y adquisiciones.
La familia política de Alcaíno también ha influido en su carrera. Sus cuñados, José Cox y Fernando Echeverría, han tenido un papel importante en su trayectoria profesional. A través de Cox, Alcaíno tuvo la oportunidad de trabajar con Sebastián Piñera en negocios como LAN y CMB. Echeverría es dueño de la constructora Echeverría Izquierdo, a la cual Alcaíno De Esteve ha representado en juicios. Además, gracias a la recomendación de Felipe Lamarca, otro cuñado, se acercó a Délano y Lavín al inicio de sus carreras.
Alcaíno De Esteve estudió en el Colegio Saint George, donde coincidió con figuras como Carlos Alberto Délano, Bernardo Matte y Andrés Allamand, quien fue un gran amigo y lo introdujo en Renovación Nacional (RN).
Desde antes de su asunción como ministro de Educación del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Varela fue criticado por su poca experiencia política y por sus opiniones en materia educativa, que había plasmado en diferentes columnas en El Mercurio y El Líbero, como aquella en donde afirmaba que “la Educación es un derecho y también un bien económico”. Hoy, es presidente del consejo directivo del “Observatorio Judicial”.
En 2015 se identificó como abogado de isapre, pero sin revelar cuál. Ya como ministro, realizó varias declaraciones desafortunadas a la prensa, que incluso fueron calificadas como “Varelicosas”, en referencia a las “Piñericosas” del ex Mandatario. En abril de 2018, se refirió al tema de los preservativos, en que indicó que él personalmente les compraba a sus hijos los condones y que estos necesitaban más de tres, porque eran unos “campeones”. El tema fue ampliamente criticado en redes sociales. En mayo del mismo año, durante una intervención en el Senado, se refirió al acoso a mujeres, señalando que eran “pequeñas humillaciones”, lo que fue rechazado de manera inmediata por mucha gente.
También en 2018, en el mes de julio, fue criticado por proponer que los problemas de infraestructura de los colegios públicos fueran reparados con recursos obtenidos de bingos realizados por la propia comunidad escolar, y por reclamar contra aquellos que exigen que “el Estado se haga cargo de todo”. Tras las críticas, Varela insistió en sus dichos el 9 de agosto, diciendo que “en el mejoramiento de la calidad la verdad es que no sobra nada y ojalá tengamos más Estado y más bingos”. Ese mismo día fue removido del cargo.
“Creemos que existe un sesgo preocupante en los tribunales de justicia. Nos interesa medirlo con cifras para ver si esta sensación es real”, señaló Gerardo Varela a la Revista Capital en julio de 2017, en un artículo titulado “Vigilantes”, el cual abordaba el rol del “Observatorio” liderado por José Miguel Aldunate. “Como muchas de las ideas que nacen en Libertad y Desarrollo (LyD), este proyecto originalmente es de Hernán Büchi”, contó Luis Larraín, entonces presidente del centro de estudios.
Según el artículo, Büchi estaba preocupado de que los magistrados, impulsados por una especie de “activismo judicial”, prescindieran de lo que la ley estrictamente apuntaba, barriendo –en su opinión– con toda certeza jurídica. Larraín pensó que el economista tenía razón y se propusieron crear una entidad que examinara a fondo las sentencias del Poder Judicial y pusiera atención al problema.
El artículo aclara que, en 2015, el abogado Sebastián Soto, profesor de Derecho Constitucional de la UC, se unió a LyD. Larraín le encargó dar forma a este plan y, después de varios meses de análisis, decidieron que el observatorio debía ser independiente de Libertad y Desarrollo y estar liderado por un abogado ajeno a la institución. Concluyeron que Gerardo Varela –socio de Cariola, Díez, Pérez-Cotapos– era el indicado para la tarea.
Por su parte, según agrega la Revista Capital, Soto contactó a un viejo conocido, José Miguel Aldunate, con quien trabajó en la Segpres durante el período en que Cristián Larroulet era ministro, para ofrecerle la dirección ejecutiva. Bautizaron la iniciativa con el nombre de “Observatorio Judicial” y, simbólicamente, eligieron dos ojos de lechuza como su imagen corporativa.
En esa oportunidad, aclararon que no se trataba de una institución que persiguiera a los jueces, ni tampoco pretendían ser un centro de denuncia. “Nuestro objetivo es mostrar tendencias. Por ejemplo, cómo los jueces laborales interpretan las normas laborales, cuántos fallos de una sala de la Corte optan por una decisión determinada, entre otros temas”, indicó Sebastián Soto.
Otro de los integrantes del consejo directivo, Roberto Guerrero, dijo en dicho artículo que “uno se junta con gente con la que tiene afinidad. Es natural. Pero este no es un tema político. Es 100% jurídico”. En tanto, Varela aseguró: “Me preocuparía que se dijera ‘los abogados que están armando esto no los conoce nadie, no han estado en ningún caso relevante’. Aquí no hay defensas personales a clientes”, añadió.
Las Cartas al Director enviadas por los integrantes del “Observatorio Judicial” no son las únicas acciones que han tomado estos abogados para llevar a cabo su cometido, que –según señalan– es: “Promover entre los jueces una cultura de ecuanimidad y respeto a la ley en la toma de sus decisiones, evitando interpretaciones tendenciosas”. También han emitido sendos informes analizando el caso de las isapres. Los dos más recientes: “Fallos con efectos generales: grave precedente” y “Caso Isapres: el fallo de la sospecha”.
