Opinión
A diferencia de la propuesta de 2022, el anteproyecto no es una propuesta transformadora que responda a las demandas sociales manifestadas en la revuelta de 2019. Es un texto equilibrado, cuya principal virtud parece estar en que resultó aceptable para todos quienes participaron de su redacción. Dicha transversalidad da cuenta de un diagnóstico que insta al sistema político a mostrarnos capacidad de acuerdo y entendimiento. Es el retorno de los acuerdos en la medida de lo posible.
La Comisión Experta entregó el anteproyecto constitucional. Se trata del primer tiempo de un nuevo esfuerzo por resolver el problema constitucional chileno en sus dos dimensiones: su ilegitimidad de origen y de ejercicio. El origen dictatorial de la Constitución vigente no ha sido superado, y su ejercicio ha preservado un modelo de sociedad con relaciones de poder desiguales y abusivas.
El anteproyecto nos parece una propuesta tímida, pero equilibrada. No impulsa grandes cambios, pero tampoco cede al populismo constitucional que observamos en el último periodo electoral con discursos grandilocuentes sobre seguridad y control migratorio. Su equilibrio es resultado de, por un lado, el consenso de no constitucionalizar decisiones que impidan la deliberación democrática y, por otro, de concesiones recíprocas que no dejan a nadie del todo feliz, pero tampoco fuera de la cancha.
Sobre lo primero, la Comisión Experta decidió no constitucionalizar el modelo de isapres, habilitando a que en el futuro se pueda, por ejemplo, fortalecer políticas de coordinación entre múltiples prestadores para mejorar la protección de la salud, independientemente de la capacidad de pago. Lo mismo sucede con los mandatos a promover la participación de mujeres y pueblos originarios en los órganos democráticos, donde se delegó a la ley el establecimiento de mecanismos específicos.
Pero, además, se logró un equilibrio en torno a concesiones recíprocas que parecen ser equivalentes en valor para cada uno de los sectores. Se consolidan las normas económicas de la Constitución vigente, pero se fortalece la libertad sindical constitucionalizando el derecho a huelga o la titularidad sindical para funcionarios públicos. Se mantiene la libertad de enseñanza tan defendida por la derecha, pero se incorpora la protección del interés superior de los NNA como principio constitucional y límite a dicha libertad. Concesiones mutuas que expresaron la unanimidad en algunos temas importantes para la ciudadanía.
Sin embargo, también se advierten ausencias relevantes, como el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, el derecho al cuidado o instituciones claves para la protección de los derechos, como la defensoría del pueblo (el ombudsman).
A diferencia de la propuesta de 2022, el anteproyecto no es una propuesta transformadora que responda a las demandas sociales manifestadas en la revuelta de 2019. Es un texto equilibrado, cuya principal virtud parece estar en que resultó aceptable para todos quienes participaron de su redacción. Dicha transversalidad da cuenta de un diagnóstico que insta al sistema político a mostrarnos capacidad de acuerdo y entendimiento. Es el retorno de los acuerdos en la medida de lo posible.
Resolver el problema constitucional chileno requiere de una Constitución de origen democrático, pero, también, que sirva para reencontrarnos en el ejercicio pleno de los derechos y la representación institucional. En la nueva etapa que se inicia, los jugadores deben estar conscientes de que estarán jugando en un equilibrio muy precario que puede fácilmente derivar en una Constitución partisana. La fórmula que combina habilitación para dejar que, a través de la ley, se resuelvan las diferencias democráticas y concesiones recíprocas para aceptar ciertos mínimos comunes, parece ser la única opción viable en un contexto de alta incertidumbre y fragmentación política y social.
