Según documento secreto de la CIA, en los años 80 la Armada chilena no solo sospechó que había fallas en los equipos alterados que vendía la compañía, sino que además estuvo a punto de romper sus códigos de seguridad, lo que causó nerviosismo en la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Por cierto, se trata de los mismos aparatos que se usaron en los años 70 para montar la red “Condortel”, por medio de la cual los países participantes de la Operación Cóndor intercambiaban información. Tras el escándalo, la empresa cambió de razón social y añadió la palabra “International” a su nombre, pero sigue manteniendo la misma dirección y el mismo correo electrónico de contacto. Durante años, la firma fue representada en Chile por el comerciante de armas favorito de las Fuerzas Armadas de nuestro país, Virgilio Cartoni Maldonado, quien actualmente es indagado por el presunto pago de sobreprecios en la compra de máquinas encriptadoras adquiridas entre 2013 y 2015.
El escándalo estalló en 2020. Como si fuera la trama de una serie de espionaje, a inicios de ese año The Washington Post y el canal alemán ZDF revelaron la existencia de la “Operación Minerva”, que consistió en que durante casi 50 años una de las mayores empresas de tecnología de encriptación de mensajes del mundo, la suiza Crypto AG, fue manejada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su par alemán, el Servicio Federal de Inteligencia (BND). En realidad, ambas organizaciones de espionaje eran los verdaderos dueños de dicha compañía, la cual vendió sus aparatos a los ejércitos y fuerzas policiales de 120 países, incluyendo a Chile.
Por cierto, los compradores no sabían que los algoritmos de encriptación estaban alterados y que, gracias a ello, la CIA y el BND podían tener acceso a todas las comunicaciones supuestamente top secret que los clientes de Crypto AG (también conocida como “CAG”) protegían por medio de sus máquinas.
Según el mismo reportaje, el BND se desprendió de su participación en ella en 1993, mientras la CIA lo hizo en 2018, cuando vendió la compañía a otros dueños, pero la revelación periodística implicó la apertura de investigaciones penales y parlamentarias en Suiza. Tras ello, la empresa modificó su razón social y ahora ya no es “Crypto AG”, sino “Crypto International AG”.
En Chile también hubo repercusiones, dado que CYM, la empresa que era propiedad del vendedor de armas favorito del mundo militar chileno, Virgilio Cartoni Maldonado, estaba (y está) siendo investigada por la ministra en visita Romy Rutherford y por la fiscal Ximena Chong, debido a la venta con sobreprecio de máquinas de Crypto AG al Ejército, transacciones realizadas durante 2013 y 2015, años en los cuales la empresa de Cartoni era la representante de los suizos en Chile. Hoy en día, la sucesora de CYM, llamada “Seneka Spa”, es la que vende productos de Crypto en el país –ahora bajo el nuevo nombre, “Crypto International AG”, con que comenzó a denominarse luego del escándalo–.
Bajo esa denominación sigue figurando en el listado de proveedores del Ejército chileno, actualizado al 05 de abril de este año, y en el de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), actualizado al 02 de mayo de 2023.
Crypto AG fue fundada por el ruso Boris Hagelin, quien emigró a Suiza cuando los bolcheviques tomaron el poder en el país, en 1917, y en 1940 se estableció en Noruega. Allí creó una máquina de encriptación portátil llamada “Hagelin M-209”, que le vendió al Ejército de Estados Unidos, con lo cual se hizo de una pequeña fortuna, que le permitió expandir la empresa Crypto AG, la cual empezó a ser absorbida en 1960 por la CIA.
En 1969, un año antes de su muerte, el BND y la CIA acordaron comprar a medias la firma, lo que hicieron pagando 5.75 millones de dólares, por intermedio de una compañía de fachada ubicada en Liechtenstein, llamada Marxer and Goop, y de ese modo siguió operando en una aparente normalidad.
En el caso chileno, de acuerdo con Ciper, al menos desde 1976 que las Fuerzas Armadas cuentan con equipamiento de Crypto, pero según pudo establecer el National Security Archive (NSA) de la George Washington University –un centro dedicado a la obtención y análisis de documentos desclasificados–, la red de telecomunicaciones llamada “Condortel”, que era la médula espinal de la llamada Operación Cóndor, funcionaba sobre la base de equipos de Crypto AG.
La Operación Cóndor, por cierto, era la coordinación de los servicios represivos de varios países de América Latina que fue creada en 1975 a instancias del jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, y que tenía varios objetivos: el principal era combatir a la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), una suerte de Estado Mayor conjunto creado por movimientos subversivos de extrema izquierda, como el MIR chileno, el ERP argentino y los Tupamaros uruguayos. Además de ello, el plan consideraba la eliminación de opositores políticos a las dictaduras latinoamericanas, estuviesen donde estuviesen (el crimen de Orlando Letelier en Washington es el ejemplo más claro de ello), y también implicaba blancos más ambiciosos, que incluían la eliminación de quien era considerado el terrorista internacional más peligroso de los años 70, el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como “Carlos El Chacal”, para lo cual se creó una unidad especial llamada “Teseo”, conformada por un oficial chileno, un argentino y un uruguayo, que debían “cazarlo” en Europa y que, por supuesto, no lo logaron.
La existencia de la Operación Cóndor se comprobó por primera vez a inicios de los años 90, cuando el abogado Martín Almada descubrió una gran cantidad de documentos clasificados de la policía secreta paraguaya, el famoso “Archivo del horror”. Allí, por ejemplo, estaban las invitaciones oficiales a la primera reunión de “Cóndor”, que se efectuó en Santiago, pero los detalles exactos recién comenzaron a aparecer a fines de los años 90, a partir de la desclasificación de una serie de documentos de la CIA que evidencian que dicha agencia conocía al dedillo todo lo que hacía “Cóndor”.
En dicho sentido, Carlos Osorio, director de documentación del Cono Sur del NSA, explica que dentro de los documentos obtenidos por ellos, figura uno de la CIA, de 1977, que señala que “el sistema de encriptación empleado por Cóndor es una máquina manual de origen suizo, entregada a todos los países de Cóndor por los brasileños, designada CX52. En apariencia, se parece a una vieja caja registradora que posee números, manivelas laterales y un disco a un costado, que se opera manualmente”.
En otras palabras –detalla el experto–, fueron los militares brasileños quienes proveyeron a sus pares latinoamericanos de las máquinas, sin saber que la CIA tenía acceso a todo lo que supuestamente encriptaban por medio de ellas. Osorio indica que, independientemente de aquello, no es posible colegir que todo lo que los norteamericanos sabían acerca de la Operación Cóndor proviniera de la interceptación de las comunicaciones de “Condortel”, sobre todo porque contaban con muchas fuentes de información en los países partícipes, especialmente en Argentina. Agrega, además, que ellos formularon una petición de desclasificación a la CIA acerca de la operación “Minerva”, pero aún no han tenido respuesta.
Osorio señala que es muy probable que haya una serie de antecedentes desconocidos en ese u otro documento, que permitan entender mejor el funcionamiento de “Minerva”. Esto, sobre todo teniendo en cuenta que The Washington Post publicó extractos de un documento interno de la CIA relativo a la historia de “Minerva”, uno de los cuales se refiere a la Armada chilena.
Según dicho informe, a inicios de los años 80, “Chile siguió quejándose acerca de la débil criptología de CAG, y Henry temía que la marina chilena estuviera a solo pulgadas de romper su propia máquina 503”, señala el texto, refiriéndose al modelo de encriptación que poseía la Armada nacional.
El reporte agregaba que, ante ello, “los chilenos amenazaron con comprar equipamiento de Datotek”, una empresa taiwanesa del mismo rubro, lo cual fue retrucado por los agentes de Crypto, quienes indicaron a los chilenos que dicha compañía no poseía permisos de exportación a Chile, a la vez que aseguraron que Crypto estaba en condiciones de ofrecerles aparatos con mayores condiciones de seguridad, “con lo cual lograron conseguir que siguieran siendo clientes de CAG”.
En el caso del Ejército, se inició una investigación penal en junio de 2018, a partir de hechos posiblemente constitutivos de delito que fueron detectados por la Contraloría General de la República (CGR), luego de una auditoría efectuada “en el ámbito de la renovación de la red criptográfica exterior, implementada durante los años 2013 a 2015, por la ex jefatura de Guerra Electrónica, actual RINTE N°2” (Regimiento de Inteligencia Electrónica), según señala una querella presentada el año pasado, ante el Séptimo Juzgado del Crimen, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Virgilio Cartoni Maldonado y el exgeneral y funcionario de inteligencia Hernán Ramírez Hald –que, entre otros crímenes, fue condenado como encubridor en el caso de Tucapel Jiménez–.
El informe final de dicha auditoría dio lugar a las investigaciones incoadas tanto en la justicia civil como la militar. En ambas se indaga a CYM, de quien el libelo dice que posee una estrecha relación con el Ejército y que esta “le ha permitido durante varios años adjudicarse millonarias licitaciones”, lo que ha desembocado en una serie de irregularidades que son actualmente objeto de indagatorias, como la compra de un avión Cessna para la Comandancia en Jefe de dicha rama castrense, la adquisición de trajes de combate pixelados y, también, las compras con sobreprecios realizadas a Crypto.
Al respecto, el CDE argumenta que en 2013 la Jefatura de Guerra Electrónica compró 24 equipos HC-9300 de Crypto AG, “cuya representación en Chile está a cargo de CYM S.A., para el intercambio de mensajes cifrados entre agencias militares en el extranjero y el Ejército de Chile, por una suma aproximada de USD 900.000”. Sin embargo, a juicio de Contraloría, no solo no existen antecedentes que justifiquen la compra, sino que además en al menos ocho de ellos se pagó un sobreprecio de 46 mil dólares. Del mismo modo, el órgano contralor detectó que, si bien era efectivo que los modelos anteriores con que contaba el Ejército –las máquinas Crypto modelos HC 4220, HC 4221 y HC 4300– eran antiguos y se necesitaba una renovación de la mayor parte de ellos, se efectuó un estudio que presentó tres alternativas, ninguna de ellas relacionada con Crypto, eligiéndose una que representaba un costo mucho menor (155 mil dólares).
Pese a ello, como señala la querella, el 15 de enero de 2013 se hizo una reunión en la cual se eligió una cuarta alternativa, “distinta de la propuesta por todas las jefaturas especializadas”, que consistía en la compra de las Crypto HC 9300.
De acuerdo con la investigación, CYM realizó “reuniones y acercamientos indebidos con el Ejército, a fin de realizar la renovación de la red criptográfica internacional”, gestiones que el CDE adjudica a Ramírez Hald, quien era empleado de la empresa de Cartoni. De hecho, el jefe de Guerra Electrónica del Ejército, Gastón Daroch, declaró que “conozco al general Ramírez, que era prácticamente nuestro ejecutivo de cuentas, y al coronel Valero, que reemplazó al general Ramírez cuando este se fue a Punta Peuco”.
Durante muchos años, Cartoni fue un hombre de amplias influencias y contactos en el mundo castrense. Como informó El Mostrador en 2009, llegó a representar a más de 50 grandes empresas del ámbito militar, entre ellas, Eurocopter, la israelí Rafael y la compañía que produce los tanques Leopard, entre otras grandes firmas del rubro. Sin embargo, su nombre no solo comenzó a aparecer en medio de distintas investigaciones periodísticas, sino también judiciales, lo que ha motivado una fuerte defensa de parte de su abogado, Samuel Donoso, quien –entre otras acciones– interpuso en 2020 un recurso de protección en el cual argumentaba que el exmilitar es objeto de una doble persecución, por parte de la justicia militar y la civil.
En medio de todo ello, CYM llegó a su fin como tal. Fundada en 1998 por Cartoni, en febrero de 2019 se reconvirtió en Seneka Spa. Con un capital de 307 millones de pesos, figuran como socios Robinson Leiva Sfeir (un antiguo empleado de CYM) y Alejandra Sánchez González. Virgilio Cartoni ya no aparece en ella.
Como se indicaba anteriormente, Seneka es proveedora de la Armada, del Ejército y de la FACH, aunque en el primer caso solo figura como tal, sin explicitarse las compañías a las que representa.
Sin embargo, en el caso de la FACH y el Ejército, sus respectivos listados de proveedores muestran que Crypto sigue siendo proveedora de las dos instituciones.
Ante ello, se consultó a los departamentos de Comunicaciones de ambas ramas de las FF.AA. por qué dicha empresa figura aún en sus registros, teniendo en cuenta los problemas legales que ha tenido tanto en Suiza como en Chile y, por cierto, la duda que quedó instalada respecto de si la CIA (u otra agencia de inteligencia) dejó de tener relaciones efectivas con ella.
En la Fuerza Aérea de Chile declinaron contestar, limitándose a indicar que dicha información debía ser solicitada por medio del sistema de Transparencia del Estado, lo que implica 30 o 45 días de espera, al menos.
A diferencia de la FACH, el Ejército sí respondió, explicando en forma muy escueta que “Crypto AG” no está vigente como proveedor desde el año 2013, pero que “Crypto Internacional AG” sí lo está, pues “cumple con todos los requisitos y normativa vigente desde el año 2018, conforme al DS 746 del MDN”.
Independientemente de que el nombre sea otro, basta revisar los mismos documentos que el Ejército envió, así como los que figuran en la web de la FACH, para constatar que el cambio de razón social no es más que un simple maquillaje, pues tanto “Crypto AG” como “Crypto International AG” poseen la misma dirección (Zugerstrasse 42, Steinhausen, Suiza), y el mail de contacto de la Fuerza Aérea y el Ejército con esta versión 2.0 de Cyrpto es el que tenía la empresa original: crypto@crypto.ch.