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Para el consejero Alihuen Antileo, “hay dos o tres artículos del anteproyecto que tendrán un impacto en la vida y desarrollo de los pueblos indígenas”, por lo que adelantó que es indispensable hacer una Consulta Indígena. Aun cuando existe consenso en que no alcanzarían los tiempos para realizarla, para los representantes de los pueblos originarios en el Consejo el tema no está en discusión, porque se trata –a su juicio– de una responsabilidad ineludible del Estado de Chile. El asunto se ha convertido en el primer nudo que deberá resolver la mesa directiva, presidida por la republicana Beatriz Hevia.
En el pleno del Consejo Constitucional del pasado lunes, uno de los secretarios del proceso leyó el oficio del escaño indígena, Alihuen Antileo, que sorprendió a los consejeros. Antileo solicitó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se pronuncie sobre la viabilidad de realizar una Consulta Indígena en el proceso constitucional. Esto recordó a Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta (cupo PPD), y sus declaraciones del pasado 10 de abril, donde afirmó que no se contemplaba un proceso formal de Consulta Indígena. Argumentó que esto se debía a la falta de tiempo y reconoció que era un “déficit” que se intentaría suplir con los mecanismos de participación organizados por la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
Durante la misma sesión plenaria, los rectores de las universidades informaron sobre las consideraciones que tendrán con respecto a los pueblos indígenas, con el objetivo de darles voz, aunque esto no satisfizo a los consejeros mapuche. Según la opinión de Kinturay Melin (RD de La Araucanía), el proceso que organizan las universidades “no es suficiente”, ya que “una Consulta Indígena debería llegar a los sectores rurales de nuestra región”.
En conferencia de prensa conjunta con todos los consejeros oficialistas, Antileo justificó la solicitud argumentando que “dos o tres artículos del anteproyecto tendrán un impacto en la vida y desarrollo de los pueblos indígenas”. Según el consejero, esto hace necesario llevar a cabo una Consulta Indígena en conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual regula este tipo de instancias cuando una política pública o norma legal afecta a los pueblos reconocidos por los respectivos Estados.
También afirmó que si el Estado chileno no cumple con estas obligaciones, “es altamente probable que organizaciones mapuche recurran a tribunales internacionales”, junto con añadir que la Consulta busca proteger la legitimidad del proceso constitucional. En la misma línea, Julio Ñanco, elegido por la Región de Aysén y delegado de la bancada de Revolución Democrática, señaló que, si no se lleva a cabo dicho mecanismo, “la legitimidad de este proceso se vería afectada”. Según la opinión de Melin (RD), aquello podría llevar a “una deslegitimación de facto del proceso”, aunque aclaró que no sería una deslegitimación legal.
A juicio de la experta Antonia Rivas (CS), reconocida por su trabajo en temas indígenas en el proceso constitucional, es “fácticamente imposible” llevar a cabo una Consulta Indígena que cumpla con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, debido a los plazos requeridos, y concluye que, a pesar de la solicitud del consejero Antileo, “este tema quedará en nada”.
La consejera Ninoska Payauna, representante aymara elegida en la Región de Tarapacá por el Partido Republicano, optó por no hacer comentarios sobre el tema. Aunque el presidente de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo, Antonio Barchiesi (REP), resaltó que la realización de una consulta indígena no se contempla en el proceso constitucional. Además, expresó su confianza en el trabajo llevado a cabo por las universidades en el proceso de participación ciudadana. Frente a la pregunta sobre qué se debe hacer con la solicitud de Antileo, el consejero Barchiesi manifestó que “es un tema que debe resolver la mesa”. Al ser consultada, la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (REP), mencionó que el tema está pendiente y que debe ser resuelto junto al vicepresidente del órgano, Aldo Valle (IND-PS).
El anteproyecto aprobado por la Comisión Experta reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, promueve el respeto de sus derechos individuales y colectivos, así como el fomento de sus culturas y su participación política en el Congreso, entre otros aspectos. Carlos Frontaura (REP) votó en contra de la mayoría de estas normas y es poco probable que tengan futuro en el Consejo Constitucional. Aunque Ñanco (RD) ve con optimismo el debate al respecto y su objetivo en el Consejo –dijo– es “tratar de convencer a los consejeros cara a cara, que conozcan nuestras historias de vida puede permitir acercar posiciones”.
Melin (RD), por su parte, fue más firme y puso la responsabilidad en el Partido Republicano: “¿Están dispuestos a escuchar a todos los sectores de la población (incluyendo a los pueblos indígenas) o solamente a su sector identitario?”, ya que –en su opinión– los derechos colectivos y el reconocimiento de los pueblos originarios “son un punto de partida para solucionar los conflictos que hay en La Araucanía. Es una salida política y pacífica a que podamos entablar un diálogo democrático y real para los habitantes de mi región”, subrayó.
Cabe recordar que el también consejero por la Región de La Araucanía, Héctor Urban, del Partido Republicano, aceptó su cargo el pasado miércoles “por las víctimas de la violencia rural de la Macrozona Sur”, frente a lo cual la consejera Melin dijo que la violencia rural es parte de “por qué queremos una salida política a los conflictos que existen en la región”.
