El sumario más reciente –sustanciado por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera– surgió luego de una investigación disciplinaria contra dos notarios (uno titular y otro suplente) y un receptor judicial, por vulnerar la legislación vigente en materia de tramitación de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros. Esto se dio en el caso de un juicio en las Islas Caimán, el que fue notificado en el país sin haber cumplido el trámite correspondiente ante la Corte Suprema. (ACTUALIZADA)
Nadie habla de otra cosa en la Corte de Apelaciones de Santiago: las investigaciones sumarias que enfrenta uno de sus “ilustrísimos” miembros, el ministro Antonio Ulloa.
El sumario más reciente –sustanciado por el presidente de la Corte de Apelaciones de la capital, Juan Cristóbal Mera– surgió luego de una investigación disciplinaria contra dos notarios (uno titular y otro suplente) y un receptor judicial, por vulnerar la legislación vigente en materia de tramitación de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros. Esto se dio en el caso de un juicio en las Islas Caimán, el que fue notificado en el país sin haber cumplido el trámite correspondiente ante la Corte Suprema.
En el marco de ese caso, el tribunal de alzada de Santiago tomó conocimiento de que uno de los funcionarios notariales sancionados utilizó un automóvil fiscal para realizar las gestiones que vulneraron la normativa vigente. El asunto es que ni notarios, titulares o suplentes, y mucho menos receptores judiciales, tienen vehículos fiscales a su cargo, por lo que su uso necesariamente es irregular. Tras una simple comprobación, se identificó que el vehículo en cuestión estaba entregado por la Corporación del Poder Judicial al ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones capitalina.
Con ese dato, el Pleno decidió abrirle inmediatamente una investigación sumaria.
Este caso se suma a otro abierto en agosto del año pasado, cuando la misma Corte decidió iniciar otra investigación contra Ulloa, esta vez en manos del juez Mario Rojas. El expediente se abrió al calor de las campañas del plebiscito de salida del fallido proceso constitucional de 2022. Antes de los comicios, el juez Ulloa desobedeció una instrucción de la Corte Suprema, que solicitó prescindencia política a los magistrados. Desoyendo lo anterior, Antonio Ulloa manifestó por redes sociales su posición política.
Según fuentes del Poder Judicial, el juez Ulloa cuenta con una amplia red de poder que incluye a la ahora exvocera de la Suprema, Ángela Vivanco. De hecho, en el marco del último evento, la ministra Vivanco salió a poner paños fríos ante la visión de otros magistrados, que interpretaron el acuerdo de la Suprema como un intento de restringir sus opciones políticas.
Vivanco comentó entonces que en el máximo tribunal del país valoran “la independencia y autonomía del Poder Judicial, y eso también significa que hay limitaciones desde el punto de vista de la incumbencia política”, agregando que “no podemos vivir como vive una persona común y corriente, no porque seamos especiales, sino sencillamente por lo especial de nuestro trabajo”.
Respecto a la cercanía de la exvocera de la Suprema con el magistrado sumariado, la ministra Vivanco señaló que “conozco al Ministro Ulloa porque fue mi alumno de clínica jurídica en la UC muchos años atrás y tengo mucho aprecio por él desde entonces. No es el único miembro del Poder Judicial que ha sido mi alumno y por todos los que lo han sido tengo aprecio, pero no significa que con el señor Ulloa o con otras personas tenga ningún tipo de red de poder ni nada por el estilo. Las situaciones que tienen que ver con las actuaciones del señor Ulloa no las conozco ni tengo participación alguna en ellas”.
A propósito de redes, cabe recordar que, en otro tema, el voto del ministro Ulloa –junto al de la ministra (s) Ana María Osorio– fue clave para sobreseer por prescripción a la exministra de Justicia Javiera Blanco, en el marco del caso “Gastos Reservados” de Carabineros.
