¿Qué hacer con los delegados presidenciales regionales en Chile?

La promesa del Presidente de la República, Gabriel Boric, de terminar con los delegados presidenciales regionales, puede transformarse en un verdadero problema político. De hecho, la suspensión de reuniones por parte de los gobernadores regionales con la subsecretaria de Desarrollo Regional va configurando un potencial conflicto. 

La molestia expresada por gobernadores regionales se provocó por la presentación del proyecto de ley del Gobierno, que se suponía cumplía con el mandato presidencial de suprimir a delegados presidenciales regionales. La iniciativa gubernamental fue calificada por la agrupación de gobernadores regionales de manera negativa porque, a su juicio, solo se trataba de un cambio de nombre, ya que en vez de delegados presidenciales regionales pasaban a llamarse jefe regional de Gobierno Interior, manteniendo las mismas funciones.

Recordemos que en plena campaña presidencial el año 2021, el actual Mandatario calificó a los delegados presidenciales regionales como “un obstáculo” para la descentralización y advirtió que terminaría con el cargo si llegaba a ser Presidente. En ese año, el entonces candidato presidencial recordó una movilización que tuvo lugar en 2011 en su región de origen y sostuvo que la autoridad de aquella época (intendente regional, antecesores de los delegados presidenciales regionales), mientras “todo Magallanes se movilizaba, defendía los intereses del gobierno de turno” (CNN Chile, 10/09/2021).

Pero ¿cuál es el problema con la presencia en regiones de estas autoridades designadas conviviendo con gobernadores regionales? Intentaré graficarlo con el siguiente ejemplo. 

Piense en el total de la inversión pública efectiva que se realiza en un año calendario en cualquier región o comuna del país. Supongamos que se invierte un total de 100 pesos en su región o comuna. En la práctica sucede que entre 85 a 90 de esos pesos provienen de fondos sectoriales de instituciones desconcentradas que están en regiones, tales como Secretarías Regionales Ministeriales, Direcciones de Servicios Públicos como Vialidad, Indap, Serviu, entre otros. Entre 10 a 15 pesos provienen del Gobierno Regional, cuyo principal instrumento financiero es el conocido FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) y que administran los actuales gobernadores regionales. Entre 1 a 2 pesos, y dependiendo del tamaño de la municipalidad, proviene de fondos municipales, incluso en la mayoría de los casos el aporte municipal en materia de inversión pública equivale a cero pesos. 

El problema radica en que la autoridad que coordina a los servicios públicos desconcentrados que invierten en regiones entre el 85 a 90% de los recursos públicos, no los coordina el gobernador regional, sino que lo hace el delegado presidencial regional. Ahí radica la principal dificultad política en la práctica cotidiana para los gobernadores regionales, quienes, además de no poder designar a las autoridades de servicios públicos desconcentrados, tampoco pueden coordinar su actuación en el territorio.

Por otro lado, ¿cuál es la dificultad para el Gobierno Central de desprenderse totalmente de una autoridad regional designada? Existen dificultades prácticas asociadas a dos funciones generales que desempeñan delegados presidenciales regionales en su calidad de representantes del Presidente de la República en regiones. 

La primera es garantizar la seguridad interior a nivel subnacional, lo que se traduce en establecer coordinación y mando administrativo sobre las policías y Fuerzas Armadas en regiones. Sobre esta función, el cuerpo de gobernadores regionales NO ha demandado querer poseer funciones o competencias específicas. 

La segunda función es la que se refiere a la coordinación y fiscalización de servicios públicos desconcentrados (seremis y servicios públicos) en regiones, que son los llamados a implementar las políticas públicas a lo largo del país. Aquí es necesario distinguir entre la función de coordinar y fiscalizar servicios públicos desconcentrados en regiones, porque es ahí donde se observan las principales discrepancias entre la visión nacional y regional sobre la descentralización.

Parece ser que el interés de los gobernadores está en la coordinación de los servicios públicos desconcentrados y no en la fiscalización de estos. Hoy, la ley no es suficientemente clara en establecer que la coordinación con este tipo de servicios forme parte de las atribuciones y competencias de gobernadores regionales, sin mediar un convenio de programación u otro instrumento de planificación específico que vincule a la región con algún ministerio. Sobre la fiscalización y supervigilancia de esos servicios públicos desconcentrados, los gobernadores tampoco han manifestado interés en cumplir dicha función.

¿Entonces? La dificultad parece estar en que el nivel central y gobernadores no han podido encontrar un punto común y consensuado para salvaguardar lo importante que es para las autoridades regionales electas la capacidad de coordinar los servicios públicos desconcentrados en el territorio. Luego de encontrar ese consenso, creo que se pueden establecer mecanismos formales y legales de coordinación en favor de uno u otro nivel de gobierno, sea el regional o nacional en el territorio. Una vez disipada esta sustantiva discusión y desarrolladas las capacidades regionales, se puede avanzar de manera mucho más sólida en transferir competencias o incluso la totalidad de servicios públicos desconcentrados a gobiernos regionales. 

La idea de una autoridad central en la región –ojalá con un nombre menos invasivo que la de “jefe”–, que represente al Gobierno en la función de garantizar la seguridad interior y fiscalizar servicios públicos desconcentrados, y por otro lado asignarle la función de coordinar dichos servicios a gobiernos regionales, parece ser una salida intermedia que puede permitir avanzar y destrabar este potencial conflicto, en favor de la descentralización.