Opinión
En el mundo de la desconfianza es hora de dejar los diagnósticos de lado, dejar de suponer que las cosas funcionan cuando en realidad no lo hacen, y exigir el máximo de transparencia y probidad, en especial cuando están involucrados dineros públicos. Es hora de poner encima de la mesa las convicciones éticas, donde los límites van más allá de lo legal. Al final, la vara que estamos exigiendo al resto, debemos aplicarla a nosotros mismos. Tal vez ahí entendamos que somos parte del problema, y también de la solución.
Un nuevo escándalo de corrupción viene a demostrarnos que este flagelo está bien vivo y que el combate en su contra bastante estancado. Esta vez se trata de la falta de transparencia y probidad en la contratación pública, tras conocerse los contratos firmados entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por un total de $426 millones. Los involucrados son el representante legal de la ONG y entonces asesor en la Subsecretaría de Defensa, Daniel Andrade, y el ahora renunciado seremi, Carlos Contreras, ambos miembros de un mismo partido político (Revolución Democrática) y ligados a la diputada Catalina Pérez: pareja y exjefe de gabinete, respectivamente.
A medida que pasan los días se conocen nuevos y sorprendentes detalles que alimentan la rabia colectiva de una ciudadanía hastiada de ver con qué facilidad algunos se adjudican millonarias sumas de dinero, y más aún, indigna darse cuenta de que los mecanismos para defraudar siguen siendo los mismos y que, incluso así, siguen ocurriendo. Uno esperaría que al menos existiera un aprendizaje de los errores pasados, sin embargo, tal parece que cuando los casos dejan de ser titulares, quedan en el olvido y archivados, y todo sigue igual que antes. De ahí la gravedad del tema: existe una especie de costumbre a la corrupción, porque vemos que hechos pasados se repiten y nada cambia.
En ese contexto el ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que están trabajando para cambiar el modelo de asignaciones de las fundaciones por uno más transparente, considerando que, por lo general, estos no pasan por Mercado Público. La verdad es que preocupa que exista una serie de convenios vía asignación directa, porque, tal como vemos en el caso de Democracia Viva, puede existir legalidad en ellos, pero son éticamente reprochables y prestarse para que la corrupción actúe a sus anchas.
Ante cada escándalo que hemos conocido se ha repetido la importancia de implementar controles preventivos, mayor transparencia, rendición de cuentas, licitaciones, due diligence para establecer con quién se está haciendo negocios, entre otras medidas. No obstante, seguimos viendo una impactante falta de fiscalización, como el hecho de que ahora el SII confirme que Democracia Viva no tenía giro de obras cuando ya se había adjudicado dos de los tres convenios por $370 millones, para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en dos campamentos, como instalación de luminarias, contenedores de basura, extintores y otras mejoras a los espacios comunitarios.
Y ni hablar de la sorpresa que se llevó la PDI al allanar la sede de la fundación, donde no encontró ni aparatos tecnológicos ni documentos, ya que más bien se trataba del domicilio de una persona que dijo no participar de esta organización. O de la nueva arista que se investiga, donde se habría detectado que varios funcionarios contratados por esta ONG al parecer también prestaban servicios en la Seremi.
Resulta bastante desesperanzador ver los bajos estándares éticos de nuestra clase política, donde al parecer el fin justifica los medios. Tal como ocurrió con el caso del audio filtrado por el diputado Miguel Mellado, quien primeramente condenaba los hechos que más tarde debió reconocer como autor, con excusas básicas como que llegó tarde al encuentro y que no escuchó que no se podía grabar, lo que resulta insólito, considerando que no hay necesidad de advertir que las reuniones privadas no se graban y menos se filtran. Desesperanzadoras también resultaron las defensas corporativas de quienes pedían el máximo rigor para el culpable, para luego suavizar sus dichos una vez conocido su nombre.
Y si vamos a otro caso contingente, tras dos años de investigación por delitos de corrupción, el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba fue formalizado, quedando en prisión preventiva. En la instancia, la jueza señaló que el exjefe comunal, en vez de tener una conducta intachable y honesta para lo cual fue elegido, “socavó la confianza pública en las instituciones y sus representantes que tanto perjudica la estabilidad política del sistema democrático”.
Por muy exagerado que parezca, los hechos de corrupción o faltas a la ética no son baladíes, afectan la democracia y provocan profundas divisiones en el tejido social.
El Barómetro de la Confianza de Edelman 2023 indicó que la confianza sigue en crisis, donde la falta de fe en las instituciones sociales provocada por el pesimismo económico, la desinformación, la división de clases y la falta de liderazgo, nos ha llevado a una peligrosa polarización. Y justamente la polarización redunda en mayorías abrumadoras y populismos, donde hay poco consenso y mayor conflicto. A medida que se afianzan las opiniones divididas, crece la desconfianza en las instituciones y la decepción de las personas, pues ven que aumenta el gallito político, sin mayores avances respecto de sus necesidades.
