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La jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, María Alejandra González Yutronic, arriesga penas de reclusión y multas, debido a su participación en casas de apuesta mientras se encontraba con licencia médica. Los registros revelan que la jueza González Yutronic visitó casinos en varias ocasiones –especialmente el Monticello en San Francisco de Mostazal–, involucrando grandes sumas que iban desde los $25 millones hasta los $200 millones, precisamente en las fechas en que se suponía en reposo por razones médicas no psiquiátricas. La Fiscalía solicitará el alzamiento del secreto bancario.
Un verdadero tour de apuestas realizaba la jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, María Alejandra González Yutronic, mientras se encontraba con licencia médica. El Monticello de San Francisco de Mostazal y los Enjoy de Coquimbo, Rinconada y Viña del Mar, fueron las salas de juego donde la magistrada ganó varios premios, y no precisamente por buena suerte. O al menos eso busca corroborar la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, tras la presentación de una querella contra todos los responsables por el delito de falsificación de instrumento público.
“Fue por lana y salió trasquilada” es un dicho que podría aplicarse a la situación de la jueza González Yutronic, ya que en medio de un caso de divorcio culposo ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago, la investigación dejó al descubierto un particular modus operandi. Durante la revisión de los antecedentes, se detectó una serie de documentos que ahora son cuestionados, entre los cuales se encuentra un listado de las licencias médicas presentadas por la señalada jueza. Por esta razón, se ha oficiado a las instituciones bancarias donde la magistrada tiene cuentas y productos financieros.
De acuerdo con la querella, la jueza María Alejandra González Yutronic estuvo en el casino en varias ocasiones mientras gozaba de licencia médica. Según la acción judicial, visitó casas de apuesta en al menos ocho períodos distintos, cuando debía hallarse en reposo.
La jueza González Yutronic se encuentra en el ojo del huracán luego de que salieran a la luz una serie de hechos que revelan su participación en juegos de azar mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas extendidas por diversos especialistas.
Los registros muestran que, en repetidas ocasiones, durante los años 2017 a 2019, la magistrada visitó el casino Monticello ubicado en San Francisco de Mostazal, cuando se hallaba con licencia médica por motivos no psiquiátricos. En octubre de 2019, por ejemplo, la jueza habría realizado movimientos por un total de $25.100.000 en su cuenta corriente y tarjeta de crédito del Banco Santander, coincidiendo con los días en los que se suponía que debía estar en reposo médico por orden de un otorrino laringólogo.
Estos patrones se repiten en otras licencias médicas extendidas por diferentes especialistas. En agosto, junio y mayo de 2019, así como en marzo y diciembre de 2018, se registraron movimientos en el mismo casino Monticello mientras la magistrada se reportaba enferma. En total, durante esos períodos, se estima que la jueza González Yutronic gastó una suma cercana a los $94.000.000 en juegos de azar.
La situación adquiere mayor gravedad al considerar que, en la carpeta de investigación penal de la Fiscalía Oriente, se encontraron 27 depósitos por un monto total de $202.255.000 en la cuenta corriente de González Yutronic. Estos depósitos incluyen ganancias obtenidas en el casino, lo que sugiere una participación constante en los juegos de azar.
Además, la investigación revela una posible relación entre González Yutronic y altos ejecutivos del casino Monticello y casino Enjoy, como el gerente general del Monticello, Manuel Rojas, y el jefe corporativo de área de juegos del Enjoy, Adrián Citterio. La participación de la jueza en un sorteo en el Monticello, en el que ganó un vehículo Volkswagen Tiguan, levanta sospechas sobre posibles vínculos y privilegios indebidos.
La magistrada González Yutronic enfrenta serias acusaciones de conducta inapropiada y posible conflicto de intereses. La Fiscalía Oriente ha iniciado una investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y establecer las responsabilidades correspondientes.
El abogado Cristián Cáceres, quien presentó los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Santiago, explicó a El Mostrador que la jueza podría ser sancionada con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y una multa de 25 a 250 UTM. Además de indagar su responsabilidad penal, el abogado y exfiscal realizó una presentación ante el tribunal para iniciar un sumario que revise la responsabilidad administrativa de la magistrada.
En marzo de 2023, González Yutronic fue citada a la Fiscalía, a fin de solicitar su anuencia para efectos del levantamiento del secreto bancario, siendo su respuesta negativa a estos efectos. Producto de esto, la parte querellante insistió en conocer los detalles de sus movimientos financieros, no solo debido a la negativa de la magistrada, sino también por la demora por parte del fiscal del caso, la que finalmente se resolvió.
El abogado Cáceres fue el encargado de insistir en la gestión respecto al levantamiento de secreto bancario, ya que el titular de la Fiscalía Oriente, Rodrigo Mena, dijo tener una excesiva carga laboral como para dar celeridad al requerimiento. No obstante, el fiscal habría accedido finalmente a la solicitud para pedir al tribunal levantar el secreto bancario de las referidas cuentas, como medida intrusiva en contra de la cuestionada magistrada.
El Mostrador contactó al abogado particular de la jueza González Yutronic, Carlos Gajardo, quien presentó patrocinio y poder en la causa ante Fiscalía la semana pasada. El exfiscal sostuvo que los hechos no son efectivos. “Los hechos que se denuncian no son efectivos y son efectuados con una persona prófuga de la justicia respecto de la cual la Fiscalía ha presentado acusación. Dicha acusación es por delitos reiterados de abuso sexual y pedofilia en que está pidiendo 12 años de cárcel por delitos cometidos de manera reiterada en contra de menores de edad. Repugna al derecho la realización de este tipo de acciones mediáticas para amedrentar a víctimas de delitos tan graves”.
