Presidente Boric presenta a integrantes de comisión para la transparencia en medio de Caso Convenios

Con la finalidad de seguir profundizando la agenda de probidad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Ejecutivo anunció la creación de la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, en medio del escándalo por las transferencias que han recibido fundaciones como Democracia Viva o Urbanismo Social —ligadas al partido frenteamplista Revolución Democrática— de parte de entidades estatales.

A través de un comunicado, La Moneda explicó que “se trata de un grupo técnico de trabajo de carácter transversal que abordará la relación de las instituciones privadas sin fines de lucro -corporaciones y fundaciones- con el Estado, sobre la base de los principios de transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas”.

La comisión estará compuesta por seis personas, quienes deberán elaborar propuestas en la materia en un plazo no mayor a 45 días. El equipo de trabajo será ad honorem y funcionará al alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia —a cargo del ministro Álvaro Elizalde (PS)—, el que prestará el apoyo administrativo para su adecuado funcionamiento.

“Quiero comenzar agradeciéndole, tremendamente, a quienes van a ser parte de esta instancia por la tremenda disposición que han mostrado y la rapidez con la que han aceptado hacerse parte de un espacio como este”, señaló el Presidente de la República durante la presentación.

“No queremos que esto sea solamente pensando en salidas políticas de la crisis, sino en cómo mejorar la relación entre las valiosas organizaciones de la sociedad civil con el Estado, pensando en las personas porque no podemos perder de vista que todo este debate se trata de cómo creamos una mejor calidad de vida para quienes habitan nuestro territorio a lo largo y ancho del país”, agregó el Mandatario.

Según contó el jefe de Estado, la instancia tendrá que identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las IPSFL con el Estado y proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación entre ambas partes, que faciliten el conocimiento, por parte de la ciudadanía, sobre el uso de los fondos que se les entregan.

Además, podrán proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de los organismos colaboradores del Estado, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.

La comisión también revisará los mecanismos de control y rendición de cuentas, generará propuestas para prevenir los conflictos de intereses y propondrá sanciones en caso de que las instituciones no utilicen los fondos estatales en los proyectos para los cuales fueron asignados.
La presidenta de la comisión será la abogada María Jaraquemada Hederra, quien será acompañada por Ramiro Mendoza Zúñiga; Jeannette Von Wolfersdorff; Ignacio Irarrázaval Llona y Francisco Agüero Vargas. En tanto, la secretaria ejecutiva del equipo será la abogada Valeria Lübbert Álvarez, quien actualmente cumple el mismo rol en la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.

Integrantes de la comisión

María Jaraquemada

Abogada de la Universidad Católica con Magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Poseé 17 años de experiencia profesional ligada a las políticas públicas anticorrupción, de transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático.

Actualmente, es la directora ejecutiva de Chile Transparente. Antes, se desempeñó en el Consejo para la Transparencia, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia como asesora legislativa, en la Fundación Ciudadanía Inteligente como Directora de Investigación e Incidencia, en Espacio Público como Directora de Incidencia y coordinadora del Observatorio Anticorrupción y la Red Anticorrupción Latinoamericana, así como Oficial de Programa de Chile y el Cono Sur en IDEA Internacional.

Ramiro Mendoza

Abogado, licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Fue Contralor General de la República de Chile desde abril de 2007 hasta abril de 2015. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es Presidente del Colegio de Abogados de Chile A.G.

Ha sido profesor de la cátedra de derecho administrativo en la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad Central, Universidad Gabriela Mistral, Universidad Finis Terrae y Universidad de Los Andes. Además, ha sido Profesor de postgrado en diversas Universidades de Chile y del extranjero. Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos.

Fue Director del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, del Círculo Legal ICARE, del Comité Académico del Magíster que imparte la Universidad del Desarrollo en Concepción, de la Asociación Española e Iberoamericana de Profesores e Investigadores de Derecho Administrativo (constituida bajo el patrocinio de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). Ejerce como árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM).

Ignacio Irarrázaval

Director del Centro de Políticas Públicas y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Desde 2006, ha estado involucrado en estudios sobre el aporte de la sociedad civil en Chile. Es miembro de la Sociedad Internacional de
investigación en el Tercer Sector. Obtuvo su doctorado en Política Social en el London School of Economics.

Francisco Agüero

Abogado y Doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Profesor Asistente del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Chile, donde se desempeñó como Director de dicha facultad entre 2018-2020. Es M.Sc. en Regulación Económica y Competencia, por la City University de Londres.

Fue asesor jurídico en la Comisión Nacional de Energía (CNE) entre los años 2000 y 2006; Secretario Abogado del Panel de Expertos para la Ley General de Servicios Eléctricos. Fue investigador y Director del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Universidad de Chile (2011-2016) y volvió a asumir la dirección de dicho centro en 2020. Ha sido académico en la Universidad de Chile en cursos de pre y postgrado en la Facultad de Derecho y de Economía y Negocios (FEN), asesor del Sernac, asesor del Ministerio de Educación en materia de regulación de la educación superior (2015-2016) y autor de libros sobre control de la actividad económica de órganos estatales, litigación compleja y regulación de monopolios.

Jeannette von Wolfersdorff

Economista, especializada en transparencia y sostenibilidad. Es ingeniera comercial de RWTH Aachen University, especialista en “Gestión por Resultados y Presupuesto” de la CEPAL e integró el consejo para la modernización del Estado (2018-2022). Fue presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para el gasto público (2020-2021) y también titular del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de ChileCompra. Actualmente, es consejera del Consejo Fiscal Autónomo y directora de la Fundación Chile.

En el ámbito de la sociedad civil, fue directora ejecutiva y fundadora del observatorio de gasto fiscal, directora de la fundación Contexto Ciudadano y directora de proyectos en Chile Transparente. En el ámbito privado se ha desempeñado en diferentes empresas, destacando que fue la primera mujer en integrar el directorio de la Bolsa de Santiago.

Valeria Lübbert

Abogada de la Universidad de Chile y Master in Law and Government de American University. Actualmente es Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, de Segpres. Entre 2007 y 2010 fue asesora legislativa de la División Jurídico Legislativa del mismo ministerio durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Fue abogada asistente del Tribunal Constitucional entre los años 2010 y 2012 y durante 2014 y 2018 volvió a la División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia como coordinadora, donde desempeñó un importante rol en la elaboración y discusión legislativa de la Agenda de Probidad. Ha impartido clases en las Universidades de Chile, Adolfo Ibáñez y Diego Portales. En 2021 asumió como directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, hasta marzo de 2022.