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Unas de las Iniciativas Populares de Norma que ya logró más de 10 mil firmas busca que toda persona mayor de 75 años tenga la posibilidad de cumplir condena en arresto domiciliario, independientemente del delito cometido. Esta propuesta también incorporaría a los condenados por delitos de lesa humanidad que actualmente cumplen penas en Punta Peuco. Desde el Partido Comunista hay indignación por la enmienda que será discutida por el Consejo Constitucional, mientras que en el Partido Republicano les parece una medida adecuada.
En pocos meses se conmemoran los 50 años del golpe de Estado que devino en la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y, en medio de la crisis del Gobierno por la renuncia de Patricio Fernández al cargo de coordinador interministerial para dicha conmemoración, surge una Iniciativa Popular de Norma (IPN) que introduce este debate al Consejo Constitucional. La iniciativa 6.007 sobre la “reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años”, apelando a principios del derecho humanitario, trae al órgano constitucional la discusión sobre posibles beneficios que les podría otorgar la nueva Constitución a los condenados por violaciones de los derechos humanos.
La IPN es de autoría de Enrique Cordovez, que fue parte de la Armada de Chile desde 1970 hasta 1994, cuando se retiró como capitán de navío. Fue un cercano colaborador de la Junta Militar en los últimos cuatro años de la dictadura, donde escribía “evaluaciones de la realidad económica, política, religiosa, de la ‘violencia terrorista’ de la época” como insumos para el almirante José Toribio Merino. Una de las motivaciones del autor de la iniciativa para presentarla es la condena que cumple en Punta Peuco su amigo, el exoficial de Ejército Jaime García Covarrubias, jefe de contrainteligencia de la DINA y subsecretario general de Gobierno en dictadura, condenado por secuestro calificado y apremios ilegítimos en contra de Jaime Eltit Spielmann, dirigente de la Juventud Radical en los años de la Unidad Popular, detenido desaparecido.
Consultado por El Mostrador, Cordovez dijo que la propuesta tenía un sentido humanitario para cualquier persona con más de 75 años, ya que “no se trata de un indulto ni de una amnistía, es solo un cambio en el lugar donde se cumpla la pena por un sentido humanitario”. Frente a la pregunta sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y el debate de la iniciativa, Cordovez “corrigió” porque, en su opinión, el 11 de septiembre “es una celebración, que tiene que ver con alegría”. Además, señaló que espera que la iniciativa tenga una buena recepción entre los consejeros constitucionales y dijo creer que podría ser aprobada.
Una de las voces en contra de la señalada IPN es la segunda consejera con más votos en la pasada elección de mayo, la comunista Karen Araya, quien sostuvo que “es absolutamente condenable este intento de la derecha por hacerles un perdonazo a los asesinos de Punta Peuco”. Agregó que “la derecha se cobija en una iniciativa que solo busca beneficios para quienes cometieron crímenes de Estado, violaron los derechos humanos y fueron partícipes de la cruda dictadura, volviendo a arremeter ante la historia y memoria de nuestro pueblo”. En la misma línea, su compañero de partido, el consejero Fernando Viveros, afirmó que “esta norma parece un traje a la medida a violadores de los derechos humanos”.
Por su parte, Alejandro Köhler (PS), consejero constitucional que vivió de cerca las repercusiones de la dictadura, como detenido y exiliado, recalcó que esta iniciativa debe cumplir “con estándares internacionales en materias de derechos humanos” y, por ende, “este beneficio no puede ser extendido a personas condenadas por crímenes graves o de lesa humanidad”.
Pero también hay defensores de la Iniciativa Popular de Norma dentro del Consejo Constitucional, como el excomandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (2006-2010) y consejero del Partido Republicano, Ricardo Ortega, quien señaló que dicha norma sería “de toda justicia”, agregando que “es inhumano tener gente de esa edad o mayores en cualquier recinto carcelario. Es un tema de humanidad”, dijo. Frente a la pregunta sobre si los condenados por delitos de lesa humanidad deberían tener este beneficio, respondió que “esta gente ya pagó por sus pecados, mantener a los mayores de 75 años en la cárcel es un sistema de exterminio. Se les debería aplicar a todos los que cumplan dicha edad, independientemente del delito, a todos, o si no, sería discriminatorio”.
La Comisión Experta, que despachó el anteproyecto constitucional hace un mes, tiene entre sus integrantes a dos exministros de Justicia de los gobiernos de Sebastián Piñera: Hernán Larraín (UDI) y Teodoro Ribera (RN). Ambos expertos coincidieron en que esta norma va en línea con la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, que busca –entre otras cosas– fórmulas mitigatorias en el cumplimiento de las penas carcelarias de adultos mayores. Sin embargo, Larraín indicó que “normas de este tipo deberían estar debidamente reguladas”, punto en el que también coincidió con Ribera.
Frente al debate de esta iniciativa en el contexto de los 50 años del golpe de Estado, Larraín señaló que es posible que esta discusión “se tiña con la contingencia”, mientras que Ribera afirmó que “es un tema sumamente complejo, pero todas las personas, sin importar lo que hayan hecho, son seres humanos y están dotados de dignidad”.
