Fotografía: svidomi.in.ua
Un fuerte impacto geoestratégico implicaría la compra de drones iraníes por parte de Bolivia, hecho anunciado el 20 de julio pasado. En otras palabras, podría producir un desajuste de fuerzas en la zona, que desordene y rebaraje las cartas de un naipe que parecía haber llegado a un punto de equilibrio. Pero no solo eso: implica también un avance en la presencia en la región de un actor relativamente nuevo para Chile: la República Islámica de Irán, que ya posee fuertes vínculos con Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Un fuerte impacto para Chile –y toda la región– implicará la posible compra de drones iraníes por parte de Bolivia, recientemente anunciada. En efecto, el 20 de julio pasado, en Teherán, los ministros de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, y de Irán, Mohammad Reza Gharaei Ashtiani, firmaron un acuerdo de cooperación internacional, que –según el diario El Deber de La Paz– incluía “el litio, misiles, armas e inteligencia en el ciberespacio”. Las primeras críticas al respecto surgieron en Argentina, donde hubo reacciones negativas hacia el acuerdo, dada la implicación de Irán en los atentados terroristas acaecidos en 1992 y 1994 en Buenos Aires, hechos sobre los cuales la justicia trasandina ha acusado la participación de personal diplomático de ese país, junto con miembros del grupo terrorista Hezbolláh.
Ashtiani, sin embargo, aseguró que el objetivo del acuerdo era suministrar equipos que permitan a Bolivia combatir el narcotráfico y “preservar su seguridad fronteriza”, pero Novillo admitió que parte de lo convenido implica la compra de drones Shahed-186 –una versión mejorada del Shahed-136, el dron suicida que los rusos están ocupando en forma masiva contra Ucrania–.
Al respecto, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), que presidió la comisión especial investigadora por la presencia de un avión venezolano (comprado a Irán) en Chile, y que además integra la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, señala a El Mostrador que el pacto entre Bolivia y el país del Medio Oriente “objetivamente es muy preocupante para nosotros”, pues –argumenta el parlamentario– la relación entre ambos “de alguna manera tensiona nuestra seguridad”. Por este motivo, indicó que va a solicitar al presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Francisco Undurraga, que se cite a la ministra del ramo, Maya Fernández, a fin de conversar sobre este tema, seguramente en sesión secreta, “porque no solo debemos resguardar nuestra frontera, sino que también resguardar situaciones en materia de inteligencia. Por eso digo que es una cuestión que debiera preocupar mucho”.
Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, plantea que es normal que la adquisición de esta tecnología “despierte preocupación en países vecinos, como Argentina, Chile o Brasil”, pues explica que no estamos hablando de drones de uso doméstico, sino “de tecnología mucho más avanzada”, por medio de la cual un dron de vigilancia puede pasar a convertirse en uno de ataque.
Asimismo, relata que, en América Latina, Irán “tiene estrechos vínculos con gobiernos no democráticos, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, lo que complementa un experto en seguridad hemisférica perteneciente a una consultora de EE.UU. –que pide reserva de su identidad–, quien señala que lo que está ocurriendo es “sumamente complejo” para Chile, puntualizando que “normalmente estos acuerdos no son públicos” y que, por ende, el que se haya sabido de él merece una segunda lectura. Al mismo tiempo, indica que de a poco ha ido aumentando la presencia en América Latina de regímenes autoritarios, como Irán, Rusia o China, y que los acuerdos como el conocido ahora muchas veces involucran transacciones de materiales ilícitos o prohibidos, por su uso militar, por lo que Chile –especialmente– debería tener mucho cuidado en orden a no ser usado como una plataforma de tránsito, sobre todo en forma marítima, si es que llegara a ocurrir algo de esa naturaleza.
Sobre ese punto, el diputado Jouannet describe a Irán como “un país que tiene prácticas autoritarias, que no es una democracia, y creo que las autoridades del Ejecutivo tienen que poner mucha atención respecto de este acuerdo”, haciendo hincapié en que “no es que Bolivia haya hecho un convenio con Alemania o con Suiza”.
Rojas, además, detalla que el interés de Irán en la zona es regional y que eso “se vio de manera clara, por ejemplo, en febrero de este año, cuando una fragata y un portahelicópteros iraníes hicieron un recorrido por aguas latinoamericanas: Chile les negó el ingreso a aguas nacionales, pero Brasil sí les permitió atracar en Río de Janeiro”.
El analista político, consultor y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, señala que el vínculo entre los iraníes y bolivianos ya es de larga data y fue iniciado por Evo Morales hacia 2007, siendo refrendado en 2013 por medio de un acuerdo que tiene que ver fundamentalmente “con el intercambio de medicina y alimentos, pero también con un tema cultural”, debido a la existencia de una comunidad iraní importante en la nación altiplánica. Dichos nexos se han ido expandiendo con el tiempo y, al respecto, Holzmann comenta que “según la prensa, el personal que está bajo el paraguas de la embajada iraní es uno de los más numerosos a nivel regional, por lo cual hay una relación importante entre el Gobierno de Irán y el de Bolivia en diferentes áreas, incluyendo la de seguridad y defensa, pero no al nivel que se ha filtrado que tiene este nuevo convenio”.
Por cierto, Irán se ha ido consolidando en los últimos 20 años como un actor importante en América Latina a partir de su fuerte vínculo con Venezuela, que fue forjado por el extinto presidente de ese país, Hugo Chávez, y que ha continuado su sucesor, Nicolás Maduro, lo que ha incluido numerosos viajes entre mandatarios de ambos países, acuerdos comerciales, de desarrollo científico y también militares.
Ya en 2012 el comité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes (diputados) de Estados Unidos había manifestado su preocupación por el avance de iraní en la zona, aseverando que hacia ese año el régimen de Alí Jamenei tenía alianzas no solo con Chávez, sino también con Fidel Castro, en Cuba; Rafael Correa, en Ecuador; y con Daniel Ortega, en Nicaragua. El informe también hacía mención a HispanTV, el canal de noticias iraní en español, que tiene sede en Madrid, aunque posee corresponsales en toda América Latina y que, además de emitir propaganda pro-iraní, también es muy cercano a Rusia.
Sin embargo, lo más complejo –a juicio de dicho comité estadounidense– es la presencia en América Latina de personal de las Fuerzas Quds (la unidad militar de élite de Irán, parte de la Guardia Revolucionaria), conocida por sus actividades extraoficiales, que entre otras cosas incluyen vínculos con Hezbolláh. A ese respecto, la misma fuente que pidió que su nombre no fuera difundido, señala que quizá a lo que más atención habría que poner es al hecho de que un acuerdo que implique este tipo de tecnología “siempre, siempre va a tener que ser visado por la Fuerza Quds” y, seguramente, eso va a implicar presencia de esta en Bolivia, agrega.
No obstante, la invasión rusa a Ucrania ha evidenciado que más letales que los escuadrones Quds son los drones de la República Islámica de Irán, país que tiene una larga historia en ello, pues desde los años 80 que sus ingenieros vienen desarrollando este tipo de aeronaves.
Alberto Rojas indica a ese respecto que “Irán ha desarrollado una exitosa industria en esta área, en gran medida a través de la compra de componentes electrónicos occidentales de manera clandestina y aplicando mucha ingeniería inversa. Prueba de ello es la variedad de modelos que ha construido, como el Mohajer-6, que puede cumplir misiones de vigilancia, pero que también puede ser equipado con proyectiles guiados; o el Shahed-129, con capacidades similares y un fuselaje sospechosamente parecido al MQ-9 Reaper estadounidense”.
Asimismo, detalla que “mención aparte es el Shahed-191, un dron del tipo ala volante que Irán construyó a partir de la ingeniería inversa que aplicó a un dron estadounidense RQ-170 Sentinel, capturado en diciembre de 2011. Además, está el Shahed-136, que Rusia ha estado usando a gran escala en la guerra de Ucrania contra blancos civiles e instalaciones de energía y que es lo que se llama una ‘munición merodeadora’: un dron de ataque diseñado para estrellarse contra su blanco y estallar, que además operan en ‘enjambres de drones’, generalmente en grupos de a seis, para saturar las defensas antiaéreas”.
De acuerdo con un reporte de la BBC, a inicios de 2022 un grupo escindido de las antiguas FARC colombianas, que se encontraba en Venezuela –país que posee relaciones amistosas con algunas de las disidencias, aunque no con todas–, fue atacado por aire con drones artillados, por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, lo que las convertiría en la segunda potencia del continente (después de Estados Unidos) en contar con drones con capacidad de ataque.
Desde la administración de Maduro se guardó un riguroso silencio al respecto, pero durante el desfile del 5 de julio del año pasado (día de la Independencia venezolana) se presentó el Ansu 2000. Aunque fue presentado como un producto totalmente venezolano, según la BBC se trata de una versión modernizada del dron iraní Mohajer-2, del cual Venezuela recibió 12 unidades en 2007, las cuales fueron entregadas por las Fuerzas Quds.
Por cierto, no es lo único. El académico de la Universidad Finis Terrae agrega que “la decisión de Bolivia se suma a la de Argentina, que en diciembre de 2022 firmó un contrato para drones del tipo ‘munición merodeadora’ Hero-120, de fabricación israelí. Esto puede generar una verdadera carrera, a nivel sudamericano, por comprar drones de uso militar a otros países o potenciar las industrias locales de estos vehículos no tripulados”.
Según Holzmann, el objetivo de Irán de estar en la región deviene, “quizás, de un interés que es compartido en mayor o menor intensidad por Rusia y por China, que es el de incrustarse en lo que conocemos como el patio trasero de Estados Unidos”. Sin embargo, en el caso de Bolivia, ve otro interés mucho más fino, ya que ese país es una zona estratégica, pues “estando ahí tienen la capacidad de observar y de intervenir eventualmente en el resto de los países de América del Sur. En consecuencia, es una situación que obviamente genera preocupación si hablamos de Defensa“.
En ese mismo tenor, reflexiona que, “por pequeños que sean”, los drones causan “un desbalance con los países vecinos y generan obviamente una preocupación en términos de tecnologías distintas que llegan a la región, una región que normalmente ha estado liderada, y con un apoyo muy directo, por Estados Unidos”. Por lo mismo, argumentó que lo ideal sería que Bolivia aclare los alcances exactos del acuerdo, dado que este “pone nerviosa a Argentina, como ya hemos visto, seguramente (también) a Brasil” y, por supuesto, a Perú y Chile.
Parte importante del avance de los iraníes en el continente quedó en evidencia el año pasado a partir del 13 de junio, cuando las autoridades argentinas retuvieron un avión comercial venezolano que había aterrizado en Ezeiza. Se trataba de un Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur, la filial de carga de Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A.), empresa estatal creada por Chávez en 2004.
A dicho avión, que viajaba desde México con repuestos automotrices, se le había negado el acceso a Uruguay y, cuando los argentinos comenzaron a revisarlo, se dieron cuenta de que hasta solo seis meses antes había pertenecido a la estatal iraní Mahan Air, empresa sancionada por Estados Unidos, al igual que Conviasa y Emtrasur. Tras ello, según anunció el ministro del Interior argentino, se descubrió que parte de la tripulación, incluyendo al piloto, estaba compuesta por iraníes que pertenecían a las Fuerzas Quds. Aunque se intentó procesar a cinco de los tripulantes por delitos vinculados a la financiación del terrorismo, un juez federal ordenó la libertad de todos.
Mientras eso ocurría, algo semejante pasaba en la losa de Pudahuel, a la cual llegó el 22 de junio (nueve días después del polémico episodio de Ezeiza) un Airbus A340 de Conviasa, el cual también había pertenecido hasta 2022 a Mahan Airlines. Se trataba de un avión que había sido usado varias veces por Nicolás Maduro y que tenía a su haber una serie de viajes entre Caracas y Buenos Aires, Teherán y Moscú.
Pese a las sanciones que enfrenta Conviasa desde EE.UU., como señala el informe final de la Cámara de Diputados que investigó este tema en Chile, el 6 de abril de 2022 el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, Martín Mackenna Rueda, suscribió un memorando de entendimiento con el general venezolano Juan Teixeira Díaz, “ocasión en que se hizo entrega a la sancionada Conviasa de la designación correspondiente para explotar la ruta Caracas-Santiago-Caracas”.
En el caso del avión de Conviasa, este estuvo solo algunas horas en Pudahuel, pero después que se iniciaron las investigaciones quedaron a la luz varios problemas relativos a la seguridad aeroportuaria, pese a lo cual no se detectaron indicios que permitieran afirmar que dicho avión –que tenía 89 pasajeros, 79 de ellos venezolanos, siete chilenos, un cubano y dos dominicanos– estuviese vinculado a alguna actividad terrorista. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido saber exactamente por qué aterrizó, ni mucho menos por qué tenía 450 maletas según el manifiesto original, aunque después –de acuerdo con otros datos entregados por las autoridades aeronáuticas– la cifra bajó a 99 maletas, lo que sí parece razonable para la cantidad de pasajeros.
