MERCADOS
En tres meses, la compañía de servicios financieros Primus Capital –la segunda más grande del mercado de factoring no bancario–, controlada por Raimundo (Paila) Valenzuela y dirigida por Eduardo Guerrero, cerebro económico de J. A. Kast, pasó de ser un modelo de sobriedad a la sobreexposición, y del éxito a multimillonarias pérdidas. Valenzuela y Guerrero acusan a los exgerentes de la empresa, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, de montar un “esquema defraudatorio” del cual solo tomaron conocimiento luego de auditorías externas. Pero El Mostrador tuvo acceso a antecedentes que revelan que Guerrero tuvo control de las operaciones cuestionadas con anterioridad.
El escándalo de Primus Capital –el segundo mayor factoring no bancario del mercado nacional después de Tanner– no hace más que escalar. Habiendo sido modelo de sobriedad y éxito en el mercado de los servicios financieros, por registrar “sostenidos avances en sus operaciones”, con un crecimiento del 34% anual, de acuerdo con el último informe de diciembre de 2022 de la clasificadora de riesgo Feller Rate, en estos últimos meses Primus ha pasado a liderar el mal gusto y la sobreexposición, y a ventilar multimillonarias deudas y pérdidas que tienen a gran parte de la industria en estado de alerta.
Convertido ya en un thriller económico y principal comidillo de Sanhattan, el controlador de la sociedad, el empresario vitivinícola y especialista en inversiones bursátiles Raimundo “Paila” Valenzuela, y el vicepresidente de la compañía, Eduardo Guerrero –mencionado como uno de los líderes de la secta ultracatólica conocida como El Yunque y cerebro económico detrás de José Antonio Kast–, se han enfrentado en un conato público con el exdirector comercial de la compañía, Ignacio Amenábar, y con el exgerente general de la misma, Francisco Coeymans, a quienes acusan de ser los autores intelectuales de un esquema de defraudación que perjudicó a la empresa en más de $30 mil millones.
También te puede interesar:
El caso hoy se ventila por dos frentes judiciales. El primero, a través de una causa penal que dirige el fiscal de Alta Complejidad Felipe Sepúlveda, y el segundo, por la vía de los Tribunales Laborales, a raíz de una demanda de tutela laboral interpuesta por Coeymans y Amenábar contra Primus, por haber sido marginados de la empresa en la reunión de directorio del 29 de marzo de este año. En esa oportunidad, se discutió sobre una carpeta de clientes cuestionados –que no pagaban– y la detección de una serie de cheques falsos con los cuales estos clientes respaldaban los compromisos de pago.
Es en esta segunda causa donde se ha desarrollado la mayor trama de este thriller.
La firma, representada por Domingo Eyzaguirre, socio de DMEY Abogados, acompañó como prueba en esta demanda el informe final de una auditoría forense encargada a la empresa KPMG, la que reveló –entre otros asuntos– que la cartera de Primus Capital fue perjudicada al respaldar operaciones con la entrega de 213 cheques falsos, por un monto total de $9.408.261.251. Ya el 30 de marzo pasado, a través de un hecho esencial, Primus había informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre el descubrimiento de “ciertas operaciones de factoring que estarían respaldadas con cheques bancarios que eventualmente podrían no ser documentos genuinos, tratándose de posibles falsificaciones”.
Por parte de Coeymans y Amenábar, la historia es completamente distinta. En su demanda laboral sostienen que “una parte importante de las operaciones respaldadas por los cheques que se reputan como falsos fueron directamente autorizadas por Eduardo Guerrero” y bajo la revisión del director corporativo de Riesgos y Estudios, Ian Ukrow.
Desde tal perspectiva, la defensa de los exgerentes acusados de defraudar a la empresa sostiene que todos en la compañía, incluyendo a Raimundo Valenzuela, a través de Guerrero, estaban en pleno conocimiento de cada una de las operaciones con los clientes cuestionados y que, incluso, teniendo claridad total de ello, a estos mismos clientes –apodados después como “la banda”– les renovaron todos los préstamos con el OK de Guerrero.
En el acta del Comité de Crédito celebrado el jueves 25 de agosto de 2022 –y a la que tuvo acceso El Mostrador– la administración recibió una serie de instrucciones de parte de Eduardo Guerrero, quien ordenaba, entre otros temas, que todas las operaciones, con giro o sin él, tenían que pasar exclusivamente por su OK. A través de este correo se materializó la intervención en la compañía que ordenó Raimundo Valenzuela, para que, desde ese momento en adelante, Guerrero tomara el control total de Primus, ejerciendo de facto como gerente general.
Este documento, respaldado en varios correos electrónicos sucesivos, sería clave para el proceso.
Desde la casilla electrónica Estrella del Sur –el family office de Valenzuela–, Guerrero envía un primer correo a Patricio Cárdenas, abogado de Primus, con los acuerdos del Comité de Crédito del 25 de agosto del año pasado. Y luego hace envío de un segundo correo con el mismo contenido, pero con copia a Valenzuela, a los directores Fernando Franke, Juan Eduardo Coeymans, Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Brian Moore, Ian Ukrow (director de Riesgo) y a Benjamín Laso de RRWine (la compañía de vinos de Valenzuela). En lo sustantivo, instruye que todo pasará con el visto bueno de Guerrero:
En el mismo documento, en el punto 3, se identifica con claridad a los grupos de clientes cuestionados, que los controladores de Primus aseguran no haber conocido sino hasta la referida auditoría de marzo de 2023.
3) Los vencimientos asociados a los grupos Mardones-Bañados-Otero-Rivadeneira-Guzmán-SMG, Mantos, Genau, no se renuevan… (todos los casos presentados en la planilla de Ian con provisiones). Definición de área legal para alternativas de cobranza judicial y eventual plan de pago propuesto que requerirá abonos inmediatos y/o mejorar posición de garantías de manera relevante (no 2ª, 3ª o 4ta hipoteca).
Este punto es relevante porque, aun cuando en este documento se ordena no renovar los préstamos a los clientes cuestionados, en los hechos, cada una de las operaciones con dichos clientes fueron renovadas sucesivamente con posterioridad al 25 de agosto de 2022, que es cuando Primus fue intervenido por Guerrero, a petición de Valenzuela. En estas renovaciones, figuran como respaldos gran parte de los cheques falsos.
Según la cronología de los hechos dada a conocer por Primus Capital y refrendada por el propio Eduardo Guerrero a El Mostrador, la intervención a la gerencia general –que hasta agosto de 2022 estaba en manos de Francisco Coeymans– se produjo tras la pérdida de confianza de Raimundo Valenzuela para con Coeymans y Amenábar, debido a un autopréstamo de $1.300 millones que habrían realizado los exgerentes sin el conocimiento del directorio. El autopréstamo habría sido para pagar una deuda contraída con Tanner y, acto seguido, aportar dicha cantidad en un aumento de capital para la propia Primus.
De acuerdo con la versión de los exejecutivos, presentada en la demanda laboral, la intervención fue por otros motivos. “El deterioro de una parte de la cartera de colocaciones era de conocimiento de los directores de Primus Capital, y de las áreas legal, de operaciones y de riesgo”. Según estos, la práctica –extendida en los últimos nueve años– de aceptar cheques, sin cobrarlos y, luego, reemplazarlos por otros para prolongar sus vencimientos, así como los préstamos a empresas relacionadas para asumir las deudas de otras operaciones, fue generando una bicicleta que, en palabras de Raimundo Valenzuela, era “un globito que había que desinflar”.
En la señalada demanda laboral, los exgerentes acompañaron un archivo de audio del acta del directorio del 29 de marzo –fecha en que se determina marginar a los entonces gerentes y nombrar a Eduardo Guerrero como vicepresidente de la compañía–, en cuya transcripción se puede leer que discuten respecto a que los clientes cuestionados no han pagado un “solo centavo” de sus deudas y donde, además, el propio Valenzuela transparenta el motivo por el cual Guerrero intervino a Primus en agosto del año pasado, vale decir, que era porque había que “desinflar el globito”.
-Raimundo Valenzuela: No se ha pagado ningún centavo y se les ha renovado todo, con la autorización de Francisco e Ignacio.
-Francisco Coeymans: No, no, no. Todas las operaciones que se han cursado de agosto a la fecha, todas han venido con autorización de todos, el 100 por ciento.
-Raimundo Valenzuela: Eso fue porque se intervino Primus. ¿Cuál fue la estrategia por la que entró Eduardo? Entró porque le dije: weón, vamos a ir desinflando este globito.
Esta transcripción no fue descrita en el acta del directorio, y cuando Juan Eduardo Coeymans –economista, padre de Francisco y exdirector de Primus– pidió incorporar estas intervenciones en dicha acta, recibió una llamada del propio Valenzuela, en que lo amenazaba –según sostiene Coeymans en una entrevista concedida al Diario Financiero– con que, si cambiaba una letra del acta, “se tiraría” con todo su poder contra su hijo.
Consultado el vicepresidente de Primus, Eduardo Guerrero, sobre el conocimiento que tenía de las operaciones, tal y como se sostiene en los correos electrónicos de fines de agosto de 2022, el cerebro económico detrás de la pasada campaña presidencial de J. A. Kast sostuvo que, con motivo de la intervención, “aumentó mi involucramiento en la empresa, pero sin dejar de lado mis demás responsabilidades profesionales en compañías distintas de Primus, lo que me llevó a tomar algunas medidas de control interno especiales preocupado por la conducta, revelada por ambos ejecutivos, como por ejemplo que todas las operaciones tuvieran OK del área de riesgos”.
“Cambios –agrega– y mayor involucramiento de mi parte que tras la investigación hoy sabemos los llevó a mutar las estrategias de fraude y diversificar las técnicas de suplantación y ocultamiento de información, pero que a la postre permitieron el desarrollo de la investigación interna que dio cuenta de los ilícitos en marzo del 2023”.
En cuanto a los motivos de la intervención, Guerrero no hace alusión a lo discutido en el acta de directorio y sobre la cartera de clientes que se “inflaba como un globito”, sino que reitera que se debió a la pérdida de confianza en los exgerentes.
“Respecto a mi persona, ante la pérdida de confianzas ocasionada por el uso y abuso sin permiso del Directorio de la caja de la Compañía por parte de los señores Coeymans y Amenábar por más de $1300 millones para el pago de sus deudas personales, es que asumí el cargo de Vicepresidente del Directorio, con lo que aumentó mi involucramiento en la Empresa”, señala.
“Las absurdas e injustas imputaciones contra mi persona y las restantes gerencias de la Compañía sobre el supuesto conocimiento de estos delitos carece de todo sentido y constituyen otra bajeza más de nuestras contrapartes. Distingo claramente entre creer conocer, mediante engaños, lo que creíamos era la marcha normal del negocio y sus colocaciones a efectivamente saber del fraude y las reales concentraciones de los supuestos clientes involucrados en el esquema, que eran muy diferentes a las que nos mostraban”, sostiene.
