Hans Scott/AgenciaUno
La semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó un escrito al Pleno de la Corte Suprema, para evitar que la ministra en visita extraordinaria Romy Rutherford, quien lleva el caso corrupción en el Ejército apodado “Milicogate” y sus múltiples aristas, sea reemplazada, el próximo 4 de septiembre, por su colega Ana María Osorio.
En el documento de cinco páginas firmado por la procuradora fiscal de Santiago, Ruth Israel, se revela que actualmente la investigación consta de “48 cuadernos en diferente situación procesal, que se tramitan en 377 tomos; 1.651 archivadores con documentación remitida por distintos órganos como la BRIAC, Ejército, Contraloría General de la República, entidades bancarias y otras tantas carpetas y legajos, que suman 2.669 volúmenes de información, todos los cuales han servido de sustento a los numerosos autos de procesamiento y sentencias dictadas en ellos”.
El CDE argumenta que la cantidad de información deberá ser reestudiada íntegramente por la ministra Osorio, lo que redundará, “inevitablemente en una relevante demora en su tramitación”. No lo dice expresamente, pero la frase apunta a la poca experiencia de Osorio en casos complejos. Su currículum muestra que juró recién en 2022 como ministra de la Corte de Santiago, fue titular del Primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y su trayectoria incluye variadas suplencias.
En la presentación, el organismo aduce que Rutherford fue designada el 3 de marzo de 2017 y su “visita” finalizaba el 2 de marzo de 2020, pero nuevamente la Suprema prorrogó su trabajo hasta marzo de 2022. En ese contexto, se dictó la Ley 21.394 (conocida como “Ley Rutherford”) que amplió el plazo de duración en el cargo a cuatro años, “principalmente en los casos en que el Ministro Visitador respectivo se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público”. A raíz de lo anterior, en enero de este año el CDE solicitó la prórroga y la Suprema solo le aprobó seis meses, los que terminan este 4 de septiembre. Contando los plazos, según el CDE, el máximo tribunal podría alargar en seis meses más el trabajo de Rutherford hasta 2024.
De acuerdo con el documento, y con miras a dar mayor celeridad a la resolución de los casos, Rutherford ha “despachado más de 2.000 oficios” donde pide cuenta de información necesaria “para adoptar decisiones de fondo, haciendo presente que solo entre el 1 de enero y el 18 de agosto del actual la Ministra instructora ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos”.
Al mismo tiempo, destaca que “ha practicado 12 incautaciones tanto en dependencias del Ejército de Chile como en empresas particulares y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (de la PDI). (…) es importante destacar que a la fecha existen 67 Órdenes de Investigar e Instrucciones Particulares pendientes de entrega, más 8 Órdenes de Trámite y 8 Informes de Incautación, esto es, la suma de 83 informes pendientes entre órdenes de investigar, instrucciones particulares, órdenes de trámite e informes de incautación. A ello se añade que se hallan pendientes 3 informes periciales a cargo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC)”.
En las distintas “cuerdas separadas” se encuentra la llamada “agencias de turismo”, donde están sometidos a proceso los excomandantes en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Óscar Izurieta Ferrer, por malversación de caudales públicos. Además de los anteriores, hay varios exmiembros del Alto Mando castrense encausados por mal uso de viáticos.
Rutherford tiene apoyos en la Suprema. Hay ministros que valoran su trabajo y la dedicación que ha puesto en él. Sin embargo, hay otros que estiman que nadie puede “eternizarse” en su labor y que ya es tiempo de que retome su trabajo en Sala.
En todo caso, no pocos piensan que el cambio traerá rápidos cierres de causas e incluso modificaciones de autos de procesamiento e incluso penas más bajas.
Actualmente, la ministra Ana María Osorio mantiene una dura pugna con los vecinos del edificio donde reside, ubicado en la calle Tucapel Jiménez. La acusan de malos tratos, mala gestión en la administración, falta de transparencia en las cuentas, despidos innecesarios, gastos arbitrarios en abogados y pagos de indemnizaciones entre otros problemas, de lo cual dio cuenta un reportaje de Interferencia (léalo aquí).
Como sea, la presentación del órgano fiscal podría ser resuelta en el ampliado de ministros de este lunes. Si bien los pronósticos no son positivos, el máximo tribunal en materias internas puede revocar incluso sus propias decisiones. Un viejo aforismo del mundillo tribunalicio lo explica con precisión: “Cuando Dios no está, la Suprema lo reemplaza”.
