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Créditos Imagen: Agencia Uno
La Asociación Nacional de Magistrados busca blindar al juez Héctor Barraza, quien ordenó relevar las identidades de testigos protegidos y agente encubiertos a las defensas de miembros del clan de los Gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. Por ello, es que a través de un comunicado los magistrados criticaron la decisión del Ejecutivo de enviar los antecedentes de Héctor Barraza a la Corte Suprema para que se revisara el polémico comportamiento del juez.
La Asociación Nacional de Magistrados cuestionó al Gobierno por recurrir a la Corte Suprema para evaluar la conducta del juez del Juzgado de Garantía de Arica, Héctor Barraza. Con esta decisión, los magistrados buscan blindar corporativamente al juez Héctor Barraza, quien reveló las identidades de testigos protegidos y agente encubiertos a las defensas de miembros del clan de los Gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile.
Cabe recordar que este viernes la Corte de Apelaciones de Arica revirtió la decisión adoptada en primera instancia por Barraza y solicitó la devolución inmediata de los antecedentes. Debido a esto, el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, acusó incumplimiento de “deberes funcionarios” por parte del juez y remitió los antecedentes al máximo tribunal para que se pronuncie sobre su comportamiento.
En tanto el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia Luis Cordero, acusó incumplimiento de “deberes funcionarios” por parte del juez y remitió los antecedentes al máximo tribunal para que se pronuncie sobre su comportamiento.
La presidenta de la asociación, la jueza Mariela Hernández aseguró que como gremio “creemos que la decisión del gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país”.
En ese sentido, Hernández señaló que la solicitud a su juicio es “atacar es una resolución judicial susceptible de ser recurrida como ocurrió en la especie”.
A raíz de eso, agrega que “como asociación, no podemos calificar una decisión jurisdiccional, ni menos referirnos a las acciones del Ministerio Público”.
“Como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso afecta notoriamente la independencia judicial”, concluyó la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados.
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