PAÍS
La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó la acción cautelar tras no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de protección presentado por la fundación Democracia Viva contra las resoluciones emitidas por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta que pusieron término a los convenios suscritos entre ambas instituciones.
La resolución que puso término anticipado a los tres convenios de un total de $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la fundación. Tras la liquidación de los contratos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo declaró que Democracia Viva debe restituir $391 millones, sin embargo, la ONG asegura que el monto a devolver es de $294 millones.
La resolución de la Corte de Apelaciones afirma que el asunto objeto de este arbitrio cautelar, rebasa los límites y propósitos de la acción propuesta, puesto que supone dirimir si las resoluciones exentas impugnadas aplicaron o no conforme a derecho la sanción consistente en terminar unilateral y anticipadamente los convenios suscritos por las partes.
El tribunal de alzada estimó que el recurso “no es un procedimiento idóneo para demandar la revocación o nulidad de un acto administrativo dictado en ejercicio de las potestades reconocidas a las autoridades competentes”.
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