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Detrás de la empresa Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) está el nombre de Ismini Anastassiou, una conocida activista contra los derechos de las comunidades LGTBIQ+ y los derechos sexuales y reproductivos. ISFEM, la organización que lidera hace 20 años, parece financiarse con el patrimonio de su fundadora, quien además ha sido asesora ad honorem de parlamentarios de derecha en el Congreso.
Detrás de la empresa Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) está el nombre de Ismini Anastassiou Mustakis, conocida activista contra los derechos LGBTIQ+. La organización que lidera hace 20 años, ISFEM, parece financiarse con el patrimonio de su fundadora, que ha sido además asesora no registrada en el Congreso.
En octubre de 2012, la Universidad Católica de Chile fue sede del polémico seminario “No discriminación, los alcances para la educación”, apenas unos meses después de que se aprobara la “Ley Zamudio” –llamada así por el nombre de un joven asesinado por ser homosexual– que prohibió todo tipo de discriminación.
Uno de los paneles del seminario proponía técnicas para “curar la homosexualidad”. Estaba a cargo de Ismini Anastassiou, la presidenta de ISFEM (Organización de Investigación, Formación y Estudios de la Mujer). Ya entonces, estas prácticas eran consideradas una “grave amenaza para la salud y los derechos humanos” por la Organización Panamericana de la Salud y estaban prohibidas en varios países.
El seminario no tardó en ser noticia y Anastassiou recorrió los medios de comunicación explicando sus motivaciones. En una de estas entrevistas, en CNN, Anastassiou invitó a un joven español de 20 años, Alberto Pérez, que aseguraba haber “curado su homosexualidad”, dedicándose después a ejecutar estas prácticas con otras personas. Pérez, hoy de 30 años, es abiertamente homosexual y está arrepentido de aquellas actividades, según explicó el año pasado a varios medios españoles.
“El punto de inercia fue cuando me enteré que un chico que había sido cliente mío, tiempo después se había quitado la vida”, dijo Pérez a un programa de televisión. Ni Anastassiou ni ISFEM se han referido a estas declaraciones.
ISFEM también actúa en los tribunales. En 2001, el grupo impulsó el primer recurso contra la venta de la “píldora del día después”, evitando que se comercializara. Y en 2010 intervino en un caso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el matrimonio igualitario, alegando que la homosexualidad era una “anomalía” y una “patología curable” vinculada a la “pedofilia”.
Pero el despliegue más importante de ISFEM ocurre en el Congreso, donde está incidiendo desde 2005, según la revisión de agendas y boletines legislativos realizada para la investigación por openDemocracy y La Pública, sobre la financiación privada de grupos que actúan contra la igualdad de derechos para las mujeres y las personas LGBTIQ+.
Anastassiou y otras integrantes de ISFEM, como Carmen Croxatto y Rebeca Garcés, intervinieron en 45 comisiones y sesiones para opinar en contra de normas como la Unión Civil, la despenalización del aborto en tres causales y la Ley de Identidad de Género –aprobadas pese a su lobby en 2015, 2017 y 2018, respectivamente–.
En la investigación descubrimos que Anastassiou fue asesora del senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán, en 2015 y 2016, pero no estaba registrada como tal, según la respuesta del Senado a nuestro pedido de información pública. Esta omisión parece aprovecharse de un vacío en la normativa que requiere que el personal de apoyo y las asesorías externas estén registradas y sean remuneradas con presupuesto público, pero no exige el registro a las asesorías honorarias. No está claro si Anastassiou actuó de forma honoraria o pagada directamente por Chahuán.
Rabindranath Quinteros, presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, encargado de fiscalizar los recursos públicos del Congreso, aseguró que no tiene la capacidad de fiscalizar a estas asesoras, pero ha querido hacerlo. “Tenemos las manos amarradas. El [Consejo] objeta solo a las [asesorías] que están contratadas. Una persona que no tiene contrato, ¿cómo la identificamos?”, cuestionó.
“Puede haber personas que pertenecen a alguna organización privada que tiene alguna finalidad y se benefician de estas asesorías”, dijo Quinteros. “Nosotros venimos solicitando a las secretarías de ambas Cámaras que haya una regulación de estos lobbistas, de estos asesores ad honorem, porque nos preocupan”, añadió.
Andrés Rivera, fundador de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD), que hace incidencia en el Congreso como activista y nunca actuó en asesorías de legisladores, criticó que organizaciones como ISFEM “están en una posición en la cual pueden observar, manipular, cuestionar y retrasar procesos legislativos que signifiquen derechos”.
Rivera, primera persona trans en obtener el cambio de nombre y de género registral en Chile, en 2007, agregó: “Quienes somos defensores de derechos humanos no tenemos esas opciones ni los recursos para estar en tantos espacios”.
La abogada María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, observó que este tipo de acceso privilegiado al Congreso puede dar lugar a la corrupción. “Ya tenemos un caso de corrupción en donde el modus operandi de la empresa era hacerse pasar por asesor parlamentario”, dijo Jaraquemada, recordando a la empresa pesquera Corpesca, que pagó a un senador y a una diputada para defender sus intereses comerciales.
“Podría haber un Corpesca 2 con otro nombre. Hay un tema de transparencia y de rendición de cuentas, ya que esas personas aunque no reciban recursos públicos igual están ejerciendo una función pública”, agregó Jaraquemada, nombrada por el Presidente Gabriel Boric al frente de una comisión para la regulación del vínculo entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro.
“Para los parlamentarios debería ser más relevante aún: quién sabe si detrás de una organización cualquiera hay crimen organizado u otros intereses espurios”, concluyó.
Beatriz Ismini Anastassiou Mustakis pertenece a la familia de origen griego Mustakis, que se asentó en Chile a inicios del siglo XX. Fundaron la empresa exportadora de frutas Gianoli, Mustakis & Compañía, en sociedad con el uruguayo Antonio Gianoli.
Los mismos socios crearon, en 1936, Carburo y Metalurgia, empresa productora de molibdeno, un metal de alta resistencia que se utiliza en la industria automotriz, la construcción y la petrolera. La mayor parte del molibdeno concentrado, la molibdenita, se obtiene como derivado del cobre, principal materia prima de la minería chilena.
En 1975, la empresa se convirtió en Molymet (Molibdenos y Metales S.A.), y se internacionalizó con plantas en Bélgica, Brasil, China, Estados Unidos y Gran Bretaña. Posee la mayor capacidad de procesamiento de molibdeno en el mundo. Su principal accionista es el grupo austríaco Plansee, con 20% del paquete accionario, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que le garantiza el suministro de molibdeno para sus operaciones globales.
Pero Molymet no ha dejado de ser una empresa familiar. Los Gianoli y los Mustakis siguen a la cabeza de la administración y la propiedad, ya sea a título personal o a través de un denso entramado de empresas y sociedades creadas por miembros de ambos clanes. El listado de accionistas informado a la CMF indica que, después de Plansee, las empresas que controlan entre el 5% y el 10% de Molymet son dos sociedades vinculadas a la familia Gianoli –Inversiones Lombardía S.A. y Nueva Carenpa S.A.– y una organización vinculada a los Mustakis: la Fundación Gabriel y Mary Mustakis.
Esta fundación sin fines de lucro fue creada por decreto supremo en 1993. Y su presidente y vicepresidenta son Matías Sahli Anastassiou y Daphne Anastassiou Mustakis, hijo y hermana de Ismini Anastassiou, respectivamente.
La Fundación Mustakis, dedicada a entregar becas y fondos para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes, aportó dinero a ISFEM en 2015 y 2016, según reporta en sus memorias anuales, aunque sin indicar los montos.
Ismini Anastassiou también figura como accionista de Molymet, con entre 1% y 5% de la propiedad. Y dos empresas creadas por ella, su esposo, hijos y otros familiares –Inversiones Endaxi S.A. e Inversiones Itaka S.A.–, poseen participaciones minoritarias (de menos de 1% cada una).
Molymet y Plansee cuentan con políticas de diversidad e inclusión que rechazan actos de “discriminación, acoso u ofensa” por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, nacionalidad, enfermedad o discapacidad, origen social, estado civil, opiniones políticas o sindicalización.
Molymet y Plansee decidieron no contestar nuestro pedido de entrevista.
Por otro lado, ni Ismini Anastassiou ni ISFEM dieron respuesta a los muchos pedidos de entrevistas que hicimos para este reportaje, enviados por correo electrónico, a través de llamadas telefónicas e, incluso, una visita a la Fundación Mustakis.
