Piden sesión especial por medidas reparatorias a víctimas de violaciones de DDHH del estallido

La bancada comunista de la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó la realización de una sesión especial con el objeto de que se informe respecto de las medidas reparatorias para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la revuelta social del 2019.

Nathalie Castillo (PC), diputada por la región de Coquimbo, recalcó que la sesión se torna necesaria para identificar si el Estado asumió “su responsabilidad en la violación a los derechos fundamentales de las personas en materia de reparación y cuidado de las y los manifestantes que masivamente protestaron por más democracia y justicia social en el gobierno de Sebastián Piñera”.

“La institucionalidad tiene que responder brindando protección y cuidado a todas y todos quienes sufrieron daños físicos y psicológicos y esta sesión tiene ese objetivo: fiscalizar si se ha cumplido con la promesa hecha a las familias”, expresó.

Para la diputada por la región del BioBío, María Candelaria Acevedo (PC), “hay una preocupación ante el avance de los procesos judiciales, los que no han avanzado con la celeridad esperada, y esa ha sido una de las falencias más importantes desde que se produjeron las violaciones a los derechos humanos. Son más de 10 mil las denuncias por violencia institucional las que se realizaron, muchas de estas sin tener un debido proceso judicial”.

Según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (2022), durante el período de protestas, 212 personas sufrieron trauma ocular; 3324 fueron víctimas de lesiones físicas de diversa consideración; otras 404 sufrieron violencia psicológica y otras 482 personas declararon ser sujetas a violencia sexual. Sobre el total de víctimas (3.776), el organismo informó que 2816 personas correspondían a hombres y 960 a mujeres; mientras que 572 eran NNA, 22 personas con discapacidad, 7 pertenecientes a pueblos indígenas y 26 personas de la comunidad LGBTIQ+.

En ese contexto, se ha contabilizado a cuatro personas víctimas del estallido social que se quitaron la vida en estos cuatro años. El último sucedió el pasado 28 de junio con Jorge Salvo (27). Jorge recibió una bomba lacrimógena en el rostro por parte de un carabinero a metros de la Plaza Baquedano el 17 de enero del 2020.

En la primera Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, el 1 de junio del 2022, el mandatario recordó las muertes de los civiles Manuel Rebolledo, Alex Nuñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito en el contexto de las protestas masivas de octubre, anunciando la “Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación” con una serie de medidas, entre las que destacan fortalecer los organismos públicos encargados de la investigación y sanción en caso de violaciones a los derechos humanos, la constitución de una Mesa de Reparación Integral (integrada por víctimas del estallido y sus familias) o la convocatoria de un Comité Interministerial de Derechos Humanos para avanzar en garantías de no repetición.