Opinión
Víctor Huenante/AgenciaUno
Más allá de las razones del juzgado, la decisión solo vino a reforzar la percepción –que va en aumento– de que nuestros políticos no solo gozan de privilegios inmerecidos, sino que tienen también ventajas sobre el resto de los chilenos incluso cuando delinquen.
Salió de los tribunales transmitiendo en directo por Instagram, muerta de la risa, hablando de justicia y dando besos a una de sus fans, como si no hubiera ocurrido nada, un espectáculo montado milimétricamente, tal como ocurrió en los tres largos días que duró el proceso. A través de sus redes sociales observamos cómo desplegaba su relato. Se quejó de la falta de cobertura que los medios les dieron a sus argumentos, desde una posición de víctima. De seguro, asesorada por su exjefa de prensa –que decía ser periodista, sin serlo–, quien le recomendaba a la exalcaldesa inventar fake news para denostar al concejal que inició las denuncias en su contra por desfalco. Claro, ella también quedó con arresto domiciliario, aunque la mano derecha de Barriga, Luis Japaz, tuvo aún más suerte: lo dejaron con arresto domiciliario nocturno.
Pero Cathy no es la única en reírse irónicamente de una resolución de la Justicia. Camila Polizzi, acusada por el caso “lencería” y quien también goza de arresto domiciliario, se burló de su condición de “detenida”, subiendo a las RRSS varias fotos en bikini, disfrutando de la piscina de su casa, para capear el calor.
Como se dijo en la audiencia, el Noveno Juzgado de Garantía tuvo a la vista consideraciones legales para la precautoria que le aplicó a la exalcaldesa, como la irreprochable conducta anterior. Sin embargo, la medida tomada dejó una sensación de desigualdad ante la ley, más aún considerando que fue el propio Fiscal Nacional quien señaló que lo que correspondía en este caso era prisión preventiva.
¿Por qué una persona que desfalca al Estado en 31 mil millones de pesos puede gozar de la piscina de su casa, a diferencia de otros delincuentes, que quedan encerrados por delitos menores? ¿Por qué Cathy Barriga tiene más derechos que cualquier mujer pobre, asesorada por un abogado de la Defensoría Pública, para cuidar a sus hijos menores? Más allá de las razones del juzgado, la decisión solo vino a reforzar la percepción –que va en aumento– de que nuestros políticos no solo gozan de privilegios inmerecidos, sino que tienen también ventajas sobre el resto de los chilenos incluso cuando delinquen.
Lo cierto es que el caso Barriga vino tan solo a rematar una serie de conductas delictivas de diversos alcaldes y concejales en nuestro país, justo el año en que se renuevan esos cargos, claro que algunos no han tenido la suerte del arresto de verano en su casa. Karen Rojo está presa en Países Bajos y Raúl Torrealba pasa sus días también en la cárcel, pese a que sus desfalcos son inmensamente inferiores a los que cometió la exalcaldesa de Maipú. El mismo día en que se conocía la cautelar de Cathy, se sumó al selecto grupo de los más cuantiosos fraudes al fisco la exalcaldesa de San Bernardo, también de la UDI.
Y aunque Barriga sobrepasó por cientos de veces los fraudes de Democracia Viva o del exalcalde de Algarrobo (también UDI), a través de las televisivas audiencias que se tomaron los matinales por tres días –esos mismos espacios donde Barriga se disfrazaba de Barbie un par de meses antes– la ciudadanía se enteró de que, además de los peluches y las joyas compradas con fondos municipales, su marido, el diputado Joaquín Lavín –que, dicho sea de paso, no asistió al Congreso en toda la semana–, daba instrucciones para despedir funcionarios del municipio y tenía una participación en las decisiones de Maipú, muy superior a lo que hace en la Cámara. Pero, además, escuchamos cómo los integrantes de su equipo se ponían de acuerdo para inventar mentiras, incluso de la vida personal de un concejal. Esas son, precisamente, las prácticas de muchos políticos, algo de lo que los chilenos ya están hartos.
Definitivamente 2023 fue un año en que se consolidó el regreso de la corrupción y la falta de transparencia de nuestra política. Y las pocas semanas que llevamos de 2024 lo han confirmado. A los casos Luminarias, Convenios, Hermosilla, Torrealba y otros, se han sumado la cocina de Zalaquett –lo de Maisa Rojas es impresentable–, el arresto domiciliario de Barriga y la investigación por el fraude de 28 mil millones en contra de la exalcaldesa y exdiputada Nora Cuevas (UDI).
Lo que llama la atención –es una ironía, por cierto– es el silencio de la UDI en todos estos episodios, más aún cuando Lavín es diputado de ese partido y podría convertirse en el nuevo protagonista de este caso, que promete transformarse en el megaescándalo del año. Es un hecho que la política chilena está volviendo a repetir el ciclo que la tuvo entre las cuerdas con los Penta, SQM, “raspados de la olla”, Orpis y Novoa.
Si a los fraudes, desfalcos y falta de probidad de quienes deberían modelar las conductas de los chilenos se suman fallos y decisiones judiciales que refuerzan que existen ciudadanos de primera y segunda clase, incluso cuando cometen delitos, significa que pronto entraremos en una fase en que la desconfianza en las instituciones volverá a caer al suelo y eso representa un peligro que, claramente, nuestra elite no es capaz de visualizar y, menos, comprender.
Por ahora, Cathy Barriga y Camila Polizzi podrán seguir disfrutando de la detención en su propia casa, junto a la piscina, difundiendo sus imágenes en traje de baño en las RRSS, en su Summer Camp 2024. Mientras tanto, Juana, de Maipú, detenida el viernes por receptación de un teléfono robado, continuará angustiada en su celda, pensando en sus hijos pequeños, porque, pese a ser mamá cuidadora, el juez la dejó detenida por ser un peligro para la sociedad. Por supuesto, el teléfono robado no valía 31 mil millones de pesos.
