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Foto: Francisco Vicencio/Agencia UNO
Mientras los dardos de la oposición siguen apuntando al subsecretario Monsalve, tras el informe de Contraloría que cuestionó las pensiones de gracia a personas afectadas en el estallido social, Fiscalía revisa la posibilidad de que haya habido otorgamientos fraudulentos. RN también alertó al CDE.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric enfrenta nuevas dificultades tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre fallas en el proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia relacionadas con casos del estallido social.
El informe de Contraloría señala deficiencias en el trámite realizado por el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior en 2022. Según el ente fiscalizador, 58 de la totalidad de 419 personas beneficiadas tienen condenas, incluso por delitos violentos.
El Gobierno dice que son 69 los beneficiados a raíz de las lesiones a manos de agentes del Estado a partir de octubre de 2019. De ellos, 21 recibieron el beneficio en el gobierno de Sebastián Piñera y 49 en el actual.
Este escenario ha alertado tanto a congresistas como a las autoridades del Ministerio Público, quienes, tras conocer los antecedentes, han iniciado diligencias para profundizar en la naturaleza de las irregularidades.
La evaluación inicial del informe de Contraloría sugiere irregularidades administrativas, pero desde Fiscalía reconocen la necesidad de un análisis más detallado, especialmente después de recibir una denuncia de Renovación Nacional (RN) sobre el tema.
“El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio con el de fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.
Para esto, designó a Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente luego de ser el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha identificado situaciones que constituyan delitos, pero están revisando la posibilidad de antecedentes falsificados durante la postulación al beneficio y posibles otorgamientos fraudulentos. En caso de encontrar pruebas en ese sentido, aseguran que no dudarán en perseguir responsabilidades, llevando a cabo un análisis exhaustivo de los insumos disponibles.
La investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas.
En un giro adicional, diputados de RN presentaron una denuncia por delitos de prevaricación y fraude. La acción judicial acusa la configuración de los delitos de prevaricación, debido a informes que consideran contradictorios o insuficientes por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y fraude, por actuaciones que a su juicio fueron negligentes y permitieron el acceso a prestaciones financieras indebidas.
Bajo reserva, parlamentarios de oposición afirman que esperarán los resultados de la investigación para apuntar a la responsabilidad política de los personeros de Gobierno, pero afirman que el principal implicado que podría asomar es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pues es desde ese organismo que se tramitan las pensiones de gracia. Por cierto, desde el oficialismo los dardos apuntan hacia quien desempeñó el mismo cargo bajo el mandato de Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli.
Si bien La Moneda, en una maniobra de control de daños, ya informó que el Presidente Boric revocó una de las pensiones otorgadas a un detenido con antecedentes de pornografía infantil, en la UDI y RN pidieron no más recursos “despilfarrados por el Estado”. La oposición también pide “cargos a disposición”.
Tras conocer el informe de Contraloría, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, cuestionó la continuidad del subsecretario Monsalve, quien canceló su viaje a la región de Tarapacá por el “descontrol” en la frontera de Colchane, luego del escándalo por las pensiones de gracia.
“Lo que aquí estamos presenciando es de tal gravedad, especialmente porque tenemos que formarnos una opinión acabada sobre cuál ha sido el manejo de información que ha hecho el gobierno que me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho”, sostuvo el diputado Schalper.
Cabe mencionar que los diputados de RN e integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Longton, Castro y Schalper, en representación de la bancada, concurrieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para “evaluar el ejercicio de acciones penales en contra de quienes resulten responsables por los eventuales delitos de fraude, prevaricación administrativa u otros en el marco del otorgamiento de pensiones de gracia a supuestas víctimas del estallido”.
Además, solicitan al CDE “hacer presente al Presidente de la República dejar sin efecto los decretos que otorgan las pensiones cuestionadas, y ejercer las acciones que permitan recuperar los recursos indebidamente percibidos”.
Cabe mencionar que, desde La Moneda, el subsecretario Monsalve sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue responsable de los informes de antecedentes de los beneficiarios. El funcionario de Interior recalcó que la resolución que estableció los antecedentes a solicitar, dictada por el exsubsecretario Galli, no exigía antecedentes penales, y señaló la necesidad de corregir la falta.
En tanto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo pidió a la oposición dejar “de mirar la paja en el ojo ajeno” de manera permanente, porque “el expresidente Piñera, también entregó pensiones de gracia a personas con delitos graves”.
“Es un problema de política pública”, sentenció la ministra Vallejo.
FN abre investigación de oficio por pensiones de gracia by Andrés Cárdenas on Scribd
