Opinión
Resulta imperativo que el Estado asuma su responsabilidad en la protección del derecho a una jubilación digna. Esto implica implementar medidas concretas para fomentar la formalización del empleo, reducir lagunas previsionales, y promover un diálogo social que involucre a todos los actores.
La informalidad laboral y las lagunas en la situación previsional de Chile constituyen un problema de magnitud preocupante que requiere atención inmediata. En un país con más de 19 millones de habitantes, y una población en edad de trabajar de 16 millones, es alarmante constatar que solo cerca de 9 millones se encuentran ocupados, y de estos, apenas 6 millones son cotizantes, es decir del total de los trabajadores chilenos hay 2,5 millones que no lo hacen. Estas cifras, provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), evidencian una realidad desafiante: la mayoría de los trabajadores chilenos enfrentan serias dificultades para garantizar una jubilación digna.
El problema no reside únicamente en la falta de cotizantes, sino también en la presencia significativa de lagunas previsionales. Según un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, los trabajadores chilenos presentan un alarmante 45% de lagunas previsionales, cifra que duplica el promedio de la OCDE, situado en un 20%. Reducir estas lagunas al estándar internacional equivaldría a un incremento de 4,5 puntos en la tasa de cotización, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Las investigaciones señalan que las lagunas de cotización persisten en muchos países debido a decisiones políticas que priorizan intereses electorales a corto plazo sobre el bienestar futuro de los ciudadanos. En el caso de Chile, la larga discusión en torno a la obligatoriedad de cotizar para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios es un ejemplo claro de cómo la inacción política puede prolongar la precariedad previsional de miles de personas.
Detrás de la informalidad laboral se esconden diversas causas, desde la rigidez del mercado laboral hasta deficiencias en la fiscalización y el desempleo estructural. Sin embargo, es innegable que las políticas gubernamentales juegan un papel fundamental en la perpetuación de este problema. La falta de incentivos para formalizar el empleo y la ausencia de medidas efectivas para reducir las lagunas previsionales son solo algunas de las deficiencias que requieren una atención prioritaria por parte de las autoridades.
En este contexto, resulta imperativo que el Estado asuma su responsabilidad en la protección del derecho a una jubilación digna para todos los ciudadanos. Esto implica no solo implementar medidas concretas para fomentar la formalización del empleo y reducir las lagunas previsionales, sino también promover un diálogo social inclusivo que involucre a todos los actores relevantes en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas.
El desafío es enorme, pero no insuperable. Con voluntad política y un compromiso real con el bienestar de la ciudadanía, es posible avanzar hacia un sistema de pensiones más justo y solidario, donde cada trabajador pueda disfrutar de una vejez digna y tranquila. El tiempo para actuar es ahora.
