Opinión
El Gobierno, al defender el componente de reparto, busca subir ahora las pensiones de los actuales jubilados. Pero se trata de un beneficio que las generaciones jóvenes les estarían dando a las más viejas sin la expectativa de que, cuando lleguen a jubilarse, obtendrán un trato equivalente.
Un estudio del Observatorio Perspectivas compara las futuras pensiones bajo el esquema de 3% reparto y 3% capitalización frente al esquema que destina el 6% a capitalización individual. Encuentra que en el segundo esquema las pensiones para los trabajadores jóvenes de clase media serían 94 mil pesos más altas para los hombres y 54 mil pesos para las mujeres. En cambio, los trabajadores mayores se beneficiarían por una asignación 3%-3%.
No es ninguna sorpresa que, dadas las actuales tendencias demográficas y económicas, los componentes de reparto resulten desfavorables para las generaciones jóvenes. Adicionalmente, la creación de un componente de reparto en nuestro sistema generaría una “ganancia extraordinaria” para los primeros jubilados que recibirían el beneficio sin haber contribuido a su creación.
El Gobierno, al defender el componente de reparto, enfatiza la necesidad de subir ahora las pensiones de los actuales jubilados. Planteado de esta manera nadie podría oponerse. No obstante, el “almuerzo gratis” que sugiere este énfasis no existe. Se trata de un beneficio que las generaciones jóvenes les estarían dando a las más viejas sin la expectativa de que, cuando lleguen a jubilarse, obtendrán un trato equivalente.
El problema ético que emerge de esta comparación es el de la justicia intergeneracional: ¿cuál es la distribución justa de cargas y beneficios entre generaciones? Las consecuencias futuras de estas decisiones pueden ser enormes. Sin embargo, el problema no se discute con la importancia que merece. Por ello, es fundamental reconocer la existencia del elefante en la sala y que los actores públicos justifiquen sus posturas en torno a este tema.
Una vez notada la necesidad de discutir lo que nos debemos entre generaciones, surge otra pregunta aún más invisible: la opción por una distribución favorable a las generaciones más viejas en materia de pensiones, ¿es consistente con las políticas que impulsa el Gobierno en otras áreas? La consistencia ética de las políticas públicas tiene una relevancia imposible de menospreciar.
Pongamos un ejemplo: en materia medioambiental el plan tributario del Presidente Boric proponía un incremento del impuesto al CO2 de 5 USD a 40 USD por tonelada. El objetivo de este impuesto verde es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. En la estimación de los precios del carbono que justifican números como los anteriores las consideraciones de justicia intergeneracional son claves. Un número más grande, en general, es reflejo de una alta valoración del bienestar relativo de las generaciones futuras respecto de las presentes.
Por lo tanto, en materia medioambiental el Gobierno quiere producir una distribución intergeneracional favorable a las generaciones jóvenes y futuras. En materia de pensiones se busca lo opuesto. ¿Existe consistencia entre ambos objetivos? Alguien podría argumentar que en una política una dirección es la adecuada, mientras que en la otra lo es la contraria: entre generaciones nos debemos una de cal y otra de arena. Sin embargo, no hay huella en el debate público de un argumento de estas características.
Si no queremos añadir al estancamiento económico la disociación valórica producida por un Estado que rema en direcciones opuestas, la razón pública debe penetrar estos difíciles pero cruciales temas.
