Para la autoridad regional, la descentralización llegó para quedarse en el país. Si bien considera que el proceso ha sido “muy a la chilena”, reconoce que ha cambiado la vida de las personas. En ese contexto, Rodrigo Mundaca hoy prepara el camino para su reelección.
El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, hace un balance de sus tres años al mando de la administración regional y los principales desafíos para el proceso de descentralización en Chile, a pocos meses de cumplirse el primer periodo como autoridades electas democráticamente.
La gestión de Mundaca da cuenta de que, en el ejercicio del cargo, las gobernadoras y los gobernadores han ejecutado facultades más allá de las que legalmente les fueron asignadas para responder a tiempo a las demandas de sus territorios, por lo que afirma que persiste la necesidad de contar con mayores atribuciones políticas, administrativas y fiscales.
El también presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales reconoce que terminar con la figura de los delegados presidenciales sigue siendo un anhelo, no obstante, hoy las prioridades están puestas en otras falencias del diseño institucional, relativas a necesidades presupuestarias, fortalecer y aumentar la planta de trabajadores, mejorar la gestión con estándares de probidad y transparencia, a propósito del impacto del caso Fundaciones.
-¿Cuál es su balance general de estos tres años de gestión en la Región de Valparaíso?
-Habría que destacar cómo durante estos tres años de ejercicio al frente del Gobierno Regional hemos logrado 100% de ejecución presupuestaria, dejando los recursos en nuestra región.
Yo diría que hay temas que para nosotros son emblemáticos, como ocurre con el tema de la salud, donde hemos destinado recursos para equipar la unidad neopediátrica y adulta del hospital Carlos Van Buren. En materia de gestión levantamos una mesa intersectorial para identificar un terreno que nos permitiera normalizar el hospital Van Buren en términos de pasar de 400 camas a más de 600 camas, entendiendo que es el hospital más importante de nuestra región. También el equipamiento que hemos hecho a los tres Servicios de Salud (Valparaíso, San Antonio; Viña, Quillota, Petorca; y Aconcagua), con ambulancias, catres clínicos, por ejemplo.
Resaltar lo que hemos hecho en materia de seguridad, donde hemos destinado más de 20 mil millones de pesos. Nosotros hoy día financiamos un sistema de televigilancia aérea con ocho drones, que nos permiten capturar imágenes que son medios probatorios para llevar a los delincuentes a la cárcel, por ejemplo. El equipamiento con vehículos policiales para Carabineros y también para la Policía de Investigaciones.
El haber habilitado y creado el primer Centro Regional de Investigación de Delitos Medioambientales con recursos del Gobierno Regional, para nosotros también es bastante importante y simbólico.
En materia de vivienda, la firma del Convenio por la Vivienda y el Barrio Digno, comprometiendo más de 40 mil millones de pesos por parte del Gobierno Regional en materia de habitabilidad, compra de suelo, asistencia técnica, lo que también para nosotros es bastante importante.
Y en materia de medioambiente, bueno, la creación de una red de sensor electroquímico y cromatografía de gases para determinar lo que ocurre en la bahía de Quintero. También los programas que tenemos hoy día en materia de formación ambiental de trabajadores municipales, en materia de formación ambiental con organizaciones socioambientales de la región.
Son cuestiones que valoramos muchísimo como parte de nuestras obras y, sin duda, el trabajo que hemos desarrollado como Gobierno Regional y hoy día como presidente de Agorechi, van en la línea de profundizar el proceso de descentralización y para contar con mayores competencias.
El trabajo que hemos desarrollado en la descentralización en lo fiscal, en lo administrativo y lo político, son cuestiones que a nosotros nos parecen que son muy valorables en este primer ejercicio al frente del Gobierno Regional de Valparaíso.
-Dentro de las principales deudas que persisten está la eliminación o modificación de la figura del delegado presidencial. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a esta promesa del Gobierno del Presidente Boric?
-Terminar con la figura de los delegados regionales presidenciales sigue siendo un anhelo de todas las gobernadoras y los gobernadores que hemos sido electos democráticamente. Y lo digo básicamente porque la figura de los delegados ha confundido a la población con respecto a los roles que tiene que desempeñar la Delegación, versus los roles que desempeña el Gobierno Regional.
En el caso específico de los delegados regionales presidenciales, sus roles en materia de seguridad, emergencia y migración son súper concretos, pero ha habido un traslape, sin duda, de las funciones de ambas autoridades. Ahora hemos conversado con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y nos ha expresado con mucha nitidez que la figura de los delegados regionales presidenciales no va a desaparecer, puesto que son la representación política del Gobierno en los territorios.
Por lo tanto, para nosotros sigue siendo un anhelo, pero en este minuto nuestras prioridades están puestas en Ley de Rentas, Ley de Planta, en contar con una División de Prevención del Delito, y Atención a Víctimas y Emergencias. Y en materia de transparencia y probidad, a propósito de lo que hemos contraído con la Contraloría el día 20 de marzo, donde hemos firmado un convenio de colaboración permanente.
-La carencia de atribuciones en relación con la coordinación de los servicios públicos también fue un problema desde el momento de la instalación de las gobernadoras y los gobernadores. ¿Cómo ha evolucionado ese tema durante estos tres años?
-La verdad es que en estos tres años este tema no ha evolucionado, porque los servicios públicos siguen dependiendo de la Delegación Regional Presidencial, no obstante que todos los servicios públicos tienen proyectos que son financiados por el Gobierno Regional. Además, el Gobierno Regional, a través de Corgapu (Coordinación del Gasto Público), fiscaliza el ejercicio presupuestario de todos los servicios públicos, pero los servicios públicos no dependen de nosotros.
Ahora evidentemente esto es una falencia del diseño institucional con el cual fue pensada la descentralización en Chile, y esta falencia muchas veces dificulta precisamente el desarrollo de nuestras regiones, dificulta la materialización de proyectos, dificulta el poder colegiar una mirada de desarrollo que no necesariamente se encuentra colegiada con los servicios públicos.
En ese sentido, lo que nosotros hemos planteado es que aquellos servicios públicos que están desconcentrados, como por ejemplo Corfo, Sercotec, Serviu, deberían depender necesariamente de las gobernadoras y los gobernadores regionales, y esto hasta la fecha todavía no logra comprenderse.
-¿Qué lecciones se pueden sacar de la emergencia provocada por los incendios en Valparaíso, en términos de las atribuciones de los gobiernos regionales en las etapas de prevención y respuesta a las catástrofes?
-Como lección principal, algo que he sostenido con mucha fuerza, son las características de un Estado que transfiere su responsabilidad de garantizar el bien común a los privados.
Yo he hablado del Estado fallido. Y cuando hablo de Estado fallido, el hecho de que hoy día el Ministerio de Vivienda no construya viviendas y que sean los privados, da cuenta de esto; que el Ministerio de Agricultura no entregue alimentos y sean los privados, da cuenta de esto; que el alumbrado público esté en manos de empresas privadas; que los servicios sanitarios estén en manos de empresas privadas; que la provisión de agua se encuentre concesionada, da cuenta, efectivamente, de que hoy día este modelo subsidiario es un fracaso cuando de enfrentar emergencias de esta envergadura se trata.
Y es un fracaso porque finalmente la reconstrucción depende de los privados, y para ellos los efectos de los incendios en algunas ocasiones no son un buen negocio y, como no son un buen negocio, no se ha podido acelerar precisamente el proceso de reconstrucción. Estos ejemplos son evidentes, son palpables.
Hoy día, cuando han transcurrido ya más de dos meses del siniestro, tenemos solo 1.004 viviendas de emergencia levantadas. Y de esas 1.004 viviendas, menos del 25% se encuentra conectado a servicios básicos.
Es un reflejo inequívoco de lo que está sucediendo. Pero es un reflejo inequívoco también de las lecciones que hemos sacado. Y donde tenemos que trabajar e insistir sin duda en la necesidad de cambiar este modelo de Estado subsidiario, que en rigor lo que hace es privilegiar a los privados por sobre el rol de lo público.
En materia de prevención, yo me quedo con lo que ha señalado la alcaldesa Valeria Melipillán, que el año 2023 ofició a 82 privados para construir líneas de cortafuegos y solo dos lo hicieron. El resto no construyó líneas de cortafuegos, y los incendios entraron precisamente por aquellos terrenos donde no había líneas de cortafuegos. Ahora, evidentemente, esta situación no la vamos a poder resolver, porque no tenemos facultades ni prerrogativas para intervenir los privados. Aquí se necesita un decreto constitucional que emane de la Presidencia para poder obligar a los privados a construir líneas de cortafuegos. Y lamentablemente la Ley de Incendios, donde esto estaba contemplado, la oposición se opuso a la obligatoriedad de que los privados cumplan con esta tarea.
En materia preventiva, la construcción de líneas de cortafuegos es fundamental. En materia preventiva, el manejo de quebradas es fundamental. El contar con zonas de amortiguación o de amortiguamiento es fundamental. El contar con equipamiento para ataque temprano de incendios es fundamental. El tener grifos con agua es fundamental hoy día de manera preventiva. El que los materiales de construcción, por ejemplo, de las nuevas viviendas, sean materiales de construcción ignífugos, es decir, resistentes a las altas temperaturas emanadas de los incendios, también es un tema que a nuestro juicio nos parece que es fundamental. Por lo tanto, hay muchas lecciones que sacar en esta materia. Y creo que vamos a seguir aprendiendo de lo que ya nos ha ocurrido.
-El caso Fundaciones impactó negativamente en las aspiraciones de avanzar en la descentralización fiscal. ¿Cuál es su lectura respecto a la gestión de los recursos en el Gobierno Regional y los mecanismos de control?
-Sin duda que el caso Convenios impactó en el proceso de descentralización. Impactó porque también han habido actores de la política contingente que han intentado sacar provecho precisamente de esta situación. De hecho, la discusión presupuestaria estuvo atravesada por el caso Convenios y no fueron pocos los parlamentarios que se negaron a nuestros incrementos presupuestarios. Hay sectores de la derecha que plantearon, incluso, que el presupuesto de los gobiernos regionales debería ser equivalente a un peso, porque se intentó sacar ventajas. Y ventajas políticas también, porque no son pocos los políticos que nos representan en el Congreso que se sienten amenazados por las gobernadoras y los gobernadores regionales.
Ahora, evidentemente situaciones que se dieron en algunos gobiernos regionales tuvieron como respuesta medidas inmediatas para elevar los estándares de probidad, mediante la aprobación de iniciativas del Consejo Regional, la contratación de jefes de Unidades de Control, realización de auditorías externas, observaciones administrativas de la Contraloría que se incorporaron como metas de los convenios de desempeño, por ejemplo. Cada uno de los gobiernos regionales da cuenta efectivamente del compromiso con la transparencia, con la probidad.
Decir además que todos los programas que se ejecutaron a través de los gobiernos regionales estaban avalados precisamente por la Ley de Presupuesto del año 2023, que le permitía a los gobiernos regionales elaborar programas con fundaciones privadas sin fines de lucro, por tanto todo eso se encontraba contenido dentro de la Ley de Presupuesto.
En el caso particular y en mi condición de presidente de Agorechi, hemos dado una señal inequívoca a propósito de que el día 20 de marzo de este año, con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, concurrimos gran parte de las gobernadoras y los gobernadores regionales para firmar un convenio y un compromiso de trabajo permanente con la Contraloría. Esto en materia de sistemas informáticos de la Contraloría para el control de nuestras flotas vehiculares, para la mejora de nuestra gestión administrativa, y también un compromiso de capacitación de las trabajadoras y los trabajadores de los gobiernos regionales para hacer más eficiente el trabajo de gestión, administrativo y financiero. Todo esto da cuenta efectivamente de que nuestro compromiso con la transparencia y la probidad es un compromiso invariable.
-En el caso de ser reelecto, y con la experiencia adquirida en este primer periodo, ¿qué expectativas tiene para su siguiente administración?
-Bueno, fortalecer el desarrollo portuario, fortalecer el desarrollo del puerto terrestre más grande de América Latina. Somos una región donde el 70% de las exportaciones e importaciones pasa por los principales puertos del país que se encuentran anidados precisamente en la Región de Valparaíso. Pero queremos que el desarrollo portuario no se haga a expensas de la ciudad, sino que signifique tributarle a la ciudad. Y que este desarrollo portuario sea sustentable, sostenible, que respete el medio ambiente, que respete los cuerpos de agua, que les signifique también mejores condiciones de vida material y espiritual a nuestras comunidades, a nuestros territorios.
Por otro lado, hoy día tenemos el compromiso con la empresa Ferrocarriles del Estado de poder precisamente prolongar la línea férrea desde Llay-Llay hacia Los Andes, San Felipe a Los Andes. A propósito de que estamos financiando un estudio de base para determinar la oferta y la demanda de la prolongación de la línea férrea desde Llay-Llay hasta Los Andes y San Felipe. Y eso tiene que ver con conectividad, con mejorar las condiciones de transporte y de movilidad de nuestras comunidades, pero también tiene que ver con democracia. Estamos vivamente interesados en poder materializar el tren desde Valparaíso a Limache, de Limache a Calera, de Calera a Llay-Llay, Llay-Llay-Tiltil, Tiltil-Quinta Normal, como una forma precisamente de mejorar nuestras condiciones de transporte, movilidad y conectividad.
Pero, por cierto, también estamos muy interesados en mejorar nuestras condiciones del transporte, del traslado de pasajeros, de carga y de servicios al interior de nuestra región. Y por eso es que estamos empujando también el tema de la línea ferroviaria desde Llay-Llay hacia San Felipe y Los Andes.
Nos parece muy importante seguir trabajando en el ámbito del medio ambiente y de los recursos hídricos. Trabajar en dar certeza hídrica para el agua de consumo humano, que no nos falte también el agua para la producción de alimentos, que son nuestras prioridades. No tengo prerrogativas para cambiar el régimen privado de agua, pero seguiré insistiendo ante el Poder Legislativo sobre la necesidad de recuperar el agua como un bien común, como un derecho humano. Terminar con su privatización y mercantilización, va a ser también una de mis tareas políticas para seguir profundizando. Son cuestiones que hoy día son importantes de seguir trabajando, y mantener nuestro compromiso invariable con la salud y la vivienda como un derecho al alcance de todas y de todos.
-A modo de reflexión, ¿a su juicio hemos avanzado suficiente en el anhelo de descentralizar el poder en Chile?
-Los gobiernos regionales fueron creados a principios de la década del 90, los consejeros regionales fueron electos democráticamente a partir del año 2014. El año 2018 hubo una reforma que habilitó la posibilidad de elegir a las y los primeros gobernadores regionales de manera democrática, y esto ocurrió el año 2021. Sin embargo, el proceso de descentralización es un proceso muy a la chilena.
Es un proceso que no nos ha entregado las suficientes competencias y los suficientes recursos para poder profundizar la descentralización. Para poder profundizar la descentralización en lo político, donde persiste todavía la figura de la Delegación Regional Presidencial. En materia de descentralización administrativa, hoy día no contamos con Ley de Planta y nos pasa que regiones tan importantes como la Región de Valparaíso –sin menoscabar la importancia de los demás gobiernos regionales y de los demás territorios–, pero gobiernos regionales como Valparaíso cuentan solo con 170 trabajadores y trabajadoras para atender 38 municipios, 8 provincias y 2 territorios insulares. Por tanto, la descentralización administrativa sigue estando absolutamente pendiente.
En materia de descentralización fiscal, hoy día más del 90% de nuestros recursos proviene del erario nacional del Gobierno Central, por lo que la descentralización en lo fiscal sigue siendo un anhelo, y por eso es tan importante seguir empujando la Ley de Rentas, de manera tal que la explotación de los bienes naturales comunes, los tributos derivados de la explotación de los bienes naturales comunes, queden en nuestras regiones precisamente para profundizar la descentralización fiscal.
Ahora, sin duda que los gobernadores, por nuestra impronta de ser electos democráticamente, hemos ejercido prerrogativas que van más allá de las prerrogativas asignadas. Por tanto, trabajamos en materia de vivienda, sin tener competencia en materia de vivienda; trabajamos en materia de salud, sin tener competencia en materia de salud; trabajamos en temas de educación, sin tener competencia en materia de educación; trabajamos en seguridad, sin tener competencia en materia de seguridad; trabajamos en medio ambiente, sin competencias en materia de medio ambiente. Porque finalmente todas las situaciones que hablan de las asimetrías en nuestra región, de los distintos sectores, concurren a la autoridad electa democráticamente, concurren precisamente para pedirnos recursos, para que hagamos gestión política, para poder contar con mejores condiciones de vida material y espiritual en estos ámbitos.
A modo de reflexión, la descentralización sigue siendo un anhelo, sigue siendo un anhelo el cambiar la pirámide decisional desde Santiago hacia las regiones. Hoy día, cuando tenemos la capacidad, por ejemplo, de equipar las unidades neopediátricas y adultas en el Hospital Carlos Van Buren, cuando tenemos la capacidad de habilitar cámaras hiperbáricas, de financiar ambulancias, catres clínicos, sistemas de televigilancia aérea; cuando tenemos la capacidad de financiar pavimentaciones de arterias donde las personas llevan 50 años esperando, teniendo que lidiar con el polvo en verano y con el barro en el invierno, se da cuenta efectivamente de que hoy día estas decisiones se toman en la región.
Todas estas iniciativas se priorizan en la región y probablemente con intendentes designados del Gobierno Central, como ocurría antes, estas iniciativas probablemente poco le importaban, porque tenían que priorizar proyectos extractivistas que estaban digitados desde Santiago en contra y en desmedro de las comunidades. Por tanto, mi reflexión es que hoy día la descentralización les puede cambiar la vida a las personas y que la descentralización hoy día en Chile llegó para quedarse.