El abogado advierte que el debate sobre una eventual reforma al sistema no puede reducirse solo a la “fragmentación partidaria”. Si bien era un tema que contemplaba la propuesta de la Comisión Experta, señala que “abordaba los problemas políticos y constitucionales en términos más amplios”.
El debate sobre una eventual reforma al sistema político se ha vuelto a instalar en la agenda, a propósito de los últimos episodios en el Congreso Nacional, como la votación de censura a la Mesa de la Cámara y la ausencia de avances legislativos en materias que preocupan a la ciudadanía, como el pacto fiscal.
Hasta ahora, la discusión se ha centrado en un par de reformas acotadas que apuntan, principalmente, a abordar la fragmentación partidaria, como la implementación del umbral del 5% y las medidas “antidíscolos”. No obstante, voces expertas han advertido que los problemas del sistema político chileno no se agotan únicamente en el número de partidos, por lo que una mirada “reduccionista” no resuelve la falta de gobernabilidad y legitimidad del sistema.
Así lo explica el exintegrante de la Comisión Experta del último proceso constitucional, Flavio Quezada, quien advierte sobre los riesgos de rescatar parcialmente las propuestas del anteproyecto de Constitución, “puesto que el sistema político no se reduce a la relación entre los partidos y el Congreso. Es algo mucho más amplio”.
“Creo que este debate parte desde dos errores. En primer lugar, de tener una visión excesivamente estrecha de qué entender por sistema político. Y luego, también, un problema de diagnóstico. Los problemas del sistema político entendido en términos amplios, tal y como lo trata la literatura, no se agotan en un problema del guarismo, de cuántos partidos se cuentan o no en el Congreso Nacional”, indica.
Asimismo, agrega que el anteproyecto de la Comisión Experta, si bien abordaba los temas relativos a la fragmentación de los partidos y normas vinculadas a impulsar cierta disciplina partidaria, “iban en la dirección correcta, porque estaban en un contexto en el cual se hacían cargo de más problemas del sistema político. Se hacían cargo de problemas de legitimidad. La legitimidad de origen que tenemos en el texto actual, sigue estando ahí más o menos presente. Y de legitimidad del sistema a la hora que permitía que la ciudadanía pudiese participar más activamente de los asuntos públicos, reconociendo un amplio abanico de instrumentos de participación ciudadana”.
En ese sentido, para el abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Tarapacá, “el principal riesgo es decir que se está abordando un problema, cuando en la práctica no es así”. Por lo que comprender el sistema político en su complejidad implica observar “el problema de legitimidad, de gobernabilidad y de cohesión social”, puntualiza.
Respecto a la falta de gobernabilidad, Quezada destaca que la propuesta buscaba construir un sistema político más representativo. “Ahí se impulsaban medidas para incluir mujeres, incluir a otros grupos importantes de nuestra sociedad, que no han tenido la incidencia que debiesen tener para dotar de mayor legitimidad y gobernabilidad a nuestro sistema. Y también medidas de cohesión social. Había propuestas de la Comisión Experta respecto a los problemas de los derechos laborales, de los derechos sociales, etc.”, dice.
“Entonces, necesitamos adoptar medidas que permitan consensos básicos, que permitan fortalecer la cohesión social. Establecer mecanismos que permitan que los gobiernos puedan llevar adelante su programa y que puedan gobernar. Y que el sistema político todo, el sistema constitucional todo, sea percibido como legítimo, lo que no se agota en una pequeña reformita electoral. Es necesario adoptar ciertos consensos. Y por eso, es valioso recuperar el anteproyecto de la Comisión Experta, pero en su integridad, no escogiendo artículos o incisos ad hoc, sino en su integridad. Era un acuerdo que recogía todos estos elementos”, subraya.
