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Crédito: Agencia Uno
La indicación de la Cámara para eliminar la multa, en teoría, era un cambio al sistema político, ya que en términos prácticos “equivalía al regreso del voto voluntario”, por no tener castigo la abstención de concurrir a las urnas para las elecciones de octubre.
Un álgido debate agitó las aguas en el Congreso, después que ayer martes la mesa del Senado –que encabeza José García Ruminot, como segunda autoridad política del país, y el vicepresidente Matías Walker– recibiera con cierta sorpresa una particular indicación aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados 24 horas antes: la eliminación de la multa para los electores que no concurran a votar en las elecciones municipales, la cual ascendía hasta $200 mil.
La indicación de la Cámara, en teoría, era un cambio al sistema político, ya que en términos prácticos “equivalía al regreso del voto voluntario”, por no tener castigo la abstención de concurrir a las urnas para las elecciones municipales y de gobernadores de octubre.
En esa línea, el presidente del Senado no tenía dudas: el voto es constitucionalmente obligatorio. “Soy partidario de esperar lo que resuelva la comisión mixta que deberá dirimir las diferencias entre Cámara y Senado. Espero que tengamos elecciones con voto obligatorio, como lo establece nuestra Constitución Política”, señaló García Ruminot (RN) a El Mostrador.
El vicepresidente de la Cámara Alta, senador Matías Walker (Demócratas) fue un paso más allá y aseguró que se trataba de un ardid que respondía a intereses partidarios de la izquierda y un “burdo intento encubierto para reponer de manera oblicua el voto voluntario por un cálculo electoral”.
“Fue vergonzoso cómo los diputados oficialistas votaron en bloque por no establecer la multa en caso de no votación en octubre. Hay un aforismo jurídico que nos recuerda siempre que obligación sin sanción, no es obligación. Si no hay multa, el voto deja de ser obligatorio. (…) El Senado ha actuado con coherencia legislativa y de forma unánime rechazó ese cambio introducido por la Cámara. Esperamos que en la comisión mixta impere la coherencia legislativa (…), se restablezca la multa y el Gobierno ordene a sus parlamentarios, si de verdad creen en una sociedad de derechos y de deberes”, sentenció Walker.
Los principales detractores de la iniciativa de la Cámara de anular el cobro –aprobada por 84 votos– estaban en la oposición. Pero también en sectores del oficialismo. “El voto obligatorio será letra muerta si no está acompañado de multa. Aquí se trata de ser consecuentes y no abrir un forado que después será irreversible para evitar atajos que eludan el principio del voto comprometido con el destino del país”, sostiene el senador socialista Juan Luis Castro.
Fue el lunes por la tarde y ya en el hemiciclo cuando los socialistas Raúl Leiva y Leonardo Soto propusieron eliminar la multa, y a la idea se sumaron varios parlamentarios del Partido Comunista. Los motivos que se argumentaban eran dos: apostar por educación cívica para la ciudadanía sobre la importancia de la participación y que el cobro de hasta $200 mil era una cifra obscena.
“La participación de la ciudadanía en los procesos electorales es fundamental para el ejercicio y el fortalecimiento del sistema democrático, pero esta no se asegura con una multa. Hay que fortalecer la educación cívica y ciudadana en las escuelas y más publicidad e información electoral como política pública. El interés ciudadano por la política es proporcional al desempeño y credibilidad de la institucionalidad y para quienes forman parte del sistema político el desafío es superar esa desconfianza”, manifiesta la diputada Nathalie Castillo a El Mostrador.
El senador José Miguel Insulza coincide con la legisladora y agrega que el voto obligatorio sin multa se usa en varias partes del mundo. “Yo soy contrario a la multa, nadie es contrario a que el voto sea obligatorio, pero para eso se debe educar a la gente, incentivar la participación y la educación cívica antes que multar. Y para ser justos, las multas existieron siempre, pero nunca se cobraban en el periodo anterior”, reflexiona el senador.
El “cobro” no era el único foco controvertido. Según consideran representantes de la oposición y el Socialismo Democrático en ambas cámaras legislativas, si en la práctica no había un acto punitivo para quienes opten por no sufragar, las indicaciones para reducir el monto del reembolso en dinero por voto, de $1500 a $872, tenían muy poco sentido, porque habría menos votantes en los comicios.
Además, en el Senado reparaban en que, de haber menor participación de votantes, efectuar las elecciones municipales en dos días tampoco tenía sentido y resultaba más caro para el Estado.
Por ejemplo, para el senador Manuel José Ossandón (RN), la médula del proyecto de votar en dos días se sustentaba en “la cantidad de gente que tiene que ir a sufragar por el voto obligatorio”; mientras que observa que “si no hay sanción, es una elección de voto voluntario”, por lo que el debatido proyecto no tendría lógica.
“El único sentido de hacerlo en dos días sería gastar el doble de plata para que vote mucha menos gente. Entonces, si en la comisión mixta no se repone que exista una sanción para las personas que no vayan a votar, este proyecto no tiene sentido, no debe ser ley y sigamos votando como lo hemos hecho siempre.(…) Se presentó un proyecto de ley que se llama votación en dos días para que vaya a votar mucha más gente. Sin la multa, este proyecto y esta ley no deben existir”, subraya Ossandón.
Sobre la eventual rebaja de las multas, sostiene que “eso hay que discutirlo, pero claramente tiene que haber una sanción: es la base del voto obligatorio. Una de las cosas que han demostrado las últimas elecciones es que la democracia sólida es muy fuerte cuando va a votar mucha gente. Así que esta es una herramienta que usan en todo el mundo”.
La reforma para hacer la elección municipal y de gobernadores regionales de octubre en dos días pretendía ser una ley corta, pero la incorporación de indicaciones parlamentarias y del Ejecutivo, entramparon su trámite hasta enredar la tramitación.
En el primer trámite del Senado se aprobó la indicación, estableciendo un alza de la multa hasta los 200 mil pesos, sin embargo, en el segundo trámite, en la Cámara Baja, el artículo transitorio fue rechazado por no conseguir el quórum requerido de 78 votos, para no apoyar el castigo por no votar.
Sectores del Partido Socialista y del Partido Comunista argumentaban que la multa era excesiva, sin embargo, desde la oposición se señala que un voto obligatorio, sin multa, favorece electoralmente a los sectores de izquierda, quienes estuvieron principalmente por derrumbar esa norma.
“Creo que la multa era totalmente no proporcional a la gravedad de la falta, de seguro esto se arreglará en la comisión mixta, y que ahí haya una multa que sea acorde a lo que estamos sancionando y al ingreso de la mayoría de los chilenos”, asegura el diputado socialista Tomás de Rementería.
